El pasado viernes un equipo de fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la provincia paralizó un desmonte que se estaba realizando en la cima del cerro 20 de Febrero, que bordea la ciudad de Salta, por operarios contratados por un familia que posee un título de propiedad en una de sus laderas pero que reclama ser también propietaria de una parcela en donde se emplazan muchas antenas y repetidoras de radio, televisión y telefonía.

Hace un mes la familia Ragone viene intimando a quienes tienen allí sus equipos de comunicación, solicitándoles que se retiren del perímetro asignado por el Estado a través de la Secretaría de Tierra y Bienes, o que comiencen a pagarles un canon de alquiler por el supuesto uso de sus tierras.

Los empresarios de medios se niegan a hacerlo bajo el argumento de que no fue caprichosa la elección del lugar, sino que fue el mismo Estado quien se los asignó a través de un comodato. Solo el gobierno provincial es propietario de ese terreno ubicado en la punta del cerro, y lo cede para que se puedan retransmitir con mejor calidad las señales de aire por todo el valle.

Desde Inmuebles de la provincia, su titular, Luis Cornejo, confirmó a Salta/12 que la matrícula 182.524, pegada a la 2.451, donde se ubican las antenas, pertenece a la familia Ragone, que posee toda una ladera del cerro que da al Sporting Club, ubicado en el exclusivo barrio de Tres Cerritos desde 1947. Sin embargo, las firmas que fueron emplazadas, no solo tienen en su poder el comodato que entregó la provincia, sino que dicen que sin ese permiso, no podrían haber solicitado medidores de luz a la empresa EDESA.

El 8 de febrero, este medio visitó la zona en cuestión, a la que se accede a través de un camino de tierra en el ascenso al cerro San Bernardo. Allí se ve con claridad que todas las casillas propiedad de distintas empresas de medios de comunicación tienen su propio medidor de electricidad y si bien por la sobredemanda fueron bajando sobre la ladera, se hace muy difícil detectar que se esté utilizando el terreno privado, debido, entre otras cosas, a que allí hay un barranco que hace de barrera natural.

Además, existía un alambrado perimetral en la matrícula 182.524, de propiedad de los Ragone, y que divide claramente el catastro privado del que es de uso del estado. La representante legal de la familia, al ser preguntada por esa delimitación, se limitó a contestar que un alambrado no significa “que sea el límite de la propiedad”, aunque no quiso dar detalles de quién lo puso allí, en qué momento ni por qué.

Sin embargo, días después un grupo de operarios comenzó a realizar trabajos de desmalezado y desmonte, y a quitar esos alambrados, lo que alertó a quienes tienen sus antenas, que rápidamente denunciaron la situación a la policía. El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, fue a constatar lo que estaba sucediendo y minutos más tarde lo hizo un equipo de fiscalización de la Secretaría de Ambiente, que tras la inspección dispuso la paralización de los trabajos por no contar con ningún permiso.

“Se paralizó por el principio precautorio dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7070 (de protección del Ambiente de la provincia)”, dijo a Salta/12 Normando Zúñiga, subsecretario de la Secretaría de Ambiente. Agregó que esa zona está pintada en rojo (que no debe desmontarse) en el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques y además la cota que señala el límite de construcciones tampoco permite realizar ningún tipo de desmontes.

El funcionario aclaró que esperan que en los próximos días se acerquen los titulares del catastro para dar sus argumentos sobre los trabajos que se realizaban y de esa manera analizar la situación, pero hasta tanto eso no suceda no podrán continuar.

Otro de los involucrados es el titular de Tierra y Bienes, Estaban Carral, quien también se acercó a la zona y constató que estaban quitando el alambrado y ya se había desmontado “una parcela de unos 3 metros de ancho por 20 de largo sin autorización”, indicó, y sumó que es justo en una zona de barranco, lo que puede provocar daños ambientales por desmoronamiento.

Carral se mostró preocupado con lo que está sucediendo en ese cerro y aseguró que están estudiándolo con sus equipos de topógrafos y abogados. Pero explicó que debido a la radiación que emiten las antenas, se dificulta el uso del GPS satelital, por lo que tienen que tomar las medidas manualmente y no será un trabajo rápido por las complicaciones que presenta el terreno “en bajada y con mucha vegetación”.

El Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, también estuvo al tanto de lo sucedido y se puso en contacto con las autoridades provinciales para colaborar. Pérez Alsina dijo que le llama mucho la atención “cómo alguien llega a obtener esas tierras” y hacerse de un cerro. Y añadió que se debe investigar a fondo el origen de esa propiedad privada y en su caso estudiar su expropiación para proteger el ambiente, “el cerro es intocable”, sostuvo.