Bettina Romero abrirá hoy a las 9 el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, ocasión en la que, como es habitual, ofrecerá a los ediles y la ciudadanía un informe sobre las principales acciones de gobierno y hará conocer la planificación del Ejecutivo Municipal para este año.
La intendenta tendrá para su discurso un contexto atípico, sin público, más que el imprescindible en el recinto, compuesto por concejales, secretarios del Ejecutivo, probablemente el vicegobernador, aunque el gobernador también está invitado.
El ambiente general que impera en la sociedad por el estado de excepción que desde hace casi un año rige la vida de las naciones y por ende, de los municipios, con pérdida de vidas y la economía severamente afectada por la pandemia de la covid-19, no es muy propicio para indicar fracasos, anunciar éxitos y esperar reconocimientos.
Tampoco es esperable que los concejales, casi todos alineados con la figura del gobernador Gustavo Sáenz y distanciados de la intendenta, aplaudan intensamente lo anuncios.
Quizás, en la carpa para la prensa dispuesta afuera con dos pantallas gigantes, puedan reunirse también militantes del “Bettinismo” puro que quieran demostrar su afecto.
Por eso, en principio, el escenario difiere de lo que sucede usualmente cada primero de marzo en un recinto legislativo municipal, que resulta escaso y termina abigarrado e incómodo para albergar tanto protocolo y en cuya bandeja superior, también estrecha, se concentran eventualmente apoyos y rechazos, aplausos y silencios, acompañando la cadencia expositiva que impone pausas para percibir reacciones.
Es prácticamente un hecho que la intendenta se enfocará en describir el impacto de la pandemia y sus restricciones en la gestión municipal, la forma en que se reasignaron recursos, cómo se redefinieron prioridades, entre ellas la creación del programa Unidos que distribuyó alimentos en varios barrios y el esquema de incentivos fiscales para el comercio.
En ese marco exhibirá seguramente los números referidos a la evolución de los recursos de coparticipación nacional y provincial, la recaudación propia y el esfuerzo que se debió hacer para abonar los sueldos, acordar aumentos salariales con incremento del 31% anual y mantener durante gran parte del año pasado un mínimo de obra pública con bacheo, cordón cuneta y nivelado.
La obra pública fuerte apareció junto con las gestiones por las cuales el gobierno nacional aportó hacia fines del año pasado $101 millones y otros $400 millones por distintos planes, con parte de los cuales está prevista la construcción de un nuevo puente sobre el río Arenales, al final de la calle Ayacucho, para mejorar la fluidez del tránsito sur-norte.
En materia de obras, la duda es si la intendenta aprovechará el espacio institucional más relevante que le tiene reservada su función, para insistir con la molestia que le generó y le produce aun, el hecho de que el gobierno provincial no haya incluido en su presupuesto para este año, fondos para financiar obras de estricta índole municipal en la capital, como sucedió con anteriores gestiones.
Su última queja al respecto fue el miércoles pasado, ante los concejales que fueron a visitarla en el Centro Cívico Municipal para coordinar la agenda legislativa de este año, planteo que generó algunas molestias y por lo que se sabe, terminó desenfocando el motivo de la reunión.
Aunque con el paso de los días el tema se enfrió y al menos hasta ahora no se produjo la tan anunciada inauguración, seguramente habrá una mención a las ciclovías, que desde este lunes, en algunos de sus tramos céntricos, comenzaran una delicada convivencia con el sistema Sube y Baja que regula la llegada y salida de autos particulares y vehículos de transporte escolar en las escuelas.
Este año debería iniciarse la segunda etapa de la red de ciclovías para mejorar la conexión con los barrios y la ejecución de trabajos de recuperación de la bici senda y ciclovía sobre la avenida del Bicentenario.
Es un enigma si la intendenta mencionará las vicisitudes de la licitación y posterior adjudicación del nuevo contrato del servicio de higiene urbana de la ciudad
Ese contrato se adjudicó en octubre del año pasado, algunas de sus prestaciones están demoradas y otras requieren de una intensa campaña previa de la que todavía no se sabe nada, como por ejemplo la recolección selectiva en todos los barrios.
El descacharrado, la recolección de micro basurales y el levantamiento de vehículos abandonados en la vía pública, que se acentuó desde enero a la fecha tras el convenio firmado con la empresa Metalnor, son ítems que la Municipalidad puede anotarse a favor.
Si prospera el borrador de la agenda legislativa que el Ejecutivo esbozó el miércoles pasado con los concejales cabría esperar anuncios de una próxima moratoria para el comercio, proyecto para avanzar en un Código de Convivencia (que ya se anunció en el discurso del 1 marzo de 2020 y del existe iniciativa en el Concejo Deliberante), la revisión obligatoria para motocicletas, la revisión de las donaciones con cargo que hizo la Municipalidad, un Código para el Área Centro, un régimen simplificado para la percepción de la TISSH (Tasa de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene) y la regulación del Paseo Güemes.
