Entre líneas, la ponencia de Alberto Fernández les hizo guiños y críticas a diferentes sectores del poder económico. Expresiones que prefiguran, por un lado, el modelo productivo que el Presidente pretende priorizar; y, por el otro, las batallas contra algunos frentes concretos. En todo el discurso, hubo 14 menciones a la industria, desde diferentes enfoques: la producción industrial, los proyectos de cannabis medicinal, el fomento a la actividad hidrocarburífera y hasta el agregado de valor agropecuario. También hubo señales concretas, vía proyectos de ley de fomento, a las producciones de autos y electromovilidad, la fabricación de vehículos sustentables. En la otra esquina, cuestionamientos directos a dos sectores, como el de los empresarios de las telecomunicaciones y las empresas que prestan servicios públicos de gas y electricidad.
Esas citas tienen rostro. El Presidente habló de que “la industria tiene una recuperación notable” y la elogió como “fuertemente multiplicadora de la actividad económica”. Desde el inicio de su campaña presidencial, Fernández se apoyó en esos sectores, los más abandonados por la gestión Cambiemos, para construir su modelo. Y armó un gabinete con ministros (el caso más fuerte es el de Matías Kulfas) y secretarios del riñón fabril. Ya en el poder, tomó al presidente de la Unión Industrial (UIA), Miguel Acevedo, como interlocutor con sectores de poder y hombre constante en su mesa de debate con el poder económico. En esta línea, buena parte de la información que se volcó en el Congreso partió de diferentes ministerios económicos, entre ellos, Desarrollo Productivo.
Si el modelo económico se midiera en pilares, la industria sería el primero; el segundo, la construcción. En su texto, Fernández señaló que “la Obra Pública ha sido prioritaria y lo será más aún en 2021. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70 por ciento de las obras paralizadas. Reactivamos 270 obras públicas sin favoritismos ni exclusiones porque creemos en la Argentina Unida”. Y agregó que “estas obras pueden observarse y controlarse en la web porque llevamos adelante una gestión de cara a la gente y abierta a la participación ciudadana”.
El Presidente tiene sentado en su mesa, casi desde el inicio, a Iván Szcech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). No es casual: la actividad ladrillera es la que más rápido se movió y ya creció más de 25 por ciento interanual en diciembre. Esas mejoras se verán rápido en el empleo, dado que el sector es el que con mayor velocidad contrata. En la construcción y la industria, el Gobierno tiene garantizado el rebote económico, que debería consolidarse con un consumo que reacciona, pero aún a bajo nivel. "Además -apuntó el presidente- la industria ya recuperó todos los empleos perdidos durante la pandemia y estamos por encima de 2019, por eso la recaudación comenzó a mejorar en los últimos 5 meses".
La única mención con nombre propio a un sector empresario tiene un fuerte significado: “hemos trabajado durante el 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino en iniciativas destinadas a fortalecer la inversión para agregar valor, aumentar la producción y las exportaciones. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado”, apuntó el Presidente.
El CAA reúne a los exportadores de cereales de CIARA CEC, economías regionales, la UIA, las bolsas de cereales de todo el país y tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Coninagro, CRA y Federación Agraria). Con un articulado de un campo negociador, el Consejo le resolvió al Gobierno la interlocución con un sector espinoso para el peronismo, aisló al campo primario que va a la protesta y articuló políticas que les sirvieron a ambos. El acuerdo más significativo fue el pacto para desacoplar el precio del aceite local de los valores internacionales de las materias primas.
Para los empresarios del petróleo también hubo guiños. El Gobierno envió una ley de fomento hidrocarburífero que se impone la recuperación del autoabastecimiento energético con grandes inversiones en Vaca Muerta. Un plan que el Ejecutivo ya venía charlando con las petroleras. Y lo mismo ocurrió con las grandes fábricas de autos. Allí, Fernández tiene nexos fuertes y un gran interlocutor: Daniel Herrero, el ceo de Toyota, uno de los que comparten diálogo constante. Para los productos de autos, también se fomentará la Electromovilidad, una ley que busca captar 5000 millones de dólares en inversiones para la producción de litio y baterías de esos vehículos.
Las relaciones más duras
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno marcó una línea concreta: para los que quieren negociar política y medidas, habrá posibilidades. Para aquellos que buscan una contienda externa, será más complejo. Se vio en su discurso, en el que Fernández cuestionó a dos rubros específicos como el de las telecomunicaciones y los prestadores de servicios públicos esenciales.
“Entre 2016 y 2019 el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos. Las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”, disparó el mandatario. Y pasó cifras de cómo hubiesen quedado las tarifas si siguieran con el esquema de aumentos programados por Macri.
El sector, sobre todo de las distribuidoras de luz y gas, vivió en la era Cambiemos la liberalización de tarifas tan reclamada tras los congelamientos de Cristina Fernández. Subas de más de 2000 por ciento que impactaron de lleno en el gasto de los hogares. El Gobierno quiere actualizar tarifas pero evitar el golpe al bolsillo que resienta la recuperación. Y fuentes oficiales confirman que no gustaron lobbys públicos como el de la Asociación de Distribuidores Eléctricos (Adeera), que salió a advertir posibles problemas en la prestación si no hay actualizaciones adecuadas a sus pedidos.
El otro choque en el discurso fue con las empresas de telecomunicaciones. “No voy a permitir que el negocio de unos pocos sea a costas de postergar a millones de argentinos. Nunca debemos permitir que eso ocurra”, expresó. Y ponderó la decisión de regular, a través de Enacom, los aumentos tarifarios de telecomunicaciones e Internet previa autorización oficial basada en mayores costos. Con el rubro, monopolizado por el Grupo Clarín, hay tensiones fuertes por esta intervención estatal y esas firmas no parecen aflojar la cuerda.
