“La seguridad es un derecho democrático” y en ese camino “el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarlo”. La frase abrió el análisis que el presidente Alberto Fernández hizo ante la Asamblea Legislativa sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, aseguró que los funcionarios de su gobierno han sido “inflexibles ante los casos de violencia institucional y hemos devuelto a las fuerzas federales al paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia”.

El primer mandatario sostuvo que le han “devuelto al Estado nacional su función primordial en la investigación criminal como respuesta ante el delito complejo y como política de prevención”. En ese sentido destacó que “las grandes organizaciones criminales terminan resquebrajando el tejido social”. Por eso señaló la necesidad de “perseguir con firmeza al crimen organizado” porque es “la mejor forma de atacar la inseguridad que sufre la población”.

El Presidente dijo que esas políticas “han dado resultados significativos” porque se detectaron y redujeron “delitos que causan daños directos en la economía, a través de su impacto en la alimentación, la producción, la exportación y la importación”.

Sobre la política de drogas, aseguró que se priorizó “la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no (…) la persecución del consumo” que fue uno de los ejes de las políticas desarrolladas por el ex presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Precisó que con ese cambio de paradigma, se ha logrado ahora un incremento “del 40 por ciento en el decomiso de marihuana”, respecto de las cifras alcanzadas en 2019.

Hizo mención al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad que sumó Fuerzas Federales en Buenos Aires, además de una inversión de “tres mil millones millones de pesos” “en el trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe en la prevención y reducción del delito”.

Advirtió que los planes de seguridad “resultan impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron las y los trabajadores de las fuerzas federales”. Por eso “decidí revertir la deuda salarial histórica de esas fuerzas”. A eso se sumó la inversión “material y humana en la reparación y compra de herramientas de trabajo modernas, en la puesta en valor de lo recuperable y en el trabajo para el bienestar y protección de las y los trabajadores de la seguridad”.

En ese punto, sostuvo que fueron “inflexibles ante los casos de violencia institucional” ocurridos durante su gestión, a la vez que “hemos devuelto a las fuerzas federales al paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia”.

Dijo que silguen trabajando “para una seguridad democrática y moderna” donde “las fuerzas federales tienen funciones muy claras”. En ese sentido, puntualizó que “no serán utilizadas para carreras políticas ni para espectáculos mediáticos”. Subrayó que “las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial” y “no son juezas de la sociedad”.