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Desde Santa Fe
Como lo adelantó Rosario/12 en la edición de ayer, el Ministerio Público de la Acusación denunció ayer que la comisión que creó el Senado el jueves último para investigar a fiscales –entre ellos los que investigan al senador Armando Traferri- es “ilegal” e “inconstitucional” y advirtió que si se pone en marcha, los senadores que la integren podrían incurrir en “ejercicio ilegítimo de la función pública” y ser acusados por supuestos delitos de “usurpación de autoridad”, “abuso de autoridad” e “incumplimientos de deberes”. El pronunciamiento se conoció tras una “reunión extraordinaria” de la Junta de Fiscales que integran el fiscal provincial Jorge Baclini y sus colegas regionales, quienes coincidieron que la decisión de la Cámara tiene una “gravedad institucional inusitada” y es “una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso”. La causa que desvela es la que impulsan los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que pidieron el desafuero de Traferri para imputarlo como presunto “organizador” de una “organización criminal” en la que ya están presos los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. El operativo del Senado “es un avasallamiento, no sólo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto y lejos está de encuadrarse en el sistema de pesos y contrapesos que debe existir entre los poderes del Estado”, planteó.
El jueves, el Senado sacó dos resoluciones que no tienen antecedentes en Santa Fe: 1) Le pidió al Poder Judicial que archive la investigación a Traferri y encomendó a la vicegobernadora –que integra el Poder Ejecutivo- que “haga saber” a su ex colega, el juez Carlos Leiva, que al rechazarse el desafuero de Traferri, “no puede avanzar en el proceso judicial” contra el legislador. 2) Aprobó “una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación” del MPA –según la llamó el autor del proyecto, Rubén Pirola- que presidirá el jefe del bloque del Frente Progresista Felipe Michlig y también integrará el propio Traferri. La comisión salió con 12 votos, de los mismos que rechazaron el desafuero: seis del peronismo (Traferri, Pirola, Guillermo Cornaglia, Raúl Gramajo, José Baucero y Osvaldo Sosa) y seis de la UCR (Michlig, Lisandro Enrico, Rodrigo Borla, Germán Giacomino, Orfilio Marcón y Leonardo Diana). Los senadores alineados con la Casa Gris (Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Marcos Castelló y Marcelo Lewandowski) votaron en contra.
Inmediatamente, el Colegio de Magistrados de la provincia consideró la comisión Traferri como una avanzada sobre “la esfera del Poder Judicial en su cometido de investigar y juzgar delitos y aplicar la ley” y alertó ante “eventuales interferencias o intromisiones” en causas judiciales. “El ejercicio de la persecución penal en nombre del Estado le corresponde al MPA, de manera objetiva, autónoma e independiente, con estricto apego a la ley como corresponde en un estado de derecho”, explicó el Colegio de jueces.
En la misma línea se pronunciaron las asociaciones de fiscales. La de Rosario remarcó que la comisión del Senado era “una intromisión lisa y llana al MPA y al Poder Judicial” que podría “implicar la comisión de delitos penales”. Y la de Santa Fe coincidió que “nuevamente” el Senado “recurre a comportamientos institucionales impropios e ilegales que erosionan principios elementales de la República y la democracia”. Es “la búsqueda recurrente de ciertos integrantes de un poder del Estado de estar por encima de las instituciones y la ley”, interpretó.
Ayer, el MPA insistió que el operativo el Senado “denota una gravedad institucional inusitada” y lo consideró “una clara intromisión en las investigaciones penales en curso”. “Es un avasallamiento no sólo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto y lejos está de encuadrarse en el sistema de pesos y contrapesos que debe existir entre los poderes del Estado”. “Está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal y contradice los artículos 5; 6 y 29 de la Constitución Nacional y los artículos 1; 2; 9 y 46 de la Constitución Provincial”.
La comisión Traferri “fue aprobada” por el Senado en “forma irreflexiva”, a sólo 24 horas de que Pirola presentara el proyecto. “Se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas sobre diversas investigaciones judiciales” del MPA. Y “contrariamente a lo que alegan los legisladores, el desarrollo de las investigaciones penales referidas demuestra el correcto y eficaz funcionamiento del organismo en su función de persecución penal”, dice el documento. “Fue el propio MPA mediante sus investigaciones penales y administrativas” el que “transparentó y avanzó con los casos de gravedad institucional” conocidos, agregó.
El MPA advirtió al Senado que si la comisión se pone en marcha, los senadores que la integren podrían incurrir “en el ejercicio ilegítimo de la función pública” y ser acusados por los supuestos delitos de “usurpación de autoridad”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Y adelantó que la denuncia será notificada “al gobernador Omar Perotti, a los jueces de Corte Suprema de la Nación y de Santa Fe, a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; al Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores de la República Argentina; a las asociaciones de fiscales del MPA; al Colegio de Magistrados de la provincia y a las universidades nacionales del Litoral y de Rosario”.
