El abogado de Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un escrito reclamando que la audiencia del jueves en el expediente conocido como dólar futuro sea presencial y pública. Carlos Alberto Beraldi le dijo a los jueces que su clienta y el gobernador Axel Kicillof quieren ir a Comodoro Py y realizar su propia defensa. Además, reclaman hacerlo de manera pública, o sea que la audiencia sea difundida por los medios de comunicación que así lo quieran. La Sala I de la Cámara de Casación, por ahora, no aceptó ni siquiera los pedidos de acreditación que le hicieron llegar los distintos medios y todo indica que se basarán en razones epidemiológicas para rechazar el pedido de presencialidad. Pero es casi seguro que al final aceptarán la transmisión a través de los medios.
Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deben resolver el pedido presentado por Beraldi. La Sala I envió el viernes pasado un instructivo en el que se adelanta una restricción total: “queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia”. Se trata de una acordada de mayo de 2020.
Sin embargo, Beraldi le señaló a los magistrados que en el mismo edificio de Comodoro Py se hacen audiencias presenciales, como por ejemplo en la causa conocida como Vialidad u obra pública de Santa Cruz. En las audiencias están presentes los jueces y todos sus colaboradores. Además, el letrado sostiene que la metodología del zoom debe tener la conformidad de las partes y que de no aceptarse que Cristina participe de manera presencial y que la audiencia sea pública, la parte de la vicepresidenta no intervendrá. Tanto Fernández como Kicillof quieren hablar ellos mismos ante los jueces, pero sobre todo que la ciudadanía conozca sus posturas.
La audiencia es de máxima importancia porque en la causa dólar futuro se concretó una pericia, realizada por especialistas de la Corte Suprema, que determinó que no hubo ningun perjuicio para el Estado, que la política de dólar futuro se aplicó en numerosos países, que evitó una corrida cambiaria y que, en cambio, permitió evitar una caida en las reservas del Banco Central. La firma de la pericia fue unánime y sobre esa base los imputados -CFK, Kicillof, los directores y elextitular del Central, Alejandro Vanoli- pidieron que se cierre la causa por inexistencia de delito. El fiscal Diego Velasco insiste en que el juicio debe hacerse igual y ahora los camaristas de Casación tienen la última palabra.
Por los trascendidos, la Sala I mantendrá su postura. Los jueces dirán que se acogen a las acordadas de la Corte Suprema y a resoluciones de la Cámara de Casación. Afirman que hubo otros pedidos de presencialidad pero que eso implica exponer a los jueces, empleados y funcionarios, y a sus familias, ya que ninguno está vacunado.
Tal vez una solución salomónica esté en que la audiencia se realice de forma remota pero que pueda ser transmitida por los medios que lo deseen. Con ello por lo menos se preservará el derecho de la ciudadanía a conocer el contenido de la audiencia. Beraldi señaló en su escrito: “es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consisten los conflictos que se someten ante los Tribunales, cuáles son los argumentos que presentan las partes y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces”. Es altamente posible que Figueroa, Petrone y Barroetaveña acepten esta alternativa: no presencial, pero sí abierta a los medios.