El Tribunal Oral Federal número 5 de Ciudad de Buenos Aires inauguró esta mañana el juicio por el caso Chavanne-Siderúrgicas Grassi, otra oportunidad que enfrenta la Justicia para revisar la persecución política con fines económicos desarrollada por los represores de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Juan Alfredo Etchebarne, quien fue titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el Golpe de Estado y uno de los referentes civiles del régimen, y el exagente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, serán juzgados por el secuestro de 28 personas, entre directivos de ambas empresas, abogados y familiares. El debate oral sufrió una decena de postergaciones, demoras durante las que fallecieron otros dos acusados.
Daniel Rafecas desarrolló la instrucción de la causa. El juicio por el caso Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi expondrá cómo fue la persecución que llevaron adelante civiles y militares contra ciertos grupos empresarios durante la última dictadura que tuvieron la intención de atacar a las agrupaciones militantes que resistían el terrorismo de Estado, pero también para hacer negocios y acumular poder económico.
El expediente en el que fueron investigados, imputados y procesados Etchebarne y Guglielminetti --y también el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, que fallecieron en 2014 y 2018 respectivamente-- desmenuza cómo la dictadura, a través de cómplices civiles y la intervención estelar de la Comisión Nacional de Valores, se quedó con empresas previa persecución y secuestro de sus legítimos dueños: en este caso, el despojo del Banco de Hurlingham de quienes lo habían adquirido, las empresas Chavanne y Grassi.
"Este es un juicio fundamental porque muestra con claridad la trama cívico-militar de la última dictadura", destacó el secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Pietragalla. A 45 años del último golpe de Estado que sufrió el país "es imprescindible que se juzgue la responsabilidad de civiles que desde puestos claves en términos económicos y políticos tuvieron participación en delitos de lesa humanidad. Es un compromiso del Estado avanzar en esa línea", añadió.
A través de una asociación, las empresas Chavanne y Grassi compraron en 1978 el Banco de Hurlingham, de la familia Graiver, presunto reservorio del dinero que Montoneros habìa cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma Bunge & Born.
Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham” que desarrolló “una clara persecución a grupos económicos determinados”.
¿Cómo se llevó a cabo? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, glosó a través de un comunicado, que en su rol de titular de la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica” por sus vínculos con la familia Graiver. A los pocos días comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó entonces un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.
Para Rafecas, había un “interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”. Así lo aseguró en su auto de elevación a juicio, que comenzó a ser leída en el marco del debate esta mañana.
Etchebarne dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central. El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974 y desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.
Corría septiembre de 1978. Grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne. Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.
En su mayoría, fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en Cárcel de Encausados Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados. Los testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como abogados y contadores de la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de Tareas. A principios de 1979, la mayoría fueron liberados. A excepción de Juan Claudio Chavanne, quien como el resto fue puesto a disposición del PEN, pero mantenido detenido hasta 1981.
