Desde Santa Fe

El fiscal general Jorge Baclini acusó ayer al Senado de ejercer una “presión doble” en la investigación al senador Armando Traferri. A su juicio, el operativo “genera un condicionamiento” a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que investigan al legislador y “expone” al juez Carlos Leiva, a quien la Cámara “le hizo saber que no puede avanzar en el proceso judicial” contra Traferri y debería archivar la causa. “Es un hecho que tiene una gravedad institucional inusitada. La verdad es que hay cosas que uno nunca pensó que iban a ocurrir en la provincia”, dijo el jefe del Ministerio Público de la Acusación en una conferencia de prensa que compartió con los cinco fiscales regionales, entre ellos su colega de Rosario, María Eugenia Iribarren y la auditora del MPA María Cecilia Vranicich.

Baclini amplió la denuncia por las dos resoluciones que el Senado aprobó el jueves que afectan la “independencia y autonomía” del MPA, aunque ayer también interpretó a una de ellas como una “amenaza”. La primera minuta de la Cámara fue “hacerle saber” al juez Leiva que al rechazarse el desafuero a Traferri ya “no puede avanzarse en el proceso judicial” contra el legislador y facultó a la presidencia del Senado para que “con el patrocinio legal que designe, proceda a interponer ante el Juzgado la resolución a fin de ser tenida como parte en el proceso”. La segunda crea una comisión para investigar a fiscales –entre ellos los que investigan a Traferri-. “Esto es una afectación de la independencia y la autonomía del MPA”, planteó Baclini. “Uno tiene que estar alerta ante situaciones que significan una amenaza y esta resolución (que crea la comisión investigadora) es una amenaza. De hecho, no sólo el MPA salió a contestar, sino que también lo hicieron” el Colegio de Magistrados de la provincia y las asociaciones de fiscales de Rosario y Santa Fe.

Según Baclini, la resolución del Senado que “le hace saber” al juez Leiva que “no puede avanzarse en el proceso judicial contra Traferri” y debería cerrar la causa “tiene una gravedad institucional inusitada. La verdad es que hay cosas que uno nunca pensó que iban a ocurrir en la provincia. Lo veo muy crítico”, dijo. “Y esto viene con la firma de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, lo que me parece sumamente crítico”.

“El Senado se pone en defensa de uno de sus integrantes en una causa judicial”, cuando “a quien le corresponde hacer esa defensa y articular sus derechos es al propio involucrado”, que es Traferri. “El dictado de esa resolución (de la Cámara) afecta la independencia del Poder Judicial y la libertad de decisión del juez (Leiva), que puede sentir una presión. Una presión que en ese caso puede ser doble porque la resolución la suscribe la vicegobernadora que es parte del Poder Ejecutivo y también el Senado. Entonces, allí puede haber una presión doble. Más, cuando uno tiene claro que la potestad disciplinaria de los fiscales la tiene la Cámara. Esto genera un condicionamiento de los fiscales (Schiappa Pietra y Edery) y una exposición del juez (Leiva) que debería ser revisada puntualmente”, agregó Baclini.

-¿Lo que el Senado votó el jueves es el pedido de archivo de la causa?

-Específicamente dice que no se puede avanzar con una investigación (a Traferri). Y cita el artículo 29 del Código Procesal Penal, que es el archivo de la causa.

-¿No corresponde pedir eso, ni a Rodenas ni al Senado?

-No corresponde como cuerpo. En las investigaciones penales lo que corresponde es que cada uno ejerza su defensa, como hace cualquier ciudadano. Es como si yo tengo una persecución penal en mi contra y llamo a todo el Ministerio Público para que me defienda. En la investigación judicial es obvio que la defensa la tiene que articular el propio involucrado (Traferri) y no la Cámara en pleno. En esto consideramos que hay una afectación de la independencia –explicó Baclini.

-¿Hay algún sector que no puede o no deber ser investigado?

-No, en absoluto. Nuestros actos demuestran que todos podemos ser investigados. Todos somos iguales ante la ley. Está muy mal que alguien no quiera ser juzgado. Lo vemos a nivel nacional, donde hasta una ex presidenta aceptó y fue sometida a proceso. Haríamos muy mal en Santa Fe si sostenemos esto, que nos parece una situación de privilegio. Los privilegios personales cesaron en el país hace muchísimo tiempo”, contestó Baclini. Y si un investigado cree que “el MPA no tiene las evidencias que se mencionan, lo más práctico y sencillo” es presentarse ante la justicia. 

-¿Es muy difícil investigar a ciertas personas en Santa Fe?

-El derecho de defensa tiene posibilidades de articularse y cada uno lo articula desde la perspectiva que considera más conveniente. Lo que no es natural es la intervención del Senado en una investigación judicial. Eso es lo que alertamos. Las defensas son plenamente válidas, lo que no es correcto es esta forma de actuar: la injerencia en una causa judicial de todo el cuerpo (parlamentario). Esa es una defensa corporativa –cerró Baclini.