Hace cinco años Honduras perdía a una de sus incansables líderes, Berta Cáceres. Cerca de la medianoche del dos de marzo de 2016 la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, ubicada a unos 100 kilómetros de la capital. Desde entonces el país ha sido testigo de la trama de impunidad que rodea los intentos de justicia para condenar a los culpables -materiales e intelectuales- del asesinato de Cáceres. En el mundo, Berta ya es un símbolo de lucha y para conmemorarla el Copinh organizó un tuitazo así como un recital virtual en el que participarán artistas de siete países.
“El estado ha venido privilegiando el derecho de las empresas y las industrias extractivistas. Incluso cuando ha quedado claro que la empresa que se ha apoderado del río Gualcarque está involucrada en el asesinato de Berta”, afirmó Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) del pueblo Garífuna en diálogo con Página/12. Berta y las más de 200 comunidades organizadas en el Copinh resistían el saqueo a los recursos naturales de sus territorios. El golpe de Estado de 2009 fue el escenario de ruptura institucional que necesitaban los grupos de poder en Honduras. Durante las tres últimas administraciones del Partido Nacional (Porfirio Lobo de 2010 a 2013 y Juan Orlando Hernández desde 2014 hasta la actualidad), el gobierno otorgó numerosas concesiones para proyectos mineros e hidroeléctricos. En ninguno de los casos hubo consulta libre, previa e informada como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Derecho a la consulta para los pueblos indígenas.
Una de las concesiones realizadas fue para la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en el río Gualcarque en la comunidad Río Blanco. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Honduras proporcionar medidas de protección para Cáceres, la administración del actual presidente Juan H. Hernández hizo todo lo contrario.Berta Cáceres fue acusada por usurpación de tierras y por causar pérdidas a la hidroeléctrica DESA en 2013. La causa finalmente fue sobreseída en 2014. Mientras en Honduras la perseguían, internacionalmente la figura de Berta era cada vez más conocida. En 2015 Cáceres aceptó el premio Goldman -conocido como el Nobel de medio ambiente- que le otorgaron en reconocimiento a su lucha y la del pueblo indígena Lenca.
El juicio por el asesinato de Cáceres también develó una trama de
impunidad que se tradujo un numerosos aplazamientos y denuncias de
irregularidades por parte de los familiares de Cáceres. En este
contexto se creó la Misión de Observación Calificada sobre el juicio por
el asesinato de Berta Cáceres. La Misión supervisó el primer juicio que
culminó el 30 de noviembre de 2018 con la condena de siete de los
autores materiales del asesinato de la hondureña. En la actualidad se la
Misión también está encargada de observar el juicio a David Castillo,
exgerente de DESA. Es el único autor intelectual que está siendo juzgado
en el caso de Berta. Apenas hace unos días y después de un total de 11
suspensiones se confirmó que el juicio a Castillo por la autoría
intelectual del asesinato de Cáceres se realizará del 6 al 30 de abril
de este año. Sobre este juicio, Página/12 habló con Carmen López Flores,
una de las abogadas del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos que
integra la Misión de Observación Calificada. “La impunidad en este
juicio se muestra por un lado, por la incapacidad de los tribunales de
reconocer el contexto amplio: los antecedentes, las redes de corrupción
que rodearon el asesinato de Berta Cáceres, que constituyen el verdadero
móvil. Por otro lado, la permisividad que en ocasiones ejercen
los operadores de justicia con los grupos de poder que buscan impedir la
justicia mediante tácticas dilatorias”, puntualizó López Flores.
“El asesinato de Berta Cáceres develó la cara de esta narcodictadura. Ella contaba con medidas cautelares, estaba acogida al mecanismo de protección y fue asesinada. Y nos preguntamos, qué pueden hacer con las personas que son invisibles, que no son conocidas a nivel internacional como Berta Cáceres. Su asesinato no sólo devela la participación del estado sino que también muestra la gran indefensión de la gente que lucha por la naturaleza y el medio ambiente en este país” afirmo Miranda. Actualmente, desde Ofraneh conformaron el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecido del Triunfo de La Cruz (SUNLA, que significa ‘basta ya’ en idioma garífuna). El comité SUNLA es la respuesta del pueblo garífuna a los más de siete meses de silencio por parte del estado hondureño a la desaparición de cuatro jóvenes y el presidente del patronato del Triunfo de La Cruz, una comunidad ubicada en la costa norte de Honduras. “Este caso muestra el modus operandi del grupo criminal que dirige el país. A pesar de que se denunció y evidenció la participación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el secuestro de los jóvenes, el Estado no se pronuncia sobre el hecho de que los jóvenes fueron sustraídos por personas ligadas a los militares y a la policía hondureña”.
"También es un país que ha invertido tanto dinero para fortalecer la seguridad del estado fortaleciendo las empresas de seguridad privada y el militarismo” puntualizó Miranda sobre la realidad del país centroamericano. “Es claro, hoy más que nunca, que no sólo estamos indefensos, sino que el estado ha impulsado una política para vaciar los territorios y entregarlos al crimen organizado. Prueba de ello son las caravanas migrantes. Todos quieren salir de este país”.
