La Mesa del Agua en Salta trabaja en el diseño de un protocolo de consulta y consentimiento previo, libre e informado con y para las comunidades indígenas y organizaciones criollas que la integran. Con ese fin, se realizó el primer taller en Los Blancos y en Juan Coronel Solá o Estación Morillo, en Rivadavia Banda Norte. Participaron 20 organizaciones y representantes de las comunidades locales. Esperan terminar este proyecto en diciembre y presentarlo al gobierno provincial para que lo convalide.
El director ejecutivo de Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz), Gabriel Seghezzo, explicó a Salta/12 que ésta es una iniciativa en la que están trabajando junto con la Universidad Católica de Salta, Naciones Unidas Argentina y sus oficinas de ONU Mujeres y el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, y el laboratorio GEISA del Instituto de Investigaciones en Energías no Convencionales (INENCO) de la Universidad Nacional de Salta.
El proyecto de diseñar un protocolo de consulta surgió como forma de dar "un paso más en la institucionalización de la Mesa de Agua, que funciona hace ya casi 5 años. Veíamos que era necesario tener un instrumento técnico, más consensuado de consulta, (acerca de) a dónde se hacen las obras, qué prioridades se dan y cómo participan las comunidades indígenas y criollas. Nos parecía interesante trabajar un protocolo de consulta que en el caso de las comunidades va por el Convenio 169. En el caso de los criollos que no están alcanzados directamente por el Convenio, nos parecía también fundamental el desarrollo de un protocolo para aceitar mayor y mejor participación", sostuvo Seguezzo.
El diseño del protocolo también incorpora un programa de estandarización de los criterios de calidad y de gestión del agua. "Es decir, aquellas instituciones que hagan obras por la Mesa de Agua van a tener que implementar una capacitación en el manejo de las obras que hacen y todas las instituciones de Salta deberán tener un parámetro de agua segura", afirmó Seguezzo. De esta forma, se pretende que queden normados los niveles de calidad necesarios para que la gente tenga acceso a este recurso indispensable.
"El Convenio 169 básicamente lo que promueve es la consulta del Estado a las grandes obras, lo novedoso que nosotros estamos proponiendo desde la Mesa del Agua es también la consulta para las pequeñas obras en las comunidades, que puedan definir a dónde hacerlas, con qué gente construir. Es para obras más chiquitas si se quiere pero al mismo tiempo de alto impacto", aseveró Seghezzo.
El protocolo fue pensado para la Mesa de Agua, pero Seguezzo dijo que contemplan también que pueda ampliarse para otras obras o proyectos. "Puede ser perfectamente utilizable para otras cosas por afuera de la mesa, legalmente podría tener implicancias en otras áreas pero eso dependerá de cómo termine construido", expresó.
La necesidad de diseñar un protocolo de consulta también surge porque en muchas ocasiones las voces de los pueblos indígenas no son escuchadas a la hora de tratar temas que impactan en sus territorios o en sus vidas. "Se hizo el primer taller en territorio en Morillo y en Los Blancos, fueron comunidades indígenas y criollas de todo el Chaco, de Rivadavia Banda Sur, Embarcación y Santa Victoria", contó Seghezzo, quien añadió que esperan tener el protocolo de consulta listo para fin de año, "elevarlo a la Mesa de Agua y a su vez a la provincia de Salta para que el gobierno pueda crear algún instrumento jurídico de convalidación".
La Mesa del Agua tiene más de 250 obras de sistemas de captación de agua de lluvia. Seghezzo explicó que el agua subterránea "es mala por una cuestión geológica, no de contaminación antrópica" en casi todo el Chaco salteño. Por ello, detalló que el agua para consumo humano apta es la que se obtiene de los ríos o mediante sistemas de captación con sistemas "tipo aljibes o cisternas". En su opinión, para solucionar el déficit de acceso al agua en este territorio se requieren al menos 15 años de trabajo sostenido, con proceso logístico y distribución de materiales, personal capacitado para hacerlo e inversión de recursos. "Por más que se van haciendo obras siempre hay exigencia de agua segura para consumo y para producción. Es distinta la situación dependiendo del pueblo, de la zona o del paraje, pero sigue siendo un tema altamente crítico en todas las comunidades del Chaco salteño", indicó. Añadió que todavía "no se ve un programa integral de la provincia para resolver este problema".
El director de Fundapaz contó que el año pasado durante el período de pandemia pudieron desarrollar 20 obras de cisternas con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y entre éstas, 6 se hicieron con fondos de la Mesa del Agua y del convenio de la provincia con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Argentina (ENHOSA) y otras con organizaciones aliadas y fondos que fueron consiguiendo por otras vías. "La pandemia fue muy compleja pero en la medida que se fueron abriendo las restricciones, sobre todo para el ingreso de los camiones, pudimos ir construyendo, obviamente no con la velocidad que queríamos", expresó.
Fundapaz trabaja con el modelo de construcción de cisterna exportado de Brasil en que los constructores son los propios integrantes de los pueblos indígenas o criollos. "Son tres, hay una cabeza del equipo que está inscripto en monotributo para poder facturar, es un tema de rendiciones que también institucionaliza y blanquea la labor esta. Estas personas se apoyan en la propia comunidad o familia que recibe la cisterna que le aporta mano de obra, alojamiento, demora 3 o 4 días en hacerse, y hace el pozo que lleva un par de días cavarlo", explicó Seghezzo. La fundación cuenta con 8 equipos de constructores capacitados que van transmitiendo y enseñando a otras personas a construir y mantener las cisternas, "a apropiarse de la tecnología sencilla y sostenerla".
