La problemática con los trabajadores de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y la Familia de la Provincia, parece no acabar nunca. Ahora, sus más de 500 trabajadores se encuentran en protesta por el reclamo del pago de los sueldos que corresponden a enero y febrero. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, del cual dependen, aseguran que la demora se debió a tareas administrativas tras el recambio que se hizo en esa Secretaría, lo que posibilitó una regularización laboral de sus empleados.
La delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Nelly Sánchez, manifestó ante Salta/12 que los trabajadores se encuentran "desesperados" porque deben cubrir sus gastos y no cobraron todavía sus sueldos de enero y febrero. Se trata de más de 500 personas que a mitad de enero firmaron contratos con el Ministerio de Desarrollo Social y pudieron salir de una situación de precariedad por la que venían reclamando desde hace años.
Sánchez dijo que esa conquista de inicios de este año permitió que los trabajadores pudieran contar con mejores contratos, que incluyen seguro médico, la cobertura de las aseguradoras de riesgo de trabjado (ART), vacaciones y otros beneficios que antes eran negados por la forma precaria de contratación. "La ministra (Verónica Figueroa) se comprometió a jerarquizarlos cuando asumió, pasó más de un año para que se concrete y ahora vemos la falta de pago de los haberes", cuestionó.
Además, indicó que permanentemente hay traslados inconsultos de los trabajadores, sin tener en cuenta la situación geográfica de cada uno. En Primera Infancia se desempeñan los integrantes de dispositivos que trabajan en el sistema de cuidado de niñez y adultos mayores en toda la provincia. Desde el lunes, se vienen manifestando y hoy lo volverán a hacer en las puertas de la Secretaría, ubicada en calle General Güemes 562.
Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social, reconocieron ante Salta/12 que hay una demora en el pago de los haberes, pero adujeron que eso se debió al trámite administrativo que implicó la regularización de los empleados que antes dependían de los municipios y ahora pasaron a formar parte de la cartera de Figueroa.
Bajo la iniciativa "Cuidando a los que cuidan", se firmó con 28 intendencias un acuerdo que actualiza el Convenio de Mutua Colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera, el gobierno de la provincia reasumió este año la conducción operativa de los fondos descentralizados destinados al funcionamiento de los programas y subprogramas sociales cuyo objeto es la atención, resguardo y asistencia de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
A mediados de enero último Figueroa afirmó que ese trabajo le llevó un año, pero con ello logró "hacer contratos de servicios para personas que estaban fuera de sistema". "Ahora esto nos permite especificar las competencias de cada trabajador y darles herramientas para que se formen según las tareas que cumplan en algunos de los 27 hogares de niños, 62 centros de Primera Infancia o cuatro hogares de Adultos Mayores”, detalló la funcionaria.
“Lo que se está haciendo con esto es poner en el lugar que debe ser a las personas que están cuidando a esta población tan vulnerable”, destacó, y enfatizó: “Sin dudas esto va impactar en la población beneficiaria, que es a la que nosotros debemos proteger”.
Ante la consulta de este medio por el pago de los sueldos, Desarrollo Social informó que lo correspondiente a enero se abonará mañana jueves, pero sólo a los empleados que hayan cumplido con los requisitos que les permitían hacer posible su regularización. De esta manera, se dejó en claro que hubo quienes no pudieron firmar los nuevos contratos. Por el sueldo de febrero, se comunicó que el depósito se daría en días posteriores, esperando no superar los 7 días.
Sin embargo, Sánchez dijo que en la firma no se tuvo en cuenta la carrera administrativa y técnica de algunos trabajadores, y que esto se vio reflejado en el nombramiento de empleados que nada tenían que ver con el trabajo en Primera Infancia. De forma contundente, afirmó que la "profesionalización de los trabajadores pareció sólo una promesa".
También reclamó la demora en los contratos, recordando que debieron darse en diciembre. Indicó que en todo el proceso se especuló y que aún queda pendiente una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Salta entre las entidades gremiales y el Ministerio para "cerrar la problemática".
"Le pregunto a estas autoridades cómo esos trabajadores le dan de comer a sus familias si no cobran sus sueldos", cuestionó la gremialista. Al reclamo por el pago de sueldos, también sumó el pedido de insumos para la realización de las tareas diarias, como internet, y las constantes denuncias por violencia institucional por parte de autoridades del área.
