“Hoy tenemos la satisfacción de informar que, hasta la fecha y después de 17 años, es el primer período en el que, entre enero y febrero, no se reportaron casos de mortalidad infantil relacionadas con la diarrea, la desnutrición y la deshidratación”, dijo la subsecretaria de Medicina Social de la provincia, Gabriela Dorigato, en un comunicado oficial que emitió este martes el gobierno provincial.
En la comunicación oficial subyace lo ocurrido en enero y febrero del año pasado, cuando se notificó el fallecimiento de al menos 25 niños y niñas de hasta 5 años de edad, de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán. Sin embargo, se esperaban los resultados de la investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que debía indagar sobre las causas de estos decesos.
Por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF), que sigue la investigación, se pudo conocer que no hay informe oficial de la provincia sobre estos dos primeros meses del año. Sin embargo, estimaron que si no ese entregó un informe fue porque no hubo pedido desde el MPF de manera oficial.
Desde las comunidades, en tanto, algunos caciques se permitieron dudar de la afirmación del gobierno provincial y aseguraron que queda mucho por hacer en lo que respecta al sistema sanitario.
“Lograremos cambiar la historia”
La provincia asumió que el resultado de no tener niños y niñas fallecidos por causas vinculadas a la malnutrición fue por el despliegue del “barrido sanitario” en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, donde “fueron visitadas 8.805 familias y se valoró a 10.248 niños y niñas”. "Lograremos cambiar la historia de las familias de la provincia que se encuentran alejadas, por cuestiones geográficas, del hospital base”, luego de cumplir objetivos basado en “un trabajo coordinado y programado”, aseguró el gobierno salteño.
Dorigato destacó “el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, quien dispuso la contratación de diez camionetas 4x4 para facilitar el acceso de los equipos multidisciplinarios a todas las comunidades de la zona. También, se contó con 3 minibuses que permitieron trasladar a los pacientes a los hospitales cabecera”.
El barrido sanitario comenzó el 4 de enero y consistió en visitas domiciliarias a sectores periurbanos y rurales de las áreas operativas de Pichanal (en Orán), Aguaray, Embarcación, Tartagal, y General Mosconi (en San Martín), y Rivadavia Banda Sur, Morillo y La Unión (en Rivadavia). El gobierno afirmó que los operativos estuvieron a cargo de agentes sanitarios, médicos, nutricionistas y enfermeros, y que durante el trabajo en territorio se realizó una búsqueda activa de niños, niñas y embarazadas para brindar la asistencia sociosanitaria, completar el carnet de vacunación, detectar diferentes patologías, aplicar el tratamiento antiparasitario correspondiente y realizar estudios antropométricos (peso y talla).
“Desde el 2020, la provincia implementó la medición del perímetro braquial en los niños para saber su estado nutricional, lo que nos permite hacer el diagnóstico de desnutrición aguda y usar el tratamiento domiciliario para este tipo de patología”, explicó Dorigato.
Se aseguró que en el rastrillaje también se entregaron bidones de 20 litros para el almacenamiento de agua potable; pastillas potabilizadoras para el agua y se capacitó a los vecinos sobre el uso del agua segura.
En el operativo se efectuaron 3.307 derivaciones a los hospitales cabecera de cada área operativa para realizar controles médicos y estudios de rutina a los niños y embarazadas que lo requerían. Además, “se completó el carnet de vacunación a 1.571 personas y se aplicó el tratamiento antiparasitario a 193 pacientes”.
“La realidad se esconde”
Caciques consultados por Salta/12 se permitieron dudar de los datos de la provincia. Pues coincidieron en que muchas veces fallecen niños que aparentemente tienen deficiencias nutricionales y es práctica común que en el certificado de defunción se haga constar como causa de la muerte solo insuficiencia respiratoria o paro cardiorrespiratorio.
“En todas las comunidades aledañas sufrimos por desnutrición y esto nunca se ha cubierto”, afirmó Ceferino Vallejos, cacique de Misión Carboncito (en San Martín), y presidente de la Asociación La Nueva Integridad, que reúne a una treintena de referentes de grupos poblacionales de la ruta nacional 81.
Vallejos recordó que “tiempo atrás murieron chicos en Hickman y Dragones (ambos pueblos de San Martín)”. Uno de ellos falleció en noviembre del año pasado. En ese caso en particular se trató de una criatura de 11 meses que murió de deshidratación. Su situación estaba en conocimiento de funcionarios públicos. Pese a ello, el bebé no tenía DNI. “Sabemos que la provincia recibe fondos de la Nación y eso nunca llega a las comunidades y queremos que las cosas lleguen”, dijo Vallejos al solicitar que “dejen de utilizarnos”.
El secretario de Asuntos Indígenas de Rivadavia Banda Sur (RBS), y cacique de la Misión Wichí de ese municipio, Bernardino “Chaile” Pizarra, por su parte, recordó lo acontecido recientemente con la muerte de una criatura de cuatro meses. En este caso se dio un certificado de defunción por “muerte súbita” desde la morgue judicial de Orán tras el fallecimiento del bebe que había sido inoculado, inyectado, y tratado en el Hospital y quedó lleno de ronchas antes de morir. Por las protestas que hicieron sus familiares, del paraje de Santa Rosa de RBS, hace unos días se desenterró el cuerpo y se espera realizar una autopsia. La denuncia pública de los padres es por presunta mala praxis. “Hay muchos fallecidos pero uno no sabe si es por desnutrición o alguna otra situación”, sostuvo el cacique, quien indicó que aún esperan una mejora en el sistema de Salud. Y es hay casos de mujeres que fallecieron en el trabajo de parto por falta de derivación a tiempo, o situaciones similares que tendrían su origen en la falta de recursos.
“Yo no he visto que anduvieran por acá esa gente”, fue la declaración de Víctor Rojas, de la comunidad Tres Paraísos de General Mosconi, respecto del barrido sanitario. Afirmó que tampoco tuvo novedad de que los equipos hayan estado en los parajes de esa zona. “Debe ser para Santa Victoria Este porque para ahí bajan los médicos”, estimó. Como sus pares, sostuvo que la desnutrición persiste en las comunidades, sobre todo entre los más chicos, que siguen con bajo peso. También destacó la lucha de sus madres, que “son maltratadas por los agentes sanitarios”. Añadió que hay niños con bajo peso que “no reciben la leche”, además de que hay agentes sanitarios “que no entran a las comunidades”.
“Las comunidades pueden decir la verdad de las cosas como son”, dijo por su parte Tichil Mendoza, cacique de la comunidad wichí de Santa Victoria 2 (en Rivadavia), y secretario de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP). “El año pasado y este año hay casos de chicos con desnutrición”, afirmó el referente al manifestar su total desacuerdo con la información difundida por el gobierno. “Hay casos de chicos desnutridos que no lo caratulan como tal. Se esconde la realidad”, ratificó. Sostuvo que si bien ahora en el Hospital de Santa Victoria hay un gerente, Ariel Sosa, que trabaja en coordinación con las comunidades, “nos siguen faltando especialidades. Y no se hace un trabajo en profundidad. No es que van a venir unos cuantos especialistas para quedarse dos semanas y no venir nunca más. Tiene que ser continuo”, sostuvo.