El gobierno de Perú anunció este martes que no apelará el fallo judicial que ordena "respetar" la decisión de una mujer con una enfermedad incurable y progresiva de poner fin a su vida con asistencia médica.
La Procuraduría General, que representa judicialmente al Estado peruano, dijo que los abogados de los ministerios de Justicia y de Salud decidieron no apelar el fallo dictado el jueves, que otorga a Ana Estrada, psicóloga de 44 años, el derecho a la eutanasia. La entidad indicó que los procuradores de ambos ministerios, "en el marco de su autonomía, no apelarán sentencia del caso Ana Estrada".
En la primera sentencia sobre este sensible tema en Perú, el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior (de Apelaciones) de Lima ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud (Essalus) "respetar la decisión" de Estrada "de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia".
Solamente la Iglesia católica expresó su rechazo al fallo. La Conferencia Episcopal Peruana opinó que "la eutanasia siempre será un camino equivocado, porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida". En cambio los ministros de Justicia y de Salud, y el propio presidente interino Francisco Sagasti defendieron el derecho a Estrada a una muerte digna.
Sagasti, quien se declara como "persona no religiosa", dijo el domingo en una entrevista de televisión que "ninguna confesión de fe tendría el derecho de imponerle a otras personas su punto de vista particular".
En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. En México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras en Uruguay el Congreso discute un proyecto sobre la eutanasia.
Estrada sufre desde los 12 años poliomistiosis incurable, que provoca una debilidad muscular progresiva, por lo que usa silla de ruedas desde los 20 años, según los medios peruanos.
La sentencia indica que se debe "entender por eutanasia a la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa) un fármaco destinado a poner fin a su vida".
La Defensoría del Pueblo que apoyó a la psicóloga en su recurso ante la justicia, dijo el viernes que ella se sentía liberada con el fallo. Estrada "tiene la oportunidad de decidir sobre ella cuando este fallo se consolide y eso la libera", manifestó Percy Castillo, abogada adjunta de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría.
