El Gobierno salió, a través de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a defender la creación de una comisión bicameral como mecanismo control sobre el Poder Judicial.  "Lo que hará será estudiar el funcionamiento, hacer propuestas, citar audiencias públicas", precisó. "Lo que no puede arrogarse la bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias (...) no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", dejó en claro. El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, le dijo a Página/12 que respalda mecanismos que "aumenten un seguimiento del Poder judicial con el objetivo de que mejore", y que es sabido que la facultad de sancionar es propia del organismo que comanda.  Mientras sea así, el representante académico dijo que no encuentra ningún aspecto inconstitucional, a contramano de los cuestionamientos públicos que sembró la oposición a lo largo de todo el miércoles. Tampoco advierte un ataque o "confrontación" "del gobierno nacional con el Poder Judicial, que sí está en deuda con la sociedad y está en una crisis de legitimidad, no ve realidad ni está a la altura de las demandas sociales". 

"Hay cambios en la justicia que deben hacerse y vamos a ser firmes. La justicia tiene que cambiar", enfatizó Losardo y renovó el pedido para que se vote la reforma judicial (que tiene media sanción del Senado) en la Cámara de Diputados. Es el proyecto enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo con un rediseño de los tribunales federales, para licuar el poder en especial en Comodoro Py, entre otras cosas, y para propiciar el sistema acusatorio que da más protagonismo a los fiscales, y promete agilidad y oralidad. "Estamos dispuestos a aceptar cambios en los proyectos de reforma judicial y de Ministerio Público", anunció. Parece, dijo "que algunos quieren seguir como está la justicia ahora", "antes de leer el proyecto decían que era para la impunidad de la vicepresidenta". Y al consejo asesor nombrado por Alberto Fernández, comentó la ministra, lo llamaban peyorativamente "la comisión Beraldi", porque a integró el procesalista Alberto Beraldi, abogado de CFK, y ahora a la bicameral le dicen "comisión Parrilli", porque fue el que informó sobre la idea de conformarla. También reclamó la designación de un Procurador/a: "El presidente mandó el pliego de Rafecas para procurador y en algún momento se tendrá que tratar, no podemos seguir sin Procurador", señaló a El Destape radio. 

Quién persigue a quién 

Mientras el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes señalaron una violación a la división de poderes por el pedido de Alberto Fernández de que el Congreso aplique el "control cruzado" sobre le Poder Judical --algo que también cuestionaron la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura como respresentantes de la corporación-- Molea informó que, como consejero de la Magistratura, está investigando posibles patrones de intromisión aplicados durante el gobierno de Mauricio Macri sobre jueces y juezas. 

"Es decir, analizamos si los mecanismos de persecución que se dieron con dirigentes opositores se aplicaron con magistrados que no iban en línea con las decisiones que esperaba el gobierno anterior. Buscamos si existió un patrón entre las declaraciones del Poder Ejecutivo, las denuncias presentadas contra jueces y juezas y sus actuaciones judiciales", reveló. Puso como ejemplo dos casos que ya tiene en estudio: el del juez Alejo Ramos Padilla, que tras avanzar con la causa sobre una organización de inteligencia ilegal comandada por Marcelo D'Alessio y con engranajes en Estado, fue blanco de críticas del expresidente Macri, que advirtió "ya hizo varias" y encomendó a su delegado en el Consejo que le abriera un expediente; el otro es el juez Eduardo Farah, quien relató ante el Senado que había pedido su traslado desde la Cámara Federal a otro tribunal por las presione que recibió tras otorgar la excarcelación a los dueños del Grupo Indalo, Cridtóbal López y Fabián de Sousa. 

La nueva bicameral

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente advirtió que el Poder Judicial está en crisis, que "es el único poder que parece vivir al margen del sistema republicano", y para ilustrar habló de los privilegios así como de la politización de la justicia y la judicialización de la política traducidas en persecución a opositores a través de causas judiciales y cobertura a aquellos integrantes del sistema judicial denununciados como parte de esa trama, o procesados como el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en el D'Alessiogate. También aludió al juez de Casación Gustavo Hornos, cuya presidencia de ese tribunal está en discusión y ahora investigado por el Consejo de la Magistratura por sus visitas a Macri durante su gestión. Sin reforma judicial aprobada y con este todo este escenario crítico Fernández pidió que el Congreso asuma un papel activo. El control cruzado se puede ejercer de distintas formas. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli informó después que lo que estaba en gateras era la creación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial. Si es permanente requeriría la aprobación de ambas cámaras, con mayoría agravada en el Senado. Si es por ley el camino es más sencillo, con simple mayoría. 

Fernández habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y este fin de semana se reunirán para analizar el tema y ajustar detalles. El anuncio había causado sorpresa dentro del propio Gabinete de ministros, igual que la idea de enviar un proyecto de ley para establecer el juicio por jurados a nivel federal, y para delitos federales, es decir algunos de los que abarca Comodoro Py. Cuando algunos altos funcionarios le fueron a preguntar al Presidente si ambas cuestiones eran ciertas dijo que sí y reiteró su fastidio con el Poder Judicial. Todavía no hay proyecto escrito al respecto. Tampoco están diseñadas propuestas de reformas anunciadas, como la creación de un tribunal intermedio para cuestiones de "arbitrariedad" que hoy resuelve la Corte Suprema y para reformar el Consejo de la Magistratura. 

Losardo fue la encargada de explicitar y confirmar ante los medios el plan de la bicameral. "Lo que el Presidente planteó es que el congreso asuma el control cruzado del Poder Judicial (...) pide al Congreso que cumpla un rol que ya tiene", que está previsto en la Constitución. La bicameral, dijo "será un órgano de asesoramiento, no permanente", "lo que hará será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar audiencias". "Lo que no puede arrogarse son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias", "no va a poder sancionar a jueces, eso no es constitucional", aclaró para despejar especulaciones maliciosas que buscan incomodar al Gobierno.  

Molea coincidió con el diangóstico del Presidente sobre la crisis de legitimidad el Poder Judicial y dijo que está a favor de "aumentar sus mecanismos de seguimiento para que mejore". Una bicameral, señaló, "puede hacer informes, hacer seguimientos de como funcionan los tiempos y plazos de las causas. No puede tener facultades sancionatorias, eso no sería constitucional, para eso está el Consejo de la Magistatura. Una bicameral no implica una intromisión. Hay que ver cómo es su diseño porque eso no está claro todavía", le dijo a este diario. "Pero la deuda del Poder Judicial con la sociedad existe --insistió-- y hay que atender a eso (...) También comparto el planteo del presidente de que se debe analizar una reforma del consejo, debemos generar un debate amplio, con diálogo y consenso".