El titular de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, investiga a dos gendarmes destinados en la localidad de Santa Victoria Este, acusados de intentar raptar a una joven integrante la comunidad del Pueblo Wichí de Misión La Paz.

La investigación se conoció por una denuncia que la joven, de 24 años, presentó en la Subcomisaría de Santa Victoria Este, en la que contó que el 22 de enero último había pasado la tarde en el río Pilcomayo junto a dos amigas, y cuando estaban regresando a sus viviendas fueron interceptadas por los ocupantes de un vehículo blanco con vidrios polarizados en plena calle principal de aquel poblado. Del automóvil bajaron dos varones “uno de aproximadamente un metro noventa de altura y el otro de estatura más baja con una remera de color verde oscura”, consta en el escrito policial.

Las tres mujeres salieron corriendo, pero uno de los hombres alcanzó a la denunciante, la sujetó de un brazo e intentó subirla al auto. En el forcejeo, la mujer pudo escapar aunque con lesiones en su muñeca. La historia no terminó allí, sino que las persiguieron en el vehículo hasta que las jóvenes pudieron ingresar en un domicilio desconocido pidiendo auxilio.

El movimiento y los pedidos de ayuda provocaron que varios vecinos salieran y finalmente los ocupantes del automóvil se retiraron. En su huída, una piedra rompió la luneta trasera, lo que hizo que más tarde, cuando los miembros de la comunidad salieron a realizar la denuncia lo reconocieran estacionado en la Base Operativa de Gendarmería.

Sin embargo, quien estaba a cargo en ese momento del establecimiento se negó a dar los nombres e identificar a los dos gendarmes, allí comenzó una discusión que terminó cuando uno de los dos autores del intento de secuestro apareció insultando a todos los presentes y asegurando que “todas las mujeres indias son de la joda y que son prostitutas”.

La chica que había logrado escapar se presentó en la Subcomisaría acompañada por su familia y las otras dos mujeres y radicaron la denuncia. Al enterarse de lo sucedido, el fiscal Armando Cazón solicitó inmediatamente la detención de los dos gendarmes por “privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa, agravado por la condición de funcionario público en perspectiva de género”.

Investigar en una zona candente

Cazón es el fiscal que intervino también en la causa por la desaparición de una adolescente de Aguaray, que pudo ser regresada al país luego de que fuera a Bolivia en compañía de un ciudadano venezolano y que era buscada intensamente. También interviene en la reciente imputación a Rubén Méndez, el intendente multi denunciado por la ciudadanía y el Concejo Deliberante de Salvador Mazza por incumplimiento de sus deberes y malversación de fondos.

Ante la consulta de Salta/12, Cazón afirmó que trabaja en una zona caliente de la provincia, que colinda con dos países como Paraguay y Bolivia y que es 10 veces más grande que la ciudad de Salta. El fiscal penal tiene bajo su órbita Salvador Mazza, Santa Victoria Este y Aguaray, en los tres municipios, sus jefes comunales se encuentran imputados “y los tres fueron denunciados por sus cuerpos deliberativos”. El caso de Enrique Prado es el más conocido, pero tanto Méndez como Rojelio Nerón, son apuntados por los ediles por incumplimiento de sus deberes y no presentar cuentas como corresponde.

 En el caso de la adolescente denunciada como desaparecida el 17 de febrero por su madre en Aguaray, indicó que “En el momento que me comunicaron activamos el protocolo de búsqueda en donde inmediatamente informamos a Aduana, Gendarmería, Drogas y todas las fuerzas que trabajan en la zona”.

“A la media hora ya sabíamos que se había ido en un taxi, por lo que la denuncia se tardó el tiempo suficiente para que el denunciado y la chica lleguen a la frontera y salgan a Bolivia”, contó. La chica fue llevada por Wuisthon Antonio Díaz Solano, de 25 años, al país vecino, donde permanecieron siete días hasta que decidieron retornar por las comunicaciones que mantuvieron con Cazón.

El titular de la Fiscalía penal de Salvador Mazza contó que el caso era muy complejo “porque había muchas opiniones encontradas en las redes sociales”, lo que dificultaba descubrir cuál era el motivo de la desaparición y elaborar una estrategia. Pero al tercer día de desaparecidos se comunicaron ellos mismos con el jefe de la Brigada de Investigación de Tartagal y desde allí se entabló todo una negociación para su retorno.

“Yo le pedí al jefe de la Brigada que no diga nada a nadie más de la comunicación y comencé a trabajar en esa operación regreso”, que fue muy compleja porque la pareja aducía que se habían ido de común acuerdo porque la adolescente sufría violencia de su entorno familiar, reseñó el fiscal.

La estrategia de Cazón fue convencerlos de que si eso era cierto, lo mejor que podían hacer era regresar y demostrarlo, y recién en el séptimo día logró que Díaz Solano entrara en razón.

La restitución se realizó como habían convenido, el miércoles 24 alrededor de las 20 en Aguas Blancas, departamento de Orán, donde se entregó Díaz Solano ante el fiscal. “Me fui solo con el jefe de la Brigada a las 5 de la mañana, porque no querían a nadie más”, afirmó.

El fiscal solicitó la detención del adulto por privación ilegítima de la libertad, agravada por la minoridad en perspectiva de violencia de género, mientras que la chica quedó a disposición de la jueza de Violencia Familiar y de Género, Elba Susana Menéndez. Más tarde, se dispuso que volviera con su padre provisoriamente, tal como pidió, dado que "manifestó que no quería estar con su madre”.

“Al día siguiente ellos contaron exactamente por dónde estuvieron, en distintas localidades de Bolivia y a un paso de irse a Brasil”, prosiguió Cazón, “pero fue justo cuando hablaron conmigo y decidieron retornar porque los convencí de que si no siempre les iba a quedar el estigma de que la obligaron”.

Ahora Díaz Solano deberá encarar otras causas que recaerán sobre él por estafa en varias localidades del país pero también de Ecuador y Venezuela. En Aguaray se hizo pasar por médico generalista y politólogo, actuaba con otro nombre y se presentó como representante de la institución bancaria Banesco Venezuela. Llegó a reunirse con el Concejo Deliberante y con el intendente. El mismo Enrique Prado, luego del encuentro anunció donaciones de insumos para ayudar en la pandemia de la covid-19.

Intendencias calientes

Sobre la imputación a Rubén Méndez, el fiscal explicó que recibió “reiteradas denuncias" que "se hicieron porque no cumplía con los pedidos de informe”.

Con respecto a la malversación, indicó que solo se aprobó el presupuesto municipal del 2018, “pero no tiene vigentes todos los montos erogados y que son superiores a los que se establecen en el presupuesto 2018”. El cuerpo deliberativo de Salvador Mazza, no aprobó ninguna partida presupuestaria desde aquel momento por incumplimiento de la Carta Orgánica, que data de ese mismo año.

“Pagos de combustibles, de honorarios a terceros, obras y todo el movimiento del municipio como pago de sueldos con incrementos, en principio no fueron aprobados porque no se presentaron nunca”, detalló y afirmó “que si eso no sucede, es porque estamos ante una situación de malversación de caudales y tendrá que acreditar todos los gastos y demostrar su actuación”.

El jefe comunal solo respondió que contestará por escrito las acusaciones en su contra. Pero Cazón subrayó que los tres intendentes bajo su jurisdicción fueron imputados por el mismo delito “y en el caso de Nerón también por (denuncia de) los concejales”.