Las mujeres de los movimientos populares se convocaron para salir a la calle este 8 de marzo, para reclamar la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género y la creación de espacios de cuidado para las hijas e hijos de las trabajadoras de la economía popular. La propuesta es encontrarse a las cuatro y media de la tarde en Hipólito Irigoyen y Virrey Ceballos, y está siendo impulsada por las militantes de la UTEP. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Darío Santillán y Nuestra América son sus convocantes. 

"Marchar fue una decisión muy discutida por el tema de la pandemia, pero finalmente resolvimos hacerlo porque creemos que es importante estar en la calle, no queremos que la fecha pase de largo. Vamos a movilizarnos sólo las militantes que no tengamos que usar el transporte público", adelantó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. 

El proyecto de Ley plantea la creación de una red para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo en aquellos casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad. Propone también la creación de un programa de promotoras territoriales en prevención de la violencia de género, integrado por trabajadoras de la economía popular que reciban una remuneración equivalente a un salario mínimo. Otro de sus puntos dispone que las mujeres que sufren violencia de género puedan acceder a un subsidio, con un monto creciente según su número de hijos, que les permita cortar la dependencia económica con el violento.

 "La pandemia nos dejó muchas pérdidas en los barrios populares. Las mujeres en particular estamos haciendo un enorme esfuerzo. Sostenemos las tareas de cuidado, muchas somos jefas de familia, estamos a cargo de mantener el hogar. Queremos hacer visible que la realidad de las mujeres en los barrios populares es muy dura. El Gobierno puede diseñar políticas públicas pero es muy complicado que lleguen, porque muchas compañeras están presas de los violentos en sus casas", agregó la dirigenta del FPDS. 

Para Agostina Betes, de NuestraAmérica,  la creación de Casas sin Violencia  como lugares de alojamiento  y contención para las mujeres que sufren violencia es otro de los puntos fundamentales del proyecto de ley. "Las mujeres de los movimientos populares pudimos armar un equipo que redactó este proyecto, que presentamos el año pasado. Es una ley que responde a las problemáticas propias el sector,  a garantizar las condiciones materiales para  que las mujeres y disidencias que lo necesiten  puedan ser reubicadas, porque sabemos que la violencia no se termina con hacer una denuncia: es necesario contar con políticas públicas para acceder a la vivienda y el trabajo".

Otra de las demandas de la movilización es que se creen espacios de cuidado para los hijos de las trabajadoras de la economía popular. Aunque hoy muchos de los talleres textiles y  centros de reciclados los tienen, están sostenidos enteramente por el esfuerzo de las organizaciones. Son jardines que funcionan a pulmón para los que los movimientos populares demandan, entre otras cosas, políticas públicas que los doten de contenidos pedagógicos, así como el reconocimiento laboral a las trabajadoras que cumplen en ellos tareas de cuidado.

"Las trabajadoras de la economía popular necesitamos espacios de cuidado para nuestros hijos, esa es una de nuestras principales demandas", señaló Jackie Flores, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. "Por otro lado, no hay políticas publicas que fortalezcan el trabajo que las organizaciones llevamos adelante contra la violencia de género. Somos una parte fundamental de la solución, y nos están dejando afuera".