“Para ellos no hay personas”, dice la Abuela María, de la comunidad Torres-Cona, en un video con el que los mapuches de Río Negro convocan a una marcha que comenzará mañana y se extenderá hasta el 24 de abril, en protesta por la modificación del Código de Tierras Fiscales que impulsa el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.
La marcha se extenderá unos 800 kilómetros que las comunidades recorrerán a pie, desde Bariloche hasta la capital, Viedma, donde se realizará el acto principal y se hará entrega de un documento en la Casa de Gobierno.
“Estamos vivos, por eso caminamos” es el lema de la convocatoria, que tiene dos objetivos: reafirmar la presencia mapuche en aquella provincia y asentar un rechazo “total y absoluto” al proyecto para modificar el código de tierras, que “niega la existencia del pueblo mapuche en Río Negro”, explica a Página/12 Hugo Aranea, de la comunidad Waiwen Kuruf e integrante del Consejo Asesor Indígena.
Según denuncian los pueblos mapuches, la iniciativa provincial no contempla la preexistencia de los habitantes originarios ni el territorio ancestral reconocido por la Ley 26.160, y viola el artículo 75 de la Constitución Nacional y el artículo 42 de la Constitución provincial, que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. El trasfondo: cinco millones de hectáreas fiscales que podrían quedar a merced de un cambio productivo que se está registrando en Río Negro.
“Se abre la puerta a los emprendimientos mineros, petroleros e inmobiliarios, al modelo extractivista: la tierra como una mercancía, vendida al mejor postor”, indica Aranea. “Este proyecto significa un peligro para toda la sociedad, más allá del avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios”, añade.
Noelia Ñanculeo, de la comunidad Ñanculeufu, ubicada en la zona de Catriel, habla de un creciente malestar en toda la población mapuche “porque se desconoce a la ley nacional” y, con ello, la posibilidad de obtener -la tan requerida- seguridad jurídica para llevar una vida acorde a los principios ancestrales que los guían. “En el Alto Valle somos 25 comunidades, estamos peleando por los títulos comunitarios. Somos pueblos preexistentes”, dice.
Ñanculeo cuenta que la explotación de hidrocarburos no es algo que esté por llegar, sino que ya está sucediendo: las tradicionales chacras de frutales, propiedad de pequeños productores, están sucumbiendo frente al avance de la frontera de las explotaciones no convencionales. “En la zona de Allen es muy fuerte ver cómo desarman las plantaciones de frutales”, señala.
Para Aranea, la sanción de la nueva ley de ordenamiento territorial es el gancho que necesita el gobierno provincial para terminar de cambiarle el perfil productivo a Río Negro, avasallando de paso el derecho a la tierra que reclaman las comunidades. “Estos grandes emprendimientos extractivistas destruyen la tierra, el medio ambiente, es una condena para los pequeños productores, que abandonan el territorio. Esto ya está sucediendo, tenemos que pararlo”, subraya.
