El Ministerio de Educación de la Nación denunció a la gestión de Mauricio Macri frente a la Oficina Anticorrupción (OA) por las irregularidades del programa al que llamaron en 2016 “3000 jardines”, que no cumplió en absoluto con el objetivo de su nombre, una promesa de campaña cuantificada del expresidente. Fondos de casi 62 millones de dólares fueron entregados a empresas que no tenían respaldo para las obras, y con sobreprecios en las cifras de las licitaciones, para la construcción de 93 jardines que no fueron finalizados. “Ponemos el foco en la responsabilidad en el Ministerio de Educación a partir de un proceso de licitación que consideramos poco transparente”, explicó el ministro Nicolás Trotta a Página|12.

La denuncia fue plasmada a través de un informe en la que se detalla una serie de hechos irregulares correspondientes a cuatro licitaciones públicas adjudicadas a la unión transitoria de empresas Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería SRL (con domicilio en Chubut y Santa Cruz, respectivamente) para la construcción de jardines en nueve provincias: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El monto total por los 93 contratos de obra pública involucrados era de $1.417.684.792.

La Sindicatura General de la Nación ya había puesto el ojo en las cuatro licitaciones del Programa 3000 jardines, adjudicadas a pesar de que el Ministerio ya había observado que las empresas no tenían capacidad para dar respuesta a construcciones de esa dimensión. La actual gestión inició entonces una auditoría interna y el rastreo de más de 480 expedientes administrativos correspondientes a las gestiones de Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro como titulares de la cartera educativa.

Quedó claro entonces que la totalidad de los contratos acumulados por la UTE alcanzaban un total de casi 92 millones de dólares para la construcción de 61.408 m2. Esto equivalía a un valor promedio de 1.498 dólares por metro cuadrado, cuando el valor en la actualidad es de entre 600 y 900 dólares. “Es decir, podría existir un flagrante sobreprecio en la contratación”, denuncia la presentación.

Como si fuera poco, en los contratos se acordó una “modalidad de financiación anticipada” equivalente al 30% y luego, a través de una modificación de la norma, se sumó la posibilidad de solicitar anticipos sin tope en concepto de acopio de materiales. “Esto implicó hasta un 40% adicional de aporte por parte del Ministerio de Educación a esta empresa, un adelanto total del 70% para los jardines que no fueron terminados”, señala Trotta. "Es un perjuicio por el adelanto de dinero, la no ejecución de garantías y la no imposición de ninguna multa”, enumera las irregularidades. El monto de las penalizaciones por incumplimiento alcanzaba los 78 millones de pesos, pero sólo se le aplicó un aproximado de 7 millones a las empresas.

Los contratos incumplidos fueron rescindidos en 2018, cuando la contratista ya había sido beneficiada en una suma de U$S 61.920.462 --lo que, en su momento, significó un desembolso de más de mil millones de pesos--, a pesar de no haber finalizado ninguna de las obras adjudicadas. Es decir, a cambio de un avance físico de las obras de un 41,44%, las empresas recibieron un avance financiero del 58%, según arrojaron las mediciones del Ministerio de Educación. Además, las obras “se hallaban en estado de abandono, con deterioro de lo construido por inclemencias climáticas, con faltantes producto del vandalismo y sin vigilancia informada en la mayoría de los casos", revela el informe.

El mayor agravante es que no se llevó a cabo ninguna acción con el objetivo de recuperar estos fondos: “Existió una pasividad absoluta en todo lo que fue recuperar el patrimonio del Estado”, sostuvo Trotta. Todo lo que fue configurando las condiciones para hacer la denuncia frente a la Oficina Anticorrupción ante la presunta complicidad de los funcionarios para el beneficio de los privados.

“Estamos terminando no sólo estas obras sino otras que quedaron a mitad de camino, abandonadas por dos o tres años”, señaló Trotta. A la fecha, se finalizaron 19 de los jardines de infantes abandonados --uno de los cuales será inaugurado a principios de abril en Santa Cruz--, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidos.

Mientras tanto, ninguno de los funcionarios involucrados en los procesos de licitación respondió a las acusaciones. El ministro dice que no espera respuesta: “recaudamos toda la información y se la presentamos a la OA, las respuestas tendrán que darlas ante esa oficina o ante la Justicia”, advirtió.

“Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan”, había dicho Mauricio Macri durante el debate presidencial de 2015. Según el informe del Ministerio de Educación, durante su gestión se licitaron obras para 292 nuevos jardines en todo el país, de las cuales se finalizó menos de la mitad: 18 obras fracasaron en la licitación, 26 estaban en ejecución, 111 fueron rescindidas y 30, suspendidas. De los tres mil jardines prometidos, durante la gestión de Macri se construyeron apenas 107.

Informe: Sofía Moure.