La plana mayor del macrismo rechazó en Twitter la derogación del cuestionado decreto migratorio 70/2017 de enero de 2017, que contemplaba la deportación de aquellos extranjeros con causas judiciales pendientes, sin garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Para los ex funcionarios de entonces, la Argentina quedó a las puertas de ser invadida por el narcotráfico.
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, estimó que la derogación del decreto es "un mensaje a los delincuentes y a los narcos" y que el gobierno nacional "pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país".
En la misma línea opinó el exministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos".
Tanto Bullrich como Frigerio omitieron decir que el decreto fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en marzo de 2018. En aquella ocasión, los camaristas criticaron el uso injustificado de un DNU y que la norma atentaba contra los derechos humanos de quienes quisieran venir a la Argentina.
Aquel decreto macrista modificó la ley de migraciones de 2004 y llegó a la Justicia por una presentación colectiva de, entre otros organismos, el CELS, los defensores del Pueblo de la Ciudad y de la Provincia de Buenas Aires y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. La derogación dispuesta ahora, en rigor, cumple con una disposición judicial.
Sin embargo, el macrismo insiste con su postura original. Para Cristian Ritondo, quien era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, la derogación implica "atentar directamente contra los ciudadanos". Ritondo estimó que Alberto Fernández "da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad".
El diputado ultraconservador neuquino Francisco Sánchez, uno de los más enfáticos virulencia defensores de las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, también alzó su voz. "Ahora quieren que los narcos tengan libre tránsito", afirmó, y cerró con que "son delincuentes en el gobierno".
Jorge Macri, el intendente de Vicente López, por su parte, argumentó que "ahora dejan entrar delincuentes y narcos" y que se "le da la espalda a los argentinos decentes".
La oposición que reclama respeto a la división de poderes no solo estigmatiza a quienes ingresan al país como narcotraficantes y delincuentes: con su repudio, rechazan la inconstitucionalidad que dictó la Justicia hace tres años.
