Entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 nuestro país fue devastado. Social, cultural, económica e institucionalmente. Esa hecatombe planificada, sin embargo, contó con un protagonista clave, que resultó un engranaje fundamental en el proyecto neocolonial de sumisión del país a los intereses concentrados: el Poder Judicial de la Nación.

La indebida intromisión de la corporación judicial en la política llegó al extremo de pautar procedimientos judiciales de alto impacto con el cronograma electoral, a fin de influir sobre ellos y sugestionar a la población, para direccionar su voto.

Para que el proyecto político del ajuste económico, la destrucción del salario y el endeudamiento externo se imponga en el país, el Poder Judicial consintió hacer el trabajo sucio de criminalizar el proyecto político inverso, de distribución de la riqueza, apreciación del salario y desendeudamiento progresivo de las cuentas públicas. Esa criminalización sistemática de los movimientos populares y sus dirigentes, conocida como Lawfare y extendida a escala regional, continúa intacta, a más de un año del fin del gobierno que la promovió y usufructuó.

En tal sentido, los trabajadores y trabajadoras judiciales celebramos fervorosamente el diagnóstico de la situación y los anuncios hechos por el presidente de la Nación, el pasado 1º de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en relación al sistema judicial.

No obstante la expectativa generada, sabemos perfectamente que los cambios necesarios demandan algo mucho más potente que un alocución presidencial: se precisan hechos.

Algunos de los anuncios presidenciales son la continuidad de otros en pleno trámite parlamentario o consecuentemente proyectados por un gobierno que ganó las elecciones recogiendo la demanda social de cambios en la Justicia, ante el enorme descrédito social al que la han conducido los magistrados y magistradas que hegemonizan ese poder del Estado.

Nadie puede hacerse el distraído, ni mostrarse sorprendido con el debate público lanzado por el presidente el 1 de marzo, y por la vicepresidenta el miércoles 3, tras su intervención ante uno de los Tribunales, en este caso de la Casación Federal, que la juzga en Comodoro Py.

Es absolutamente lógico que un gobierno que arribó al poder tras ganar las elecciones en primera vuelta, ejerza la legitimidad que le da el apoyo popular, para emprender cambios drásticos en un sistema institucional viciado por la intromisión de espesos intereses económicos, mediáticos y hasta supranacionales. No hacerlo violaría el contrato electoral, y sumiría a la política (única arma efectiva y democrática con la que cuentan las sociedades modernas para producir transformaciones profundas) en una degradación aún mayor que la de la Justicia.

No podrá haber sanción penal y política para quienes endeudaron imperdonable y criminalmente por generaciones a nuestro país, y fugaron los empréstitos, si en simultáneo no se reforma sensiblemente al Poder Judicial que miró para otro lado ante la sistemática destrucción del aparato productivo nacional y la extranjerización creciente de nuestra economía, que estaba saneada hasta 2015.

Sabemos, no obstante, que la progresividad de los cambios proyectados en relación al Poder Judicial, dependerá de la correlación de fuerzas parlamentarias y la presión que los grupos de poder opondrán.

Sepa el presidente, sin embargo, que en ese juego de coacciones y demostraciones de fuerza, tendrá siempre a su lado al pueblo, si es que logra comunicarle bien el sentido de los cambios y la razón de ser de ellos, y demuestra no tener ningún compromiso con los poderes permanentes de la Argentina, que digitan desde las sombras el destino del país.

No habrá cambios posibles, ni eficaces en relación al diagnóstico sobre el estado de la Justicia, si no se apunta a modificar sensiblemente el funcionamiento de la Corte Suprema, ni se altera la correlación de fuerzas entre la corporación judicial y la representación política en el Consejo de la Magistratura, ni se cambia el rumbo del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Un organismo clave como lo es la Procuración General de la Nación, llamada por la Constitución a definir la política criminal del Estado, no puede seguir en manos de fiscales que han reemplazado el Código de Procedimientos por los manuales del Lawfare. Y más aún, si estamos a las puertas de implantar el sistema acusatorio.

Los trabajadores y trabajadoras judiciales estaremos movilizados todo lo que sea necesario, para cuidar esta esperanza, llevarla a la realidad y devolverle al pueblo la felicidad perdida, el Poder Judicial secuestrado por la embajada norteamericana, y la dignidad que largamente se merece.

* Secretario General de SITRAJU Nación – CTA