“La única diferencia significativa entre la vigencia del decreto 70 durante el macrismo y la de la Ley Nacional de Migraciones es la cantidad de expulsados del país. Esto se debió a la creación de una Dirección de Extranjeros Judicializados que se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado. Aclaramos lo del pasaje pago por el Estado porque hasta la gestión de Mauricio Macri el traslado de presos era una carga pública que debían realizar las aerolíneas sin costo alguno para el Estado nacional“, dijo la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, que aclaró que "las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros son exactamente idénticas al DNU dictado por el ex presidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones". La funcionaria salió así al cruce de las críticas de la oposición sobre la derogación del decreto Decreto 70/17, que era un reclamo de organismos de derechos humanos.   

Carginano afimró que “el decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”.

Las principales objeciones a la norma macrista se centraban en que permitía la deportación de inmigrantes ligados a algún proceso penal sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa porque establecía un procedimiento express para la expulsión. Pero las causas de impedimento para el ingreso de extranjeros no cambiarán debido a la derogación de esa norma, quienes tengan antecedentes penales seguirán sin poder ingresar al país. "Es mentira la información deliberadamente malintencionada que están dando algunos dirigentes de la oposición", afirmó Carignano. 

"En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina", dijo Diego Santilli. Miguel Angel Pichetto aseguró que "no  hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la Argentina. Esto es facilitar el narcotráfico y las organizaciones delictivas". Sin embargo, nada de esto es cierto. "Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye”, aseguró la directora de de Migraciones. 

"La funcionaria resaltó que el artículo 29 inciso C de la Ley vigente establece claramente que no podrán ingresar al país 'quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas`”

Carignano resaltó que lo que sí se hizo durante la gestión anterior fue propiciar que personas que estaban cumpliendo su condena fueran expulsadas: se les ofrecía quedar en libertad en el extranjero, muchos aceptaron pero después algunos reingresaban y volvían a cometer delitos. 

"El decreto 70 fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenófobos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia. La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”.

Entre los fundamentos de la derogación del decreto, el Gobierno explicó que distintas sentencias judiciales habían declarado la inconstitucionalidad de diversos aspectos de esa norma. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU habían “expresado su profunda preocupación” e instaron al Estado Argentino a derogarlo. En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y Amnistía Internacional, que había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país", aceleraba los trámites de expulsión "reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa" y eliminaba "la unidad familiar como condición para evitar la expulsión".

La dirección de Migraciones informó también que el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de una disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos en 2019 que autorizó el ingreso al territorio nacional de extranjeros sin documentación para acreditar identidad. 

Además, señaló que se están investigando irregularidades cometidas durante el macrismo desde la dirección de Migraciones, como la utilización de las bases de datos para hacer espionaje ilegal, la falta de protección de datos personales y casos de corrupción por connivencia de funcionarios del área y la mafia china para hacer ingresar irregularmente ciudadanos de ese país.