La Justicia Penal concedió una suspensión de juicio a prueba al psicólogo Germán Caporalini, quien se desempeñaba en el área de Atención en Violencia de Género municipal, acusado de abuso sexual simple a una mujer que buscaba asesoramiento. El profesional de 53 años, que fue denunciado en 2018, estuvo en libertad durante la investigación, con una orden de restricción de acercamiento a la víctima. Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que conforme la prueba recabada y ante la conformidad de la víctima, imputado y defensa, la Fiscalía concedió la probation por tres años, que fue avalada por el juez Nicolás Vico Gimena en una audiencia realizada ayer. Deberá garantizar un resarcimiento, asistir al dispositivo municipal para varones violentos y mantenerse alejado de la víctima.

La fiscal Nora Marull de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual le imputó al acusado el hecho del 26 de marzo de 2018, aproximadamente a las 14, en el consultorio de 9 de julio al 1200. "La víctima se contactó con la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad solicitando asesoramiento en relación a una situación de prohibición de acercamiento respecto de su expareja, con quien tiene hijos". El contacto tuvo que ver con "una relación de conocimiento con los empleados de la misma Secretaría, debido a su actividad laboral", expresaron desde el MPA sobre la mujer de 37 años que solía llevar viandas al organismo. 

Por ese entonces, Caporalini se desempeñaba como empleado en la Oficina de Asistencia de Violencia de Género de la misma dependencia --y a su vez es psicólogo-- y "en conocimiento de la situación de la víctima concretó con ella una cita en el consultorio externo". Durante esa entrevista, el imputado comenzó con abrazos, como una excusa para consolar a la víctima, luego siguieron besos y manoseos, hasta que ella "logró reaccionar, lo empujó y salió del lugar", reza la imputación. 

La probation (que deja suspendido el juicio mientras se cumplan los puntos acordados) tendrá duración por el término de 3 años, durante los cuales se le impone al acusado la "prohibición de acercamiento a la víctima y a los lugares en los que desempeña sus tareas; y la no permanencia en caso de producirse un encuentro casual en la vía pública o lugares públicos, de donde deberá retirarse". También se le impuso "ingresar al dispositivo de Varones Violentos de la Municipalidad de Rosario por el plazo que dure la suspensión del juicio a prueba. En caso de denegatoria acreditada, deberá realizar un tratamiento psiquiátrico o psicológico con la misma carga". Además, se le impone "como reparación simbólica del daño generado a la víctima la suma de 100 mil pesos".

Si bien en diciembre de ese año Marull pidió tres años de prisión efectiva para el psicólogo, "las partes propusieron el acuerdo y se llegó a la suspensión del juicio a prueba", explicaron desde el MPA.

En su momento, tras tomar conocimiento del caso, el profesional fue separado del área donde se desempeñaba; y suspendido en su cargo de docente en la Facultad de Psicología.