“La Justicia nunca miró mi caso con perspectiva de género. Falta que me digan que tengo que estar muerta para que me presten atención”, reclama Romina Regis, que desde hace siete años es víctima de violencia por parte de su ex pareja y ahora vive amenazada. A pesar de que reclamó por las vías formales y de que Caleufú, el pueblo pampeano donde vive, se manifestó para exigir que sea protegida, no logra respuestas acordes a la gravedad del caso. El suyo, señala, es urgente, y también otro de los casos que demuestran que muchos hechos de violencia de género son evitables, pero que el sistema judicial falla a pesar de las alertas. Femicidios anunciados, como los de Úrsula Bahillo, Ivana Módica y Guadalupe Curual en febrero de este año, ponen de relieve de manera brutal que la falta de perspectiva de género y comprensión de la violencia machista significa, para las mujeres, la diferencia entre la vida y la muerte, porque a esas mujeres haber denunciado previamente a sus agresores por violencia de género no les sirvió para que el Estado las protegiera.
En diálogo con este diario desde La Pampa, Regis detalla que denunció más de diez veces a José Luis Soto, su ex pareja. “Me dijo que me dejara de hacer la canchera porque salía y me mataba”, añade. Hoy, Soto, que acaba de salir de la cárcel, vive a dos cuadras de su casa, y ella debe acostumbrarse a que un policía la custodie todo el tiempo.
Parte de los obstáculos anidan en la propia lógica del funcionamiento judicial. “Cuando una denuncia se enmarca como violencia familiar se tramita en el fuero civil. En general ahí ordenan la restricción perimetral, pero cuando la denunciante advierte que la orden se incumple, la desobediencia se investiga como una causa nueva”, explicó a Página/12 Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), de la Procuración General de la Nación. El delito de desobediencia a una orden judicial, según establece el artículo 239 del Código Penal, prevé como pena máxima un año de prisión, según la gravedad que considere el Juzgado a cargo.
“La pena es baja y en general no se promueve una nueva investigación. Suele pasar que cuando hay varios hechos la causa está fragmentada y no se mira la película completa. Es una mala práctica judicial que se puede corregir fácilmente”, precisó la fiscal y advirtió que desde UFEM insisten “con la evaluación del contexto completo cuando hay una repetición de situaciones. Parece algo simple, pero no se hace mucho”.
Más del 70 por ciento de los 52 femicidios registrados en 2021 fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas, de acuerdo con el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, de Marea Feminista Popular y Disidente. El último informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza los casos registrados entre 2017 y 2019, afirma que en 1 de cada 3 femicidios existía violencia previa en el vínculo entre el agresor y la víctima. El mismo informe revela que 52 de las mujeres asesinadas en ese período de tiempo contaban con medidas que debían protegerlas, y el 80 por ciento de esas medidas eran órdenes de restricción de acercamiento.
Una advertencia a tiempo
Romina Regis radicó en 2014 la primera denuncia ante la única comisaría de Caleufú, un pueblo de tres mil habitantes. “Cualquier contacto que tuviera con un varón era motivo para celarme y pegarme. Una vez me tiró de la camioneta. Me pegaba patadas o me arrastraba del pelo, para él yo era una basura”, relató a este diario la mujer. El día antes de la denuncia, por la escuela donde ella es docente habían pasado unos vendedores de libros. “Mis compañeras me ayudaron a esconderme porque sabían lo que me esperaba si él veía que yo me cruzaba con otros hombres”, señaló Regis. Ella y Soto se conocieron en 2010 en la escuela N° 75, donde ella da clases y él era portero. Después de salir por un tiempo, se mudaron juntos y tuvieron una hija, que ahora tiene cinco años. Después de la primera denuncia, lo trasladaron a la escuela N°3. “Yo por más que estuviera separada, para él seguía siendo suya”, señaló Romina y precisó que el hombre “tenía acceso a mi sueldo, me sacaba hasta el documento”.
Desde la primera denuncia hasta hoy “siguieron las agresiones, las amenazas, y jamás cumplió con la restricción de acercamiento que tenía”. En enero del año pasado Regis volvió a denunciarlo ante la comisaría: un día después de que ella le pidió que mudara sus muebles de la casa común, Soto fue a buscar al abuelo de ella, le mostró “una carabina y le dijo que con eso iba a matarme”. Recién entonces a Soto lo detuvieron pero “nunca miraron mi caso con perspectiva de género”. “La condena fue por el arma, no por todas las denuncias que yo hice”, advirtió la mujer.
El 4 de enero de este año Romina atendió en su teléfono a un número desconocido. “Me dijeron que me dejara de hacer la canchera porque salía y me mataba”, relató. Hizo otra denuncia en la Policía, la elevaron al Juzgado, “y el Juzgado la perdió. Falta que me digan que tengo que estar muerta para que me presten atención”. Un mes después, mientras miraba las noticias sobre el femicidio de Úrsula, Romina decidió recurrir a las redes sociales y contar lo que le estaba pasando. Hace dos semanas el juez a cargo se declaró incompetente y la causa pasó al juez de control, Alejandro Gilardenghi.
“Hasta que una no se da cuenta de que lo que está pasando no es normal, es muy difícil alejarse”, admitió la mujer. Su historia se conoció, primero en el pueblo y después en la provincia, y hubo marchas en General Pico, en Realicó y en Santa Rosa. Sin embargo, el juez solo alargó por una semana la condena de Soto. Sin cambios a pesar de los pedidos de Regis, el 26 de febrero el magistrado notificó a las partes la “inmediata libertad” del agresor, y reiteró la “prohibición de todo tipo de comunicación, contacto y acercamiento” respecto de la denunciante, que ahora tiene que convivir las 24 horas con la custodia de la Policía. Adonde vaya, un efectivo la sigue. Y a dos cuadras de su propia casa vive Soto, que recuperó su trabajo en la escuela y en el campo. “Fue una tranquilidad todo este tiempo saber que estaba preso. Tiene que volver ahí y pagar por lo que hizo y por lo que es”, reclamó Regis.
Crímenes previsibles
A Esther Mamani Canaviri la mató su ex pareja, Iver Carlos Ibarra, el 24 de enero de este año en el barrio Padre Ricciardelli, ex villa 1-11-14. Después de cometer el femicidio, Ibarra, su pareja durante doce años y padre de dos de sus hijos, se entregó a la Policía. Según detalla el fallo de imputación del fuero a cargo del juez Pablo Ormaechea el hombre “informó que había matado a su mujer, y lo había hecho en el interior de su casa, de la vivienda común, del hogar familiar”. En esa misma vivienda Ibarra había encerrado a Mamani en noviembre de 2020, cuando ella le dijo que lo había denunciado por violencia de género y le anunció que se iría de la casa. Las agresiones habían comenzado tiempo antes, “cuando apareció el padre de la otra hija que tiene Esther”, relató a este diario Doris Quispe, integrante del comedor de la Manzana 7 del barrio, en el que colaboraba Esther.
Después de la denuncia, “él sólo estuvo lejos dos días, nadie controló que se cumpliera la medida y que él no volviera”, agregó Eugenia Lupa, pareja del hermano de Esther, quien quedó a cargo de los dos chicos, de nueve y cinco años.
En la denuncia, Mamani describió las diferentes formas -físicas y verbales- en que Ibarra la agredía. "La había amenazado, le decía que si ella denunciaba él la iba a matar”, advirtió Lupa. Ibarra “la manipulaba, primero la echaba de la casa, después la encerraba, después se largaba a llorar, y ella no sabía qué hacer”. En diciembre de 2020, cuando Ibarra ya tenía prohibido acercarse por 45 días en un radio de 300 metros respecto de la denunciante, según dispuso el Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°46, Mamani le dijo a otra vecina, Marlene Gómez, que no soportaba más la presencia de Ibarra en la casa.
“En agosto me preguntó dónde podía ir a realizar una denuncia a su marido porque la había golpeado”, relató otra vecina, Jhovana Cruz Martínez. En el fallo, el juez Ormachea escribió: “surge de los dichos de la denunciante que temía por su integridad física, pues creía que Ibarra Huanca era capaz de matarla”, y concluyó que el femicidio de Esther fue “un hecho que no por inesperado dejó de ser previsible”.
Una carátula disputada
Florencia Galarza falleció el 1 de agosto de 2020 en el Hospital Municipal de Quemados. Su muerte fue caratulada como suicidio y sus tres hijos quedaron a cargo de la familia de Javier Rolando Suárez, su ex pareja. Suárez declaró que el 24 de julio, cuando sucedió el hecho, la mujer se prendió fuego a ella misma, en su propia casa, después de una discusión entre ellos. En ese momento el hombre llamó al 911. Sin embargo, para la familia "él la quemó, la sacó afuera y nadie fue capaz de ayudarla", relató a este diario Raquel Galarza, la madre de la joven de 22 años. Según quedó registrado en el expediente, Florencia lo había denunciado en dos oportunidades: primero por violencia de género, ante la OVD, y después por incumplimiento de la orden de restricción de acercamiento. También hay una denuncia por abuso sexual contra una de las hijas que, según relató Raquel, "se lo contó a la pediatra de la salita, que el padre la tocaba".
“Todo pasó en medio del aislamiento por la pandemia y en un contexto donde ella necesitaba de los recursos económicos de él”, advirtió Florencia Juárez, abogada e integrante de la Casa de las Mujeres en el barrio Mugica -ex villa 31-, donde vive la familia Galarza, y remarcó que “no indagar en cómo era la vida de esa persona ya es falta de perspectiva”.
El lugar donde Galarza vivía con sus dos hijas -de 4 y 6 años- y su bebé que acaba de cumplir dos años, era una vivienda en un edificio de la villa 21-24 que compartía con los hermanos de Suárez y su madrastra. "El desgraciado ahora alquiló la pieza, y apura a la inquilina a pagar porque supuestamente tiene que pasarme productos para los chicos, pero a mí no me manda nada", señaló Galarza, que precisó que su hija "quería salir adelante". "Me había dicho que quería trabajar porque necesitaba comprarle ropa a las nenas", relató la mujer. Tras el reclamo de las amigas y la madre de la joven, la causa pasó a la UFEM, donde se investiga bajo el supuesto de femicidio, aunque todavía el organismo está reuniendo las pruebas necesarias para la presunta acusación. Hasta ahora Suárez está libre, y los tres hijos de Florencia están en el barrio Mugica al cuidado de su abuela materna.
Informe: Lorena Bermejo
