Sebastián Eskenazi volvió a desconocer el llamado de la justicia estadounidense para que declare en la causa por la expropiación de YPF. El ex CEO de YPF había sido notificado de la convocatoria durante una escala en Miami, pero hace meses que la jueza Loreta Preska intenta en vano que Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eskenazi den testimonio en los Estados Unidos y presenten la documentación necesaria durante la etapa de recolección de pruebas para avanzar con la causa. 

El juicio en cuestión lo lleva adelante el fondo Burford porque adquirió el derecho de litigio de las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, accionista minoritario de YPF al momento de la expropiación. La demanda contra YPF y el país radica en que los demandantes reclaman una indemnización por los daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. 

Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.

La orden de Preska, que fue reiterada en tres oportunidades, está dirigida no directamente a los Eskenazi, sobre los cuales la jueza no tiene competencia ni jurisdicción, sino a los demandantes (es decir, a las empresas Petersen controladas por el fondo Burford), quienes deben asegurar que antes del 15 de mayo, plazo que fijó la jueza para que comiencen las audiencias, los Eskenazi entreguen la documentación y se presenten a dar su declaración. 

Durante una de las tres llamadas en que Preska reiteró el pedido, la demanda indicó que no tiene relación con los Eskenazi. Sin embargo, Página 12 pudo saber que, luego de esta última citación a la que no asistieron, el abogado de los Petersen le envió un correo electrónico al abogado de los Eskenazi pidiendo que se presenten en las próximas dos semanas. 

Consecuencias

Si hasta el 15 de mayo los Eskenazi no dieran testimonio ni entregaran los documentos, serían los demandantes del juicio quienes están en falta y se verán debilitados. La jueza tendrá que tomar una decisión acerca de cuáles son las consecuencias para las empresas demandantes por no haber cumplido. 

Algunas opciones pueden ir desde desestimar el caso o descansar sobre las inferencias negativas. Si hay un incumplimiento absoluto y los jueces no aparecen ni presentan documentos, la jueza puede desestimar el caso por completo por considerar que los demandantes no cumplieron una obligación esencial para tomar una decisión. 

Otra posibilidad menos drástica sería lo que se llama inferencias negativas. Si los Eskenazi obedecen parcialmente a esta situación, la jueza tiene la potestad de concluir lo contrario a lo que la demanda defiende en todos aquellos argumentos de la demanda que tienen algo que ver con el testimonio que se esperaba que dieran los Eskenazi. Es decir, asumir que lo cierto es lo otro porque la demanda no presentó la pruebas para demostrarlo. 

Justicia divina

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York el 19 de octubre de 2020 tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa.

A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.

Que Preska falle a favor de Burford resultaría un golpe importante para el país. El fondo pide el doble del valor real de YPF y este caso es uno de los más peligrosos que aún mantiene el país en tribunales internacionales.