“El decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”, dijo Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones ante las críticas de la oposición sobre la derogación de la norma macrista que propiciaba la expulsión de ciudadanos extranjeros. ¿A qué delitos se refiere? Según informó el organismo, la actual gestión esta investigando e hizo denuncias vinculadas a espionaje, falta de protección de datos y connivencia de funcionarios con la mafia china.

ESPIONAJE ILEGAL

“Cuando asumimos en Migraciones detectamos un sistema de espionaje ilegal sobre miles de personas”, denunció Florencia Carignano a fines 2019. Este sistema posibilitaba obtener información relativa al ingreso y egreso de personas al territorio nacional en tiempo real y mediante alertas específicas que implicaban indicaciones sobre a quién debían avisar si determinada persona entraba o salía del país.  

Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal. El total de registro detectados en este sistema son más de 58.000, entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas, y deportistas.

La actual gestión del organismo informó que, al advertir esta situación procedió a dar de baja de manera inmediata las alertas que no contaban con un requerimiento legal y  radicó una denuncia penal el 22 de octubre del 2020. 

Entre los nombres que figuraban en las alertas para que se informara sobre su egreso e ingreso al país estaban: Hugo y Pablo Moyano, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Santiago Maldonado, Francisco de Narváez, Julio De Vido, Nicasio Eusebio Luna Arratia (que es testigo en la causa por desaparición de Santiago Maldonado),  Jaime Eduardo Huenchullan Cayul (referente mapuche), Francisco Facundo Jones Huala y Federico Wahllberg (economista e integrante de Hipotecados UVA). 

FALTA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Según afirmaron en la Dirección de Migraciones, al comienzo de la actual gestión también se detectó un excesivo otorgamiento sin criterios de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios. Por ejemplo, había 20.400 claves otorgadas a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Este número es mucho más sugestivo si consideramos que en ese momento esa fuerza contaba con solo 13.000 mil policías, es decir que accedieron a más claves que policías", señalaron. Actualmente, las claves otorgadas en todo el país ascienden a 5.800. 

MAFIA CHINA Y VENTA DE RESIDENCIAS

A fines de 2016 fue detenido Leonardo Javier Rende, que era jefe de la Mesa de Entrada de la Dirección Nacional de Migraciones. Fue arrestado (y luego liberado) en una causa en la que se investigaba a la mafia china. El vínculo se descubrió a través de escuchas ordenadas por la Justicia. "Los funcionarios de migraciones no son baratos", comentaban, por ejemplo, los involucrados. 

En su momento, la causa judicial no avanzó sobre otros funcionarios de Migraciones, pero la actual gestión inició sumarios administrativos y apartó de sus cargos a quienes firmaron expedientes sospechosos e irregulares.  "Hay muchas radicaciones sin criterio que se están investigando. Por lo que sabemos había muchas cosas tarifadas, una residencia podía costar 25 mil dólares", relataron desde el organismo.   

El caso más grave involucra a la secretaria del entonces director nacional de Migraciones, Horacio García, quien firmó más de 3 mil radicaciones sin chequear antecedentes penales. 

CONTROL DE OPINIONES y RASTREO DE REDES SOCIALES

Según revelaron en Migraciones, durante la gestión de Rogelio Frigerio en el ministerio de Interior, se puso en funcionamiento el sistema Red Hat, que se centraba en controlar los perfiles en redes sociales de los ingresantes a la Argentina. El sistema costó 71,6 millones de pesos en el año 2016 pero incluso durante el macrismo no fue usado porque no se pagó una franquicia. La actual gestión lo desestimó.