La denuncia criminal que promoverá el Gobierno contra Mauricio Macri y los funcionarios de Juntos por el Cambio que volvieron a traer al FMI a la Argentina forzó a los voceros económicos de esa fuerza a dar explicaciones ante la opinión pública. En su acto de defensa, ratificaron el diagnóstico y las políticas que aplicaron entre 2015 y 2019, incluido el escandaloso préstamo del Fondo Monetario, sin atisbos de autocrítica a pesar de los resultados catastróficos obtenidos, que ni el blindaje mediático pudo ocultar.

Juntos por el Cambio no tiene nuevos referentes para el debate económico. Siguen siendo los mismos que condujeron al país al desastre del endeudamiento, la inflación record en tres décadas, el aumento de la pobreza, la desigualdad, la desindustrialización, los beneficios inexplicables para sectores concentrados y el retroceso en la integración regional, entre los aspectos principales de lo que fue su gestión.

Alfonso Prat Gay, Hernán Lacunza, Guido Sandleris, Lucas Llach, Federico Sturzenegger y Luciano Laspina siguen siendo quienes expresan la visión de la alianza opositora, con la misma concepción que tuvieron cuando les tocó gobernar.

Sin embargo, no son ellos los que llevan la voz cantante en la confrontación cotidiana con el Gobierno. Ese lugar lo ocupan dirigentes con posiciones extremas como Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi o ahora Sandra Pitta, que propone aplastar a sus rivales del oficialismo como cucarachas, alineados con la figura de Macri.

La teoría del derrame o la lluvia de inversiones si se favorece a los empresarios más poderosos que exponía Juntos por el Cambio con dosis recargadas de marketing político y acompañamiento mediático ya se probó durante el gobierno de Macri y la sociedad la rechaza. Por eso los voceros de ese espacio no son sus economistas.

La oposición de economía prefiere no hablar, además, porque cuando tiene que hacerlo queda en evidencia que defiende a sectores minoritarios del poder económico y financiero, que es la fuerza política del establishment. Se vio en su rechazo al aporte extraordinario de las grandes fortunas, la declaración de las telecomunicaciones como servicio público esencial o la quita de jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos. Es lo que explicaba en su momento Sturzenegger sobre la instrucción que le daba Jaime Durán Barba: mejor hablar de cualquier cosa antes que transparentar el pensamiento.

En su alegato ante la Cámara de Casación por la causa dólar futuro, Cristina Fernández de Kirchner hizo mención a cómo el poder económico apeló el siglo pasado a las fuerzas armadas y los golpes de Estado para imponer planes a la medida de sus intereses, y cómo ahora lo intenta a través de la actuación de jueces y medios de comunicación hegemónicos en lo que se conoce como lawfare. Juntos por el Cambio es el articulador político de esa estrategia.

Esa realidad que la vicepresidenta explicó con una contundencia arrolladora más que pretender modificar la conducta de poderes fácticos y sus representantes políticos, lo cual parece una utopía, debe ser asumida como la disputa principal por los propios adherentes al Frente de Todos, que en muchos casos parecen gastar más energías en recriminar al Gobierno por no avanzar a la velocidad o con la contundencia que quisieran que en acompañar con decisión las trasformaciones que se van conquistando.

El giro que se ha producido desde diciembre de 2019 en el manejo de la economía es radical respecto de lo que hizo y lo que haría Juntos por el Cambio. Se trata de otro modelo, orientado al desarrollo productivo en lugar de la valorización financiera, con expansión del mercado interno, del empleo y del salario. Existe otra concepción del rol del Estado, de la regulación del sector privado y de la defensa de los intereses de las mayorías populares. Que en esa dirección se vaya más rápido o más despacio es una cuestión de segundo orden respecto de la prioritaria, que es la definición del rumbo. Seguramente avanzar diez casilleros es mejor que hacerlo de a uno, pero peor es retroceder cien o más como ocurrió entre 2015-2019.

La herencia del endeudamiento con acreedores privados y el FMI es un buen ejemplo de esa definición. La ganancia de soberanía económica que fue construyendo el kirchnerismo entre 2003 y 2015 mediante la reestructuración de la deuda y el pago al Fondo Monetario se convirtió otra vez en un condicionante para la gestión tras el paso del gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio.

Para revertir el proceso y lograr nuevamente los avances que se dieron hasta 2015 es fundamental consolidar el poder político. De hecho, eso fue lo que llevó a los distintos espacios que componen el Frente de Todos a constituir la coalición en 2019 y abandonar los proyectos separados como ocurrió en 2015 y 2017. Un triunfo claro en las elecciones de octubre que le permita al oficialismo alcanzar las mayorías parlamentarias que hoy no tiene es clave para apurar las transformaciones.

La acusación contra Macri y sus funcionarios por el acuerdo con el FMI va en esa dirección. Es una reforma estructural de primer orden. Busca establecer un nunca más a los planes de endeudamiento masivo del Estado que tantas ganancias reportan al establishment financiero y tanto limitan su capacidad de acción. El apoyo de la ciudadanía para que se convierta en realidad es lo que puede hacer la diferencia.