El ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, irá a juicio acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor, según lo dispuso la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche.

La decisión de la magistrada llegó después de que la Sala III del Tribunal de Impugnación, rechazara las oposiciones y planteos de nulidad presentados por la defensa técnica de los acusados.

En su resolución, Espeche ordenó la remisión de la causa, previo paso por la Mesa Distribuidora Penal, al Tribunal de Juicio que por sorteo corresponda y con la acusación impuesta por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke.

En la misma causa fue imputada la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

En noviembre de 2020, la fiscal penal requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio contra el exintendente . En dicha solicitud la fiscal señaló que Cornejo omitió dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinando la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público.

Allí consignó que el informe de la Auditoría General de la Provincia, reveló la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registro contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

Pero además Simesen de Bielke, tuvo por acreditada la participación el exjefe comunal en el delito de peculado (cuatro hechos). El primero, según sostiene la demanda, ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el imputado adquirió, en beneficio personal, una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales. El vehículo fue inscripto a nombre de un familiar del intendente.

Surgió como segundo hecho que el imputado Cornejo, a pocos días de finalizar su mandato como Intendente, sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos.

Por otra parte, la fiscal tuvo por acreditada la participación punible de Cornejo en el tercer hecho, que surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que probarían la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad.

Diversas personas entrevistadas informaron que recibieron esa suma antes de la campaña electoral del exintendente Cornejo. Si bien tales órdenes de pago fueron entregadas en concepto de “ayuda económica”, surgió que los testigos/beneficiarios coincidieron en mencionar que implícitamente se los persuadía para que colaborasen con el voto, tendiente a asegurar la reelección del imputado.

Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, de que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia.

Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.

Sin embargo, tales declaraciones no son las únicas pruebas que permiten sostener la comisión del hecho, sino que además, hay copias de los cartulares que eran emitidos a la orden de la imputada Carmen Rosa Méndez y luego endosados para ser cobrados por los empleados del Municipio, quienes concurrían a la entidad bancaria del Banco Patagonia ubicada en la rotonda de Limache, por orden de la acusada, para traer dinero para el “doctor”, en referencia a Cornejo.

Con esos fondos se constituían plazos fijos para generar intereses y luego disponer de esos fondos, los que incluso, fueron retirados en bolsos, meses antes de finalizar su mandato.

Todo los descripto, señala el informe del Ministerio Público, dio cuenta que tanto Cornejo como Méndez, desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos.

Para Solís se pidió la elevación a juicio

Asimismo, Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur – Metán, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

En sus fundamentos, la fiscal sostuvo que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado. El jefe comunal de Rosario de la Frontera, fue imputado el 21 de diciembre de 2020, cuando asistido por su defensa, prestó declaración.

Entre las acusaciones que se hacen a Solís se encuentra la falsificación de facturas en el municipio y la contratación irregular de una proveedora sobre la que pesan medidas judiciales cautelares, algo expresamente prohibido.

En relación al fraude a la administración pública, Simesen señala que Solís emitió en 2017, una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral. Todo ello, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal.

Al acusado también se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Además se le endilga al intendente una acusación por cohecho durante un proceso de contratación para realizar una obra pública y finalmente la fiscal sostiene que Solís efectuó contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50. 

El jefe comunal rosarino, desde que se conocieron las acusaciones, señaló su inocencia y dijo contar con los elementos suficientes para desestimar cada uno de los hechos ilícitos que se le adjudican, y argumentó que todas estas maniobras judiciales responden a una persecución política por ser un referente de la oposición.