La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke pidió que sean enjuiciados 20 policías imputados por la represión que hubo en los asentamientos de Parque La Vega y San Calixto el 25 de agosto de 2020. La imputación es por vejaciones calificadas y lesiones leves. Se acusa a los efectivos por 19 hechos en calidad de coautores y en perjuicio de 21 víctimas.

La fiscala dio mérito a una denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y se basó para la imputación en informes de relevancia de los efectivos que participaron del hecho, certificados médicos, informes y copias del libro de guardia, soportes magnéticos y análisis de grabaciones y fotografías de los lesionados, entre otros elementos. 

Simesen de Bielke logró establecer que entre las 18:30 del 25 y las 0:30 del 26 de agosto del 2020, en el asentamiento ampliación Parque La Vega, los policías imputados cometieron un exceso en sus funciones, atentando contra la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes les causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, según se constató tras el examen médico del CIF.

La Policía reprimió aquella noche sin orden judicial a alrededor de mil familias asentadas en terrenos fiscales de los barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad de Salta. 

La delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, María Martínez Morales Miy, recorrió los asentamientos después de la represión y relevó en aquel momento alrededor de 20 testimonios de personas lesionadas tras la represión policial. Manifestó que la policía usó balas de goma y de plomo, además de gas lacrimógeno. Después de esto se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Según lo relatado por las personas asentadas, el hecho se inició cuando se produjo un episodio de violencia verbal y algunos forcejeos entre una vecina que intentó ingresar una tarima del tipo pallet que son utilizadas como leña para preparar los alimentos. La mujer fue interceptada por uno de los policías que le dijo que “si querían ingresar la tarima debían desarmarla y despedazarla para que ellos pudieran comprobar que era para leña”.

Ante esta situación, la vecina les contestó que no contaban con las herramientas necesarias para llevar a cabo tal cometido. Entonces una mujer policía llamó a miembros de Infantería y otros refuerzos. Cuando llegaron, se fueron agrupando alrededor del predio, pese a que el episodio de la leña ya había concluido. A eso de las 21, otra vecina intentó entrar al predio con un cartón por el vallado Nº 4, donde se le negó el ingreso. 

La mujer explicó a los policías que su colchón estaba mojado y que utilizaría el cartón para resguardarse del frío del piso y pidió que "por favor" tuvieran en cuenta que es discapacitada y de casi 70 años de edad. Pero los policías se mantuvieron en la negativa, y le quitaron el cartón con ayuda de los uniformados del vallado N° 5.

Según testigos, en medio de ese forcejeo por el cartón, un policía le propinó un golpe de puño a la mujer, que quedó tendida en el suelo. Esto generó que otras vecinas intervinieran tratando de defenderla. Fue en ese momento que varios policías comenzaron a dispararles con balas de goma. Al escuchar los balazos, varios hombres trataron de defender a las mujeres con lo que encontraban a mano. La escalada violenta se acrecentó con el lanzamiento de gases lacrimógenos y el disparo de proyectiles 9 milímetros, según relataron testigos a Martínez Morales Miy. La represión policial se extendió por más de una hora, y de los testimonios de varias de las víctimas se desprende que cesó porque “se quedaron sin balas”.

Los testigos expresaron también que le suplicaban a la mujer policía, que sería una comisaria, que ordenara que se detengan, ante la cantidad de personas heridas, entre niños y niñas, mujeres embarazadas y ancianos y ancianas, pero no hubo respuesta favorable. Entre los imputados sin embargo no figura alguna policía con ese rango.  

Los vecinos y vecinas dijeron a la funcionaria nacional que después de la represión arribó una sola ambulancia para atender a más de cien personas heridas, y que el personal de salud tenía la orden de no atender a quienes no se identificaran.

La Policía había cercado los accesos. Hubo mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas con heridas. Desde la toma señalaron aquella vez que no hubo advertencia previa para que desalojaran. Si bien intentaron el resguardo, hubo niños y niñas que salieron corriendo y llegaron a perderse en medio de la represión, también dispararon contra un almacén donde se habían refugiado. 

Martínez Morales Miy sostuvo que los vecinos le relataron que tuvieron que meter en un pozo de tierra a algunos niños y niñas para protegerles de la balacera y el gas lacrimógeno. La referenta Yamila Romero, de la Federación de Organizaciones de Base, había contado a Salta/12 que con las madres habían juntado a los más chicos para refugiarse en un almacén al que incluso le dispararon al portón.

Los acusados son el comisario Federico Samuel Heredia, de 43 años; los suboficiales principales Claudio David Flores, de 44 y César Hugo Brizuela, de 48; los sargentos ayudantes Raúl Néstor Herrera, de 39; Diego Fernando Suárez, de 37; Carlos Eugenio Torres, de 43; Jorge Enrique Acoria, de 41; Diego Gustavo Tolaba, de 35; Gustavo Adolfo Flores, de 42 y Gustavo Ariel Quispe, de 43; el suboficial mayor Claudio Daniel Muruaga, de 47; oficial principal Marcos Guillermo Rodríguez, de 40; oficial ayudante Simón Antonio Cansino, de 28; el sargento Carlos Alberto Ríos, de 34; suboficial principal Hugo Ariel Troncoso, de 43; cabo Diego Aniceto Potosí, de 36; todos con revista en la División de Infantería.

También fueron imputados el subprincipal ayudante Mauro Renato Luna, de 44; sargento ayudante Daniel Fernando Mamani, de 49, la cabo Estela Margarita Ampuero, de 21, y el cabo Cristian Gonzalo Blas Pereyra, de 26; del Departamento de Seguridad Urbana.