"El 2021 es el año de federalizar todas las políticas de género. Trabajaremos con cada provincia y municipio sobre un paquete de acciones imprescindibles para empezar el camino de la erradicación de los femicidios y que, de esa forma, vivir en una sociedad sin violencias deje de ser una utopía", aseguró en diálogo con Página/12 la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En el marco del 110 aniversario del Día Internacional de la Mujer trabajadora, que está centrado en los reclamos al Poder Judicial, la ministra anunció que, junto al ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, participará de una convocatoria que realizó el presidente Alberto Fernández a los 24 gobernadores en el museo del Bicentenario para suscribir un acuerdo federal denominado "Argentina unida contra las violencias por motivos de género". 

- Las movilizaciones que tienen lugar este 8M están focalizadas en el reclamo al Poder Judicial, ¿qué opina al respecto?

-Hay un reclamo muy claro vinculado a los déficit que viene demostrando la administración de justicia de todos los poderes judiciales. Desde el Ministerio estamos convencidas de eso y en 2020 preparamos un documento que puntualiza cuáles son los lineamientos que requiere cualquier reforma judicial. Primero hay que impulsar políticas dentro de cada Poder Judicial para lograr que las mujeres accedan en condiciones de igualdad a los cargos jerárquicos y fomentar la paridad en todas las dependencias y organismos. También es necesario generar la inclusión de las diversidades LGTBYQ+; establecer protocolos contra la violencia en los ámbitos de trabajo dentro de los poderes judiciales; fortalecer áreas temáticas de género, e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de justicia. Hay que capacitar de forma permanente y obligatoria a todos los funcionarios y empleados judiciales --eso debe ser un requisito para su incorporación--, e incluir la perspectiva de género en los procesos de sanción y destitución de los magistrados.

-¿Qué hay que hacer para que el acceso a la justicia sea accesible a todas las mujeres?

-En los lugares de atención judicial y en las oficinas a las que llegan las mujeres que sufren violencia deben existir áreas con perspectiva de género para que esos lugares no sean expulsivos y permitan el acceso a la justicia. También hay que garantizar el patrocinio jurídico gratuito para todas las causas vinculadas con violencia de género, y debemos pensar los poderes judiciales de un modo más inclusivo que implique la utilización de un lenguaje claro.

-¿Cree que esas reformas se pueden lograr en el corto plazo?

-Es un proceso que depende de cambios en las 24 provincias y en el Poder Judicial Federal. Lo importante es que hoy son evidentes las consecuencias negativas de contar con estructuras de administración de justicia sin perspectiva de género. Esto no había sucedido nunca y es un reclamo de toda la sociedad. Los poderes judiciales son estructuras conservadoras y reticentes a los cambios, pero veremos qué sucede ahora que se demostró que las intervenciones deficitarias tienen como resultado femicidios. Algunos poderes judiciales están más dispuestos a repensarse que otros. En algunas provincias ya hemos dado capacitaciones a las cortes, pero, por ejemplo, la CSJN aún no aceptó cumplir con la ley Micaela. 

-En lo que va del año ya hubo más de 50 femicidios ¿Cómo trabajan para prevenirlos?

- Durante todo 2020 trabajamos con el Plan de Acción Contra las Violencias y pusimos en marcha el programa Acompañar y el Programa Interministerial de Abordaje de las Violencias Extremas junto a los ministerios de Justicia y Seguridad. El 2021 es el año de federalizar esas políticas y poder trabajar con cada provincia sobre un paquete de acciones imprescindibles para empezar el camino de la erradicación de estos hechos.

-¿Cómo están abordando el tema de cuidados desde el Ministerio?

-Pensamos seguir trabajando en la mesa interministerial que creamos en la que intervienen 14 organismos, entre ellos ocho ministerios nacionales. Este año vamos a presentar un proyecto de ley del Sistema Integral de Cuidados a nivel nacional y pensamos llegar a las 24 provincias con la campaña Cuidar en Igualdad, que ya se desarrolla en cinco. Antes de fin de año contaremos con un mapa federal de cuidados que tendrá a disposición todos los servicios para pensar políticas públicas que sirvan a todas las mujeres.