El pasado 20 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, declarado en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para fomentar el desarrollo y la justicia social como factores indispensables para el mantenimiento de la paz y la seguridad de los pueblos.

En tiempos de demandas sustantivas de la comunidad, el Estado debe desplegar todo su andamiaje catalizador para darles respuestas claras a esos derechos vacantes, que surgen, sin dudas, de las pronunciadas desigualdades transversales que ahogan toda posibilidad de liberación de los pueblos. En este sentido, son las políticas públicas reivindicatorias de los sectores más postergados a través de la decisión firme de un Estado dispuesto a rechazar sistemas de privilegios lo que puede inmunizar a la sociedad de odios y violencias. Hoy, más que nunca, evocamos el legado del General Perón y su gran proyecto emancipador para darle al pueblo argentino una vida más justa, una posibilidad denegada por años muy oscuros.

La calamidad de la pandemia ha dejado al descubierto una verdad flagrante: si las inequidades inscriptas en el seno mismo de nuestra sociedad no son combatidas con justicia social, la desigualdad se instituye en la subjetividad del pueblo y las demandas por derechos pueden convertirse rápidamente en violencia y antagonismo mediado por el odio al otro.

Por eso, los Estados del Sur global --endeudado y desfavorecido históricamente-- deben implementar, desde todos sus estamentos, políticas que eviten que la fractura de la desigualdad penetre aún más en nuestra matriz social. Y defender la igualdad no significa buscar la homogeneidad entre los sujetos, sino propiciarla en la conjunción entre la diferencia singular de cada persona y su inscripción en un proyecto colectivo emancipatorio; en un “todas y todos” que albergue la diversidad, la heterogeneidad y la pluralidad en una polifonía identitaria.

Lo cierto es que quienes nos comprometemos con un proyecto nacional y popular no podemos permitir una sociedad de privilegios y explotación. Debemos honrar la lucha de Evita por dotar al pueblo trabajador de sus derechos invisibilizados y recordar que allí donde hay una necesidad, habrá siempre un nuevo derecho por conquistar. Nuestra meta es lograr la justicia distributiva y que, de ella, surja una igualdad de diferencias en el mapa social de nuestro pueblo; una igualdad que no suponga uniformidad. Debemos proponernos una justicia social para las demandas del siglo XXI, una igualdad desde una perspectiva de género y en la observación profunda de lo interseccional.

Quienes, desde la función pública, nos comprometemos con el poder transformador de la política para dar respuesta a los sectores más desposeídos --y vulnerados históricamente cuando las elites gobiernan el Estado-- sabemos que nuestro desafío es bucear en el seno mismo de las desigualdades; allí donde se intersectan el origen, lo etario, el género, la formación, los cuerpos diversos. También sabemos que muchas de esas intersecciones son directamente invisibilizadas en épocas oscuras de gobiernos de minorías privilegiadas. En este sentido, nos urge revisitar hoy el concepto de justicia social para poner de manifiesto, por ejemplo, que el acceso a la justicia muchas veces no es igualitario para la heterogeneidad de las identidades del pueblo.

El Estado debe recomponer el tejido social sin excluir a nadie, otorgarles oportunidades a todas y todos en su más amplia diversidad y no desoír las nuevas demandas de este siglo para que Argentina pueda desarrollarse, pero con el pueblo incluido, con prioridad de quienes mayor apoyo necesiten. Esa debe ser nuestra brújula.

Nuestro horizonte debe ser una sociedad articulada por el principio rector de una distribución justa de los recursos: sin pequeños sectores exentos de tributar mientras las mayorías populares sufren por los alimentos, sin privilegiados cuyas decisiones especulativas puedan decidir sobre el acceso o no a las necesidades básicas de nuestras niñas y nuestros niños, sin endeudamientos impagables que postergan el futuro de varias generaciones de compatriotas. Un Estado fuertemente involucrado con una propuesta amplia de justicia social es un Estado que puede proponerle a su pueblo la mejor inmunización contra la violencia, el odio y la inestabilidad social. Esa es su función: un horizonte inclusivo para una Argentina emancipada, equitativa y plural.

Fernando Gray es intendente del Municipio de Esteban Echeverría.