La última vez que el organismo especializado de Naciones Unidas llegó al norte de los Valles Calchaquíes fue en octubre de 2018 con la Cátedra de Turismo Cultural de la Universidad de Tres de Febrero. Para entonces, ese espacio llevaba casi dos décadas de profundos procesos de transformación debido a nuevos usos de la tierra y el agua. Más conocida por “Cátedra Unesco”, propuso entonces el curso “El paisaje cultural del Alto Valle Calchaquí y sus componentes vitivinícolas”. El objetivo era analizar las posibilidades y oportunidades que ofrecía la región, sus circuitos del vino y viñedos de altura, para “preservarlos como motor de un desarrollo sostenible y recurso para la competitividad turística”.
En el taller que se desarrolló en el Museo Arqueológico de Cachi, los asistentes destacaron que el tramo salteño del Valle Calchaquí ya formaba parte de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial y que el Corredor Andino también contaba con sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad (Qapaq Ñan).
Las disidencias comenzaron por el municipio de Seclantás, que se plantó ante lo que interpretaron una inminente declaratoria de la Unesco. “Nosotros no queríamos que se visualizara Seclantás para que lo compren”, explicó a Salta/12 su intendente, Mauricio Abán. Con los antecedentes de la fragmentación de la tierra productiva en Cachi desde 2001; la experiencia de extranjerización desde 2003 en la Quebrada de Humahuaca fresca en la memoria; el Qhapac Ñan y su tramo en La Poma declarado Patrimonio de la Humanidad en 2014, los seclanteños decidieron no recibir a la comitiva que anunciaba su visita durante esas jornadas. Fue inusual e inesperado para los gestores y expertos foráneos. Los seclanteños colocaron carteles rechazando el proceso que sospechaban en marcha: bloquearon los accesos al pueblo y a los principales sitios patrimoniales.
“Fue un primer intento de unir al Patrimonio de la Humanidad con lo vitivinícola”, explicó la secretaria de Turismo y Cultura de Seclantás, Fernanda Funes. Contó que la comitiva de Unesco “trabajaba desde Buenos Aires sin el conocimiento de la gente”. La Fundación Grupo El Abra, presidida por Guadalupe Noble, apoyó las jornadas de la Cátedra. Explicó a Salta/12 que desde el municipio seclanteño “leyeron mal, tuvieron un prejuicio y es una discusión que hemos tenido. Ellos pensaron que buscábamos una declaratoria y nada más lejos”. En relación al proceso desarrollado por la Unesco en Quebrada de Humahuaca, a su entender “están arrepentidos por el manejo que tuvieron. Es uno de los malos ejemplos, porque agarró a los pueblos sin tener normas. Vinieron, los apabullaron y los pasaron por encima. La idea es que eso aquí no pase. Son regiones muy frágiles”.
Durante el taller de la Unesco sí se presentó formalmente al “Proyecto Alto Valle” financiado por la Unión Europea desde fines de 2017 y gestionado por dos fundaciones: Runas y Grupo El Abra. La UE busca desde entonces que cada municipio del norte calchaquí (La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás, Molinos) sancionen ordenanzas que regulen temas patrimoniales y de expansión urbana. Y a nivel provincial, una ley para la micro región en el marco de un Plan de Desarrollo Territorial. El documento final del curso publicado por la Cátedra Unesco cuenta que Guadalupe Noble informó a los presentes sobre un compromiso celebrado con la Provincia “para encarar diferentes acciones de mayor premura. Entre ellas: un Plan de Desarrollo Sostenible para el Alto Valle, una Ley (provincial) de Protección del Alto Valle, y ordenanzas municipales de protección del patrimonio cultural tangible e intangible”. Son temas presentes en la agenda 2021 de las comunas calchaquíes y del gobierno de Salta.
No somos un paisaje
Regresando a octubre de 2018, el jefe comunal de Seclantás contó que en esa ocasión batallaron “para que no se rompa el modelo vallisto. No queríamos ni queremos que se vendan nuestras tierras para destruir lo productivo”. No fue casual que Seclantás reaccionara de forma crítica. “Nos ofrecían un ordenamiento territorial en el que que ya trabajábamos desde el programa Lugares Mágicos”, detalló la secretaria de Turismo y Cultura. “Formamos grupos de trabajo muy aceitados donde aún hoy interviene activamente la comunidad. Coordinamos ordenanzas de patrimonio que incluyen tanto lo tangible como lo intangible”, detalló. A Lugares Mágicos lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo. El informe final que comenta la funcionaria fue presentado públicamente en octubre de 2019.
El taller internacional documentó la polémica generada en Seclantás con una sola foto en la página 47 de la publicación del curso. Una madera de cactus hace de soporte al mensaje: “No somos un paisaje”. Fue colgada superpuesta al cartel que anuncia al turista que está frente a la iglesia Nuestra Señora del Cármen de Seclantás. Hojeando el texto digitalizado, la imagen aún resulta simbólicamente poderosa. Advierte sobre disidencias que circulan entre los pobladores ante narrativas foráneas que suelen presentarse inocuas o sin polémicas locales a primera vista. En ese municipio, el ejercicio de la discusión con participación produjo escenarios inesperados. Reveló la existencia de hilos de discusión crítica entre la población calchaquí en torno a la trama ideológica adherida a conceptos como paisajes culturales, planificación, desarrollo y patrimonio. También, la poca presencia de comunidades indígenas en las discusiones.
Salta/12 consultó al director del Museo Arqueológico de Cachi, Diego Sberna, sobre las jornadas de Unesco de 2018. Además de ejercer un cargo público, Sberna es consultor para la Unión Europea dentro del Proyecto Alto Valle, y preside la Fundación Nahuel. “Hubo mucha confusión sobre el taller internacional. La gente pensó que venían a declarar al Valle patrimonio mundial”, opinó. Sin embargo, admitió que: “lo que pasó en Quebrada de Humahuaca fue un descontrol, pero no por culpa de Unesco sino por errores del gobierno de Jujuy. No consolidaron un equipo de gestión en territorio”. “¿Pero la declaratoria generó allí una corrida inmobiliaria?”, repreguntó Salta/12. “La especulación ya existía antes. Esos procesos se aceleraron a lo largo de aquella gestión que duró cinco años”. Sobre el Qhapaq Ñan en los Valles Calchaquíes aseguró que no guarda relación con Quebrada de Humahuaca, porque “el proceso llevó diez años y se creó una unidad de gestión local con miembros de las comunidades originarias”.
Miembros originarios de La Poma ganaron una licitación para brindar servicios a quienes trabajan en la restauración del Camino del Inca que forma parte del Qapaq Ñan. Ellos son la Comunidad Unión Diaguitas y Calchaquíes de El Rodeo. Su autoridad, Armando Salva, prefirió no opinar.
Comunidades diaguitas del norte calchaquí
Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la delegación de la Unión Europea en Argentina, respondió la consulta realizada vía mail por Salta/12. La indagación buscó aclarar si el organismo tiene en cuenta el Convenio 169 de la OIT en el “Proyecto Alto Valle”. Este tratado internacional ratificado por Argentina en 1992 obliga a realizar consultas previas, libres e informadas a comunidades indígenas sobre suelo nacional. La duda surgió al acceder a un borrador de anteproyecto de ley provincial generado por las fundaciones gestoras, en el que la ley 26.160 o la cuestión territorial indígena en el norte calchaquí no se mencionan. “Fundación Runas nos informó que las comunidades indígenas están invitadas a las consultas y a las convocatorias, como también lo está el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS)”, respondió el funcionario.
Héctor Fabián, delegado vocal por el Pueblo Diaguita Calchaquí en el IPPIS, contó que cuando las fundaciones se contactaron dejaron "en claro cuales deberían y deben ser las instancias de los diálogos. Además, si se habla sobre un abordaje territorial, las comunidades de nuestro pueblo diaguita tienen que participar”. En otro tramo aclaró que “si no se toma el camino de la participación efectiva a través del ejercicio del Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional, y los tratados internacionales, estarían violando los derechos de los pueblos originarios”.
Ulises Yanes, delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, advirtió que las fundaciones que gestionan el Proyecto Alto Valle, “se equivocan cuando creen que el organismo de consulta y participación del pueblo Diaguita Calchaquí es un organismo del Estado. Las convocatorias tienen que realizarlas al sujeto de derecho, o sea al Pueblo Nación Diaguita en Salta”. Yanes recordó que “el Estado Argentino ratificó el Convenio 169 de la OIT mediante la ley 24.071”. Sobre la iniciativa Alto Valle aseguró que se trata “de un proyecto inconsulto que afecta directamente nuestros intereses. Seguramente vamos a iniciar las acciones legales correspondientes. Claramente lo que está en juego son nuestros bienes patrimoniales. La neocolonización en los territorios se disfraza a través de fundaciones que continúan vendiendo espejitos de colores”, opinó. “Brindan pequeños proyectos para mostrar que están haciendo algo por los hermanos y hermanas, sin mencionar la cuestión de fondo que persiguen, que es la apropiación territorial. Esta más que claro que no hay voluntad de un diálogo intercultural genuino bajo el marco de derecho constitucional y de convenios internacionales”.
En el municipio Seclantás existen nueve comunidades diaguitas con personería jurídica: una en Brealito y las ocho restantes en Luracatao. Paulino Rueda, autoridad de la Comunidad Diaguita La Laguna, confirmó que hasta el momento ninguna de las fundaciones que gestionan el proyecto de la Unión Europea organizaron una consulta previa, libre e informada. “Nosotros ya realizamos el relevamiento territorial, tal como indica la Ley 26.160, porque vemos mucha presencia de extranjeros”, explicó. Rueda comentó además que existen diferencias entre las comunidades diaguitas en ese municipio, porque parte de ellas mantienen una buena relación con la intendencia. “Nosotros nunca tuvimos su apoyo. El intendente no vió con buenos ojos que realizáramos el relevamiento territorial de nuestra comunidad”.
Norberto López, autoridad de la Comunidad Diaguita de Patapampa y concejal (PJ) en el municipio seclanteño desde 2019, confirmó que el Concejo debatirá las ordenanzas que propone la UE. Sin embargo, guardó silencio tras preguntarle si la comuna realizó o realizará una consulta previa a las comunidades en el territorio.
La UE insiste en que su proyecto en el Alto Valle “no plantea temas legales, como la propiedad de las tierras, pero sí su posible uso sustentable”. Pierantoni explicó que “el diálogo involucra a las comunidades, para asegurar la sustentabilidad de los resultados, junto con el fortalecimiento de las estructuras sociales, y un marco de cooperación entre esas estructuras sociales y las autoridades públicas”. En mayo de 2017, la Unión Europea adoptó las recomendaciones de su Consejo de Asuntos Exteriores. En líneas generales, el informe “subraya la importancia de hacer frente a la discriminaión y la desigualdad basadas en el origen o la identidad.
