Tres manifestantes fueron asesinados el lunes en Myanmar, donde bancos, comercios y fábricas cerraron tras el llamado de los sindicatos a reforzar la huelga para asfixiar a la economía y presionar a la junta militar. Empleados públicos, agricultores y trabajadores del sector privado participaron junto a activistas en concentraciones prodemocracia en todo el país. Las protestas que desafían a diario la violencia de las fuerzas de seguridad ya dejan un triste saldo de al menos 50 muertos desde el golpe de Estado del primero de febrero.
Las tiendas, bancos y fábricas de Rangún, la mayor ciudad del país, cerraron el lunes luego de la convocatoria al paro general de 18 sindicatos porque "continuar con los negocios como de costumbre y retrasar una huelga general solo beneficiará a los militares mientras reprimen al pueblo de Myanmar".
El movimiento de desobediencia civil, impulsado al principio por trabajadores sanitarios, empezó días después del levantamiento militar y desde entonces se ha extendido por todos los sectores. "Los trabajadores de Birmania están preparados para tomar acciones que protejan la democracia y salven de la dictadura a las futuras generaciones", remarca el llamamiento de los sindicatos, ante el pedido expreso de "parar completamente la economía".
En la céntrica región de Myitkyina se oyeron varias detonaciones y manifestantes cubiertos de sangre fueron trasladados lejos de la zona de disparos, según imágenes difundidas en las redes sociales. Una religiosa católica, vestida con un hábito blanco, se arrodilló en plena calle y le suplicó a los policías que no disparara.
En Myitkyina dos personas murieron este lunes por disparos de la policía delante de una iglesia católica. En tanto en la ciudad de Pyapon, a unos 100 kilómetros al sur de Rangún, un hombre de 30 años fue alcanzado por una bala en el estómago y murió, según informó un testigo. Además, dos manifestantes fueron heridos de bala.
En paralelo, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del medio de comunicación Myanmar Now y se llevaron ordenadores, servidores de datos y una impresora, denunció su redactor jefe, Swe Win. "Somos la primera sala de redacción atacada por el régimen. Trabajamos con miedo, pero la irrupción en nuestra oficina confirma que la junta no tolerará en absoluto los reportajes sobres sus delitos", señaló.
Este lunes las minorías étnicas se sumaron a las protestas. Cerca de la ciudad sureña de Dawei, cientos de miembros de la etnia karen se manifestaron, agitando su bandera azul, blanca y roja y pidiendo "terminar con la dictadura". El cortejo fue escoltado por rebeldes de la facción armada Unión Nacional Karen (KNU), que se movilizó para proteger a los manifestantes contra una posible represión de las fuerzas de seguridad.
Además miles de mujeres participaron de las marchas en el Día Internacional de la Mujer. "Este movimiento de protesta pacífica, junto con el movimiento de desobediencia civil, ha visto a mujeres asumir una variedad de roles de liderazgo y se estima que el número de mujeres manifestantes es del 60 por ciento del total", apuntaron en un comunicado cinco asociaciones feministas.
Al menos seis mujeres murieron por la brutal represión ejercida por la policía y el ejército, mientras "muchas otras han sido detenidas de manera arbitraria y se hallan en alto riesgo de violencia, acoso y asalto sexual con un limitado o nulo acceso a protección legal", remarca el escrito, que recuerda el historial de violencia sexual de los soldados birmanos.
Lejos de dar un paso atrás, la junta militar advirtió a los funcionarios que quienes no se reincorporen al trabajo en los próximos días serán despedidos. Las fuerzas de seguridad se desplegaron el domingo por la noche en varios barrios de Rangún y ocuparon varios hospitales públicos de la capital económica. La ONG Physicians for Human Rights condenó la ocupación de hospitales, y dijo estar "consternada por esta nueva ola de violencia".
El sábado por la noche, las redadas apuntaron a directivos de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, detenida desde el primero de febrero. Varios fueron detenidos y un representante local del movimiento, Khin Maung Latt, fue golpeado hasta morir.
Los diputados que no reconocen la legitimidad del golpe de Estado y han creado un comité para representar al gobierno civil son culpables de "alta traición", delito sancionable con la pena de muerte o 22 años de prisión, advierten los militares.
Al menos 50 manifestantes han muerto y otros cientos fueron detenidos desde el golpe de Estado que derrocó a la Premio Nobel de la Paz de 1991. Los medios de comunicación públicos niegan que la policía y el ejército estén implicados en la muerte de civiles y afirman que "tuvieron que contener los disturbios de acuerdo con la ley".
El ejército por su parte justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ninguna trampa, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi.
Ante la frágil situación que atraviesa el país, los birmanos huyen. Unos cincuenta, incluidos ocho policías que se negaron a participar en la represión, llegaron a la vecina India, en cuya frontera se encuentra hacinadas decenas de personas.
