Con el foco puesto en las alarmantes cifras de femicidios que se acumulan en lo que va de 2021 --55 hasta el 7 de marzo-- este lunes se llevó a cabo una nueva movilización al Congreso de la Nación en el marco del quinto Paro Internacional Feminista. “El Estado es responsable” y “reforma judicial feminista”, fueron las principales consignas que se repitieron en una Plaza Congreso llena, donde además se levantaron reivindicaciones económicas ante la crisis desatada por la pandemia, reclamos por acceso a la vivienda con perspectiva de género y la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país.
La marcha fue multitudinaria, y se replicó en las principales plazas de todo el país. Los reclamos fueron los mismos, subrayados por la tremenda cifra de femicidios que se incrementa por el deficiente interés judicial por tomar decisiones antes de que ocurran, los mismos casos que ahora aparecen con sus nombres y sus rostros, en banderas, pancartas y remeras, como un doloroso compendio de que no se ha resuelto nada.
Gisela
Frente al edificio del Congreso de la Nación, sobre una de las rejas de la plaza, desde temprano en la mañana cuelga una bandera con nombres y apellidos de mujeres víctimas de femicidios. Arriba, se lee el nombre de la agrupación conformada por sus familiares que, otro año más, continúan buscando justicia: “atravesados por el femicidio”.
Gabriel López y Mercedes Zambrano son un testimonio vivo de una herida que desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso atraviesa la movilización de otro 8 de marzo más. López es hermano de Gisela López, asesinada en abril de 2016 a sus 18 años, en la ciudad de Santa Elena, Entre Ríos: “un pueblo de 25 mil habitantes que ya carga con tres femicidios, todos impunes”, arranca Gabriel. Desde ese pueblo vino a Buenos Aires a pedir justicia.
En 2017 la causa por el femicidio de su hermana fue elevada a juicio. Había cuatro imputados, acusados de secuestrarla a la salida de su escuela secundaria. Todos fueron absueltos por falta de pruebas. La familia apeló el fallo. La Cámara de Casación Penal provincial ordenó rehacer el juicio, pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la decisión original. Desde agosto de 2019 la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “estancada”, asegura Gabriel. Mientras tanto, no hubo ningún avance en la investigación, ni enfocada en los primeros imputados, ni en nadie más. Nadie sabe quién se llevó a Gisela.
“Ya desde el inicio la policía hizo muchas cosas mal. Cuando fuimos a radicar la denuncia dijeron que seguro Gisela se había ido con un macho". Así, sin más, "con un macho". Después, continúa Gabriel, "largaron hipótesis falsas, embarraron la cancha diciendo que estaba en Buenos Aires, en Concordia o en Santa Fe. Terminó apareciendo muerta 18 días después a 120 metros de casa”.
Desde abril de 2016, menos de un año después de la primera y multitudinaria marcha de Ni Una Menos, la familia de Gisela aguarda justicia. O que al menos se vuelva a abrir la investigación. "Me estudié todos los expedientes, los fallos de las tres instancias, llevamos la causa casi sin ayuda", advierte Gabriel, quien hace unos meses buscó asesoramiento en un estudio de abogados: "olvidate, esto va a quedar impune", relata que le dijeron. Este lunes el "Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven" presentó una actualización al 7 de marzo de las cifras de femicidios de 2021: son 55 las mujeres asesinadas entre enero, febrero y lo que va de marzo, con un promedio de un femicidio cada 29 horas.
Adriana Marisel
Mercedes Zambrano es hermana de Adriana Marisel Zambrano, asesinada en Palpalá, Jujuy, en 2008. El femicida fue su ex pareja y padre de su hija, quien por entonces tenía nueve meses y estuvo presente al momento del crimen. En el caso de Zambrano sí hubo condena. En 2009, fue sentenciado a cinco años de prisión por “homicidio preterintencional”, pero pasó solo dos y medio preso: fue liberado por buena conducta.
Entonces, la Justicia decidió ordenar un régimen de visita normal para que el hombre pudiera ver a la hija: “como si fuera un divorcio común”, explica ahora Mercedes en Plaza Congreso, y agrega que “la nena volvía vomitando, se sentía mal, era testigo de como el padre violentaba a otra mujer”. En efecto, otras dos mujeres denunciaron al hombre por violencia de género y al día de hoy se encuentra prófugo, según cuenta Mercedes.
Después de años de lucha, la familia logró que la nena quedara bajo la tutela de su abuela, la madre de Marisel. Ahora, ella quiere sacarse el apellido del padre y el trámite se encuentra esperando en la Justicia. Como si fuera poco, en 2018, el femicida presentó una medida cautelar y la Justicia obligó a Mercedes a dejar de decir públicamente su nombre: “la medida ya caducó, pero todavía tenemos miedo de nombrarlo, díganlo ustedes”, pide Mercedes. José Manuel Zerda, así se llama.
Reforma judicial feminista
Mientras Gabriel y Mercedes cuentan sus historias, por los altoparlantes de la Plaza Congreso se escucha la voz de una mujer que lee el pliego de demandas del paro. Además de pedir por la “Ley de Emergencia por violencia de género” y “más presupuesto en cada una de las instancias y programas dedicados a prevenir y enfrentar la violencia”, se exige “reforma judicial feminista, paridad en la Justicia, elección popular de jueces, juicio por jurados, aplicación efectiva de la Ley Micaela”.
“Reforma judicial feminista", es lo que se lee en buena parte de las banderas y carteles que rodean la plaza y que recuerdan los casos en los que el Estado supo y no actuó. El asesinato de Ursula Bahillo, paradigmático por la cantidad de instancias en las que la vida de la joven de Rojas pudo haber sido salvada, es uno de los más mencionados por quienes concentran frente al Congreso.
Mercedes opina que "el Estado es responsable y la Justicia tiene que reformarse”. Además, agrega que "las leyes que están no se cumplen: la Ley Micaela no se cumple, la Ley Brisa tampoco", enumera. Por su parte, Gabriel se lamenta porque "seguimos luchando y no dejan de sumarse muertes, aún en casos donde la víctima denunció y la Justicia está al tanto. Parece que no quisieran hacer nada".
“La deuda sigue siendo con nosotras”
En cada uno de los paros feministas se levanta una consigna clara: “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. El lema se lee también en los carteles de la movilización de este lunes. Es que la cuestión económica atraviesa de cabo a rabo el paro. “Igual trabajo, igual salario", dice una bandera. "Somos parte fundamental del PBI invisibilizado", exhibe un pasacalles de La Garganta Poderosa.
Por los altoparlantes se vuelve a escuchar: “Paramos para reclamar autonomía económica porque vivas, con tierra, con vivienda y desendeudadas nos queremos". “Soportamos las tareas de cuidado en las casas y en los territorios, más bajos salarios y más desocupación”, explican. Además, se exige “investigación y desconocimiento de la deuda externa ilegítima y fraudulenta del FMI contraída durante la gestión de Macri”.
Cerca de las 19, desde un escenario montado en Rivadavia y Entre Ríos, se da paso a la lectura de un documento elaborado por la "asamblea independiente de mujeres y diversidades", al que adhieren las organizaciones de mujeres de los partidos de izquierda. “La deuda sigue siendo con nosotras”, anuncian desde el escenario, para retomar la consigna levantada en 2020 y reafirmar el pedido de desconocimiento de la deuda macrista. Entre otras cosas, desde la asamblea reclaman "no más ajuste, hambre, femicidios, travesticidios y crímenes de odio", además de "vivienda, trabajo y salario".
Por la mañana del lunes, dirigentes de todas las centrales sindicales y de la economía popular del país realizaron una conferencia de prensa frente al Monumento al Trabajo en la que, entre otras cosas, señalaron que "la deuda es con nosotras, es imprescindible superar el condicionamiento de la deuda contraída de manera fraudulenta por el Gobierno anterior", y exigieron "remover obstáculos que excluyen del empleo a mujeres y diversidades: ley de cupo y políticas de inclusión laboral travesti-trans".
También la problemática del acceso a la vivienda estuvo presente en el 8M. “Exigimos urbanización de las villas y barrios populares con perspectiva de género", se reclamó en el pliego. En horas del mediodía, frente a la Legislatura porteña, el Colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones realizaron una "conferencia feminista en reclamo al Gobierno de la Ciudad". Allí, además de exigirse la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades con "políticas públicas eficaces y con presupuesto para erradicar las violencias", se pidió la declaración de "emergencia habitacional".
Por la tarde, la Comisión de Mujeres de la toma de Guernica, desalojada en octubre de 2020, realizó un corte en el Obelisco para denunciar que aún continúan sin respuesta a sus problemas habitacionales: "Tierra, vivienda y trabajo genuino para todas", pidieron y reclamaron "solución ya para las familias de Guernica, Los Ceibos, Rafael Castillo y todas las tomas".
