El secretario general del Gremio del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, se reunió con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de Los Ríos, y el director de Hidrocarburos, Pablo Guantay, para informarles de la situación que están viviendo unos 500 trabajadores de Campo Durán por la falta de inversiones en ese yacimiento.
El sindicalista dijo a Salta/12 que debido a la baja producción tanto de gas como de crudo en la cuenca, “la única refinería que queda es la de Campo Durán” en manos de Refinor, y cuya continuidad corre serio riesgo. “Ahí falta materia prima, se fue perdiendo gradualmente y la planta que procesa nafta, gasoil está trabajando 8 días de los 30”, explicó Barrios. Y de las plantas de gas que había en esa explotación, solo una está en servicio y en 2020 solo operó 90 días.
El sindicalista tambien dijo que uno de los activos de la empresa es un poliducto que lleva combustibles terminados desde esa zona hasta Monte Cristo, en Córdoba. Pero agregó que se tomó la decisión de revertir el sentido del flujo “y ahora el producto viene terminado desde Córdoba hasta aquí”, lo que pone en riesgo una gran cantidad de puestos laborales. "Ahí podría intervenir la provincia para defender ese agregado de valor salteño”, señaló.
Actualmente se producen 800 metros cúbicos de crudo “y de esos, solo 600 quedan para refinar en la cuenca, hay 200 que se van fuera de la provincia fundamentalmente, por una cuestión de precios”, contó Barrios, y detalló que muchos se van a “refi Pymes” de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, y respecto de otros se están haciendo gestiones para irse a Bolivia, “que por el tema del dólar se hace imposible competir con lo que pagan en ese país”.
Barrios solicitó a los funcionarios provinciales conformar una mesa amplia de crudos en la que participen las empresas operadoras, las refinadoras y las distribuidoras de combustibles junto a los representantes de los trabajadores y el estado municipal, nacional y provincial ,y de esa manera pensar estrategias en conjunto para atraer inversiones, defender los puestos laborales y fijar una política de precios.
Según se supo, en el encuentro con funcionarios de la provincia, De Los Ríos aseguró que en un plazo no mayor a diez días se estaría generando esa reunión de una mesa de crudos, que ya se había conformado en gestiones anteriores pero a la que "no asistieron todos como, por ejemplo, el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía”. Barrios consideró que lo que necesitan precisamente es esa presencia, “no para subsidios, sino para que regule los precios de la materia prima”.
El sindicato de trabajadores del Petróleo y el Gas tiene alrededor de mil afiliados, mientras que entre personal jerárquico, eventuales y con algún otro tipo de convenios, se estiman unos 3.000 empleados en el sector del petróleo en la provincia. Es decir que podría representar un punto porcentual en el índice de desocupación de Salta si es que este rubro se cae definitivamente.
Sin embargo, el representante gremial aclaró que no es solo una problemática salteña, ya que en Caimancito, en la vecina Jujuy, la empresa operada por capitales estatales Jujuy Hidrocarburos Sau, “de surgencia natural”, es decir que no necesita explotación mecánica para extraer el crudo, tiene problemas con “algunos abogados ambientalistas que presentaron medidas cautelares para el cierre definitivo de ese yacimiento”. En ese lugar trabajan al día de hoy 30 personas.
El petrolero informó que allí lo que debe cumplirse es el acuerdo firmado para el cierre gradual del yacimiento, “conforme a que vaya generando dinero para ese trabajo, porque hay que tener plata para hacer ese abandono de pozo”, y aseguró que con la baja producción que se consigue no están en condiciones de hacerlo.
Por último, añadió que el conflicto más importante en la región es el de Palmar Largo, en Formosa, "ahí hay 60 trabajadores salteños que son mano de obra calificada”. Añadió que allí, la empresa estatal REFSA incumplió el DNU nacional que prohibía los despidos durante la emergencia y el pasado 28 de febrero despidió a 30 trabajadores, “esto está denunciado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero hasta la fecha no fuimos convocados ni siquiera a una audiencia de conciliación”, indicó Barrios.