El hecho ocurrió a fines de febrero en Misión La Paz, pueblito ubicado en la jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este. Según la denuncia original y la ampliación, dos gendarmes intentaron subir por la fuerza a una joven de 24 años a un auto. En ese momento, la joven había denunciado a Sergio Denis, de 43 años, y a Camilo Alberto Cardozo, de 32, en la comisaría local, y el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió y obtuvo la detención de ambos, acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa y lesiones en perspectiva de género. Gendarmería Nacional los pasó a disponibilidad mientras dure la investigación y se llegue a una sentencia definitiva.

Ahora la denunciante, que en ese momento logró escaparse de sus agresores, aseguró que recibe presiones de un cacique de la comunidad, Víctor González; de la secretaria de Hacienda del ejecutivo municipal victoreño, Julieta Catardo, y del abogado de los gendarmes, Juan Carlos Sánchez, para "negociar económicamente y levantar su denuncia".

De hecho, la joven se presentó espontáneamente el pasado viernes 5 en la fiscalía de Cazón, en Salvador Mazza, acompañada de Catardo y allí dijo que no recordaba lo que había sucedido porque había entrado en estado de “shock”. El fiscal hizo constar que quien la había llevado era la secretaria de Hacienda municipal, “pariente del intendente de Santa Victoria Este”, consta en el acta 36/21 de ratificación de denuncia.

Sin embargo, unas horas más tarde, la misma joven se presentó en la Oficina de Violencia Familiar y de Género de Tartagal pidiendo ayuda e informó ante la prosecretaria letrada y una psicóloga de esa dependencia que había rectificado la denuncia original por presión, ya que temía por su vida, la de su familia y de su hijo.

La denunciante expuso ante esa dependencia de la justicia que luego de haber realizado la primer denuncia, González se presentó en su casa para hablar con su padre y allí le habría dicho que “el jefe de Gendarmería de Misión La Paz dijo que podían hacer un arreglo económico con los presos”, para que la cosa no pase a mayores, ya que como no tenían abogados les iba a ser difícil.

Ante la negativa del padre de la joven, el cacique se retiró, pero unos días más tarde, el 4 de marzo, según el relato de la denunciante, se presentó la secretaria de Hacienda municipal y les dijo que el fiscal de la causa la había citado para que fuera a ratificar la denuncia. Ante los estos dichos, la joven accedió y viajó esa misma noche primero hasta Santa Victoria Este, donde durmió en la casa de Catardo, y al otro día, a la ciudad de Tartagal, donde se alojaron en un hotel.

En ese lugar, luego de que Catardo hablara por teléfono las buscaron dos hombres en una camioneta blanca, Catardo no respondió a sus preguntas sobre la identidad de esas personas y una de ellas comenzó a preguntarle sobre la denuncia "hostigándola a que la deje sin efecto". Al arribar a Salvador Mazza, Catardo le habría comentado que quien le hablaba era el abogado de los gendarmes que intentaron secuestrarla, Juan Carlos Sánchez, e insistió para que cambie su denuncia, diciéndole que si no lo hacía, sus padres quedarían presos, “si cambiás todo el contenido vas a estar tranquila “, le dijo y también le aseguró que los gendarmes se irían al sur del país.

La joven aseguró que “por temor” a que le hicieran algo al salir de la fiscalía, estando sola en la ciudad con desconocidos, decidió acceder al pedido y cambió sus dichos ante Cazón, pero de regreso a Tartagal, la secretaria de Hacienda de Santa Victoria Este le pidió que la esperara en casa de unos parientes ya que ella tenía una reunión y la joven aprovechó para escapar en un remís y se dirigió a la dependencia de la Oficina de Violencia de Género, donde denunció lo ocurrido y regresó hasta Misión la Paz por sus propios medios.

Un día después realizó la exposición en la comisaría local acompañada por el cacique del Pueblo Chulupí Alejo Gallardo, vocal del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). El referente originario le solicitó al fiscal Cazón que tome medidas urgentes contra el cacique González, la funcionaria municipal y el abogado mencionado.

Ayer la denunciante volvió a entrevistarse con Cazón, ante quien ratificó el relato realizado en la Oficina de Violencia de Género de Tartagal. El funcionario del Ministerio Público Fiscal, confirmó a este medio lo sucedido e informó que los gendarmes aún están detenidos y que las autoridades nacionales les pusieron en disponibilidad. El fiscal también dio fe de que él mismo vio a Julieta Catardo, a quien conoce, acompañando a la joven víctima.

“Esto afecta directamente a la investigación”, manifestó el fiscal, y aseveró que investigará a cada una de las personas y las situaciones denunciadas, y que pedirá al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados que investigue la acción del abogado defensor.

Mientras que para Gallardo, queda de manifiesto que existió connivencia entre los gendarmes, sus abogados y la funcionaria municipal; de ésta última aventuró que fue “quizá para no tener problemas con el poder y la autoridad de los gendarmes”. Asimismo, dijo que habló con el comandante de Gendarmería de Aguaray, Marciano Álvarez Páez, y que éste le manifestó que si dudaba de alguna autoridad local de esa fuerza, que pidiera también que se la investigue.