El 31 por ciento, apenas, de los cargos más altos del sistema judicial argentino está ocupado por mujeres, aunque lo conforman en su mayoría, con el 56 %, mientras que sólo un 44 % logró acceder a puestos de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a, proporción que aumentó unos escasos 5 puntos porcentuales en los últimos diez años: “Pasó de 39 % en 2011 a 44 % en 2020, sin alcanzar aún la paridad de género. Por el contrario, para 2020 las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61 % y 60 %, respectivamente)”, describe la última versión del Mapa de Género de la Justicia Argentina, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, donde se revela una inequidad de género ampliada y extendida a todos los poderes judiciales, nacionales y provinciales, sumado a que durante 2020 los consejos de la Magistratura provinciales y de Nación contaron con 206 consejeros y consejeras, de los cuales 73 (35 %) eran mujeres y 133 (65 %) varones. “Al analizar la distribución de las mujeres por fuero y materia, se observa que la segregación no fue sólo vertical sino también horizontal, ya que los varones tendieron a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, las materias con mayor poder político y vinculadas con lo público -describe el informe-, mientras que las mujeres lograron mayor presencia a nivel de la magistratura en las temáticas más vinculadas con el cuidado (seguridad social, trabajo y derecho civil).”
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