Empleados y clientes de los bancos Macro e ICBC en Reconquista se sorprendieron ayer cuando Agentes de Investigación Criminal irrumpieron para allanarlos y secuestrar cajas de seguridad a nombre de directivos de la firma Vicentin SAIC, en concurso de acreedores desde hace un año, con una cartera a devolver de 1.400 millones de dólares. Pero estos allanamientos que ayer ordenó el fiscal penal de Rosario Miguel Moreno van en busca de documentación y efectivo como prueba de unos 791 millones de dólares que el Banco Nación le otorgó a la agroexportadora y que entre agosto de 2019 y enero de 2020 se esfumaron del patrimonio empresario a través de 1418 transferencias bancarias que detectó en su momento el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa penal paralela por asociación ilícita y estafas de al menos ocho directivos de la empresa concursada.

Esa es la causa que retomó Moreno, a partir de la denuncia que la Unidad de Información Financiera (UIF) radicó ante el juez porteño en lo criminal Julián Ercolini, y de la denuncia complementaria de julio pasado en Rosario, por parte de un grupo de acreedores con el Banco Nación a la cabeza. Por eso ayer mandó a policías de AIC a "asegurar pruebas". Además de los bancos de Reconquista, también hubo otro allanamiento en una sucursal del banco Santander en San Lorenzo, en la que Vicentin opera para su planta de Ricardone.

El fiscal Moreno intenta contener los movimientos financieros de la compañía, que siguió operando y endeudándose cuando sus directores ya sabían que el default estaba al caer y que el destino concursal o la quiebra eran la próxima escala. No trascendió el detalle de lo que el fiscal encontró en las cajas de seguridad, pero sí que hubo documentación relacionada con esos últimos meses críticos del vaciamiento de Vicentin. Moreno entonces, insistirá en saber el destino de los dineros detraídos del flujo financiero de la mayor cerealera de capitales nacionales del país. 

Desde Fiscalía se informó de manera oficial que los tres procedimientos policiales obedecieron a una “medida cautelar sobre el giro administrativo de la empresa, a los efectos de que administrativamente no puedan generar ningún movimiento que implique la dilución de algún bien, de transformación del paquete societario, de modificación del capital social, ocultamiento de alguna información documental que pueda estar en algún archivo digital y pueda ser modificado”.

En otro plano, el Banco Nación –el principal acreedor del default– comunicó ayer su respaldo a la propuesta elevada a la sindicatura del concurso de acreedores por parte de unos 70 acopios, cooperativas y productores que quieren cobrar. Proponen capitalizar sus acreencias y tomar en conjunto el control accionario de Vicentin SAIC para evitar su quiebra y desguace.