"El monotributo se pensó como un esquema de transición de la informalidad a la formalidad y terminó siendo un mecanismo de subdeclaración de contribuyentes por parte de algunas entidades", indicó Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fue al defender el proyecto sobre las reformas al régimen simplificado de monotributo ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Marcó del Pont indicó que la propuesta que presentó AFIP viene a resolver una problemática estructural y otra coyuntural.
Estructuralmente, indicó que hay 3.7 millones de monotributistas; y el número tiende a aumentar porque hay desincentivos tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar al pasar del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo) al Régimen General (contribuyentes alcanzados por IVA e Ingresos Brutos). "Para el que viene del monotributo, pasar al régimen general es un salto al vacío", resumió la titular de AFIP.
En este sentido, el proyecto de ley que el Gobierno nacional envió al Congreso plantea un esquema de actualización de los topes de las categorías y crear un puente entre el régimen de monotributo y el de trabajadores autónomos, para que el traspaso no sea tan abrupto.
En términos coyunturales, se refirió a la suspensión de la exclusión automática de quienes sobrefacturen los montos del monotributo que rige desde 2019: "Esta medida vencía en febrero de 2020 y luego vino la pandemia. Se mantuvo, pero nos encontramos que hay muchos contribuyentes que deberían haber salido del monotributo y se encuentran devengando deudas", explicó. El organismo estima que son aproximadamente veinte mil contribuyentes.
En respuesta a este problema, el proyecto de ley establece que aquel monotributista que se haya pasado hasta un 25 por ciento de la facturación se le va a ofrecer la oportunidad de volver a la categoría del monotributo. Si facturaron más del 25 por ciento, se les ofrece por única vez una quita de alrededor del 93 por ciento: deberían pagar el 7 por ciento de la deuda acumulada sin intereses.
Finalmente, Marcó del Pont señaló que, además de a los contribuyentes, el proyecto también beneficia al Estado ya que la administración tributaria va a disponer de mucha más información sobre las operaciones entre monotributistas y responsables inscriptos de IVA, porque se incrementa el control por oposición.