El fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López decidió imputar a Jorge Omar Méndez, ex gerente del Hotel Termas, ubicado en Rosario de la Frontera y que tiene la explotación en manos del Estado provincial, por administración fraudulenta y disposición de bienes en perjuicio del hotel.

Rodríguez López, inició la investigación por una noticia criminis en el mes de octubre de 2020, cuando los trabajadores de ese establecimiento comenzaron a denunciar acoso laboral por parte de Méndez, y pedían una auditoría ya que aseguraban que habían desaparecieron arañas artesanales de bronce y parte del mobiliario histórico del establecimiento. Pero también indicaban que las sumas millonarias destinadas a realizar reformas “resultaron disfuncionales”.

Entre otros, indicaron que el gimnasio estaba vacío, los baños con pérdidas “y los techos se estaban cayendo”. En ese momento, los empleados comenzaron con protestas y movilizaciones que terminaron con el desplazamiento del gerente en noviembre pasado, y su lugar lo ocupó el licenciado en Turismo Pablo Epstein.

Para el fiscal, a lo largo de las tareas investigativas se pudo comprobar que el ex gerente realizó actos de disposición de fondos que provenían de su trato directo con agencias de turismo. Detalló que recibió declaración testimonial de trabajadores, personas vinculadas al hotel, que se solicitaron informes a empresas de turismo y se realizaron allanamientos “que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para abrir el decreto de imputación”. Sin embargo se negó a brindar más detalles como el monto de las operaciones o el costo de los bienes desaparecidos debido a que está pidiendo “medidas” que aún no puede hacer públicas “para preservar la investigación”.

Jorge Méndez, quien estaba al frente del hotel desde el 2012, se presentó junto a un abogado particular y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

Kila Gonza a juicio

Finalmente el Juzgado de Garantías 5, resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad de juicio y sobreseimiento presentados por la defensa del ex intendente de San Lorenzo, un ex secretario y un ex concejal.

De esa manera, Ernesto “Kila” Gonza deberá enfrentar el juicio que lo tiene como imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público en cinco hechos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.

Lo acompañarán el ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos de los hechos, y el ex concejal y hermano del ex jefe comunal, Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.

La fiscal Penal Verónica Simesen de Bielke, había pedido la elevación a juicio en octubre del año pasado tras las denuncias que realizó el actual el intendente, José Manuel Saravia Arias, junto al ex presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris. A su vez la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, había sumado distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos.

En junio del 2020, Simesen de Bielke decidió imputar a Gonza tras la denuncia de Saravia, quien había realizado una auditoría privada a la que luego se sumó el resultado de la provincia. Entre otras cosas, el ex jefe comunal incumplió las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin rendir las cuentas correspondientes al finalizar su mandato.

En la investigación se descubrió que el intendente había realizado un contrato de cesión de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo por el plazo de 99 años en su beneficio, a cambio de una suma de dinero irrisoria.

Mientras que al secretario de Hacienda también le imputó haber incumplido las normativas al haber dispuesto de los recursos municipales. Entre el 2017 y el 2019, retiró del erario público la suma de $ 3.701.724, con recibos a sola firma que indicaban entre otras cosas, que se realizaban actos de campaña, o la compra de decenas de tablets, cámaras de foto y hasta una camioneta que luego desaparecieron del municipio.

Por último, Simesen de Bielke involucró al hermano de Kila Gonza, Aldo Dalmiro Gonza, en ese momento concejal, ya que figura como uno de los firmantes de esos recibos internos sin valor legal y que luego no fueron rendidos como corresponde, por un valor de $539.215 también entre el 2017 y el 2019.

La auditoría externa ordenada por el actual intendente también encontró inconsistencias en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes. Para el trimestre abril, mayo y junio del 2019 las extracciones hechas por la suma de $11.514.135, no se registraron en el sistema informático.

La investigación detectó irregularidades en que el cobro de las tasas de construcción, que figuraban impagas “por falta de ingreso efectivo del dinero”, pero con una situación regularizada en el sistema tributario municipal.

El 31 de agosto del 2018, constató que habían ingresado en concepto de derechos de construcción más de $2 millones abonados en cheques de pago diferido, pero que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, solo se depositó uno de los cheques y fue rechazado por falta de fondos, además de figurar como pagado en el sistema.

También la investigación determinó la inconsistencia en la recepción y destino de fondos nacionales que llegaban a través de programas de asistencia social para obras a una cuenta del Banco Nación, y que nunca se concretaron.

El Juzgado de Garantías 5 remitió la causa a la mesa distribuidora para el sorteo del Tribunal.