El fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la investigación en la causa por extorsión y violencia económica, una de las más importantes que lleva adelante Dolores Etchevehere contra sus tres hermanos varones y su madre por su transversalidad con el resto de las causas, pidió la indagatoria de Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y Leonor Barbero Marcial. 

En un dictamen de 28 páginas, el fiscal ratificó el encuadre jurídico de violencia de género como pilar que sostiene la mayor parte de los hechos que denuncia Dolores y hace foco en la utilización del “prestigio social y capital simbólico” de la familia Etchevehere, es decir su red de poder y vinculaciones político judiciales, para influir en las decisiones de instituciones involucradas a nivel provincial, y al mismo tiempo manipular la voluntad de Dolores Etchevehere.

Un acuerdo asfixiante

Una de las principales conclusiones que saca Delgado a partir de la investigación es que Dolores fue sometida a "un mecanismo de intimidación derivado del uso particular del sistema institucional, para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica, suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria” infringiendo previsiones del Código Penal y de la ley de protección integral de la mujer.

El acuerdo privado de división de bienes fue el caballito de batalla de la narrativa que los hermanos Etchevehere construyeron contra su hermana y que además utilizó la jueza Castagno para ordenar el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva en octubre de 2020. 

En este sentido, el fiscal insiste en que el acuerdo privado no surtió efectos jurídicos y, en efecto, la sucesión de Luis Félix Etchevehere aún se encuentra indivisa. Por lo tanto, Dolores Etchevehere no recibió dinero por el acuerdo privado y tampoco integra el grupo de personas que administra los bienes sucesorios que aún no se distribuyeron: “el objetivo de todas las maniobras es conseguir una actuación de Dolores Etchevehere en ese expediente “a medida” de sus hermanos y su mamá", aclara el fiscal.

Como nota de color, el fiscal probó que el documento que cede su parte de las Margaritas a una constructora creada en 2014 carece de validez porque Dolores Etchevehere no se encontraba en la ciudad de Paraná en la fecha que figura en el documento oficial. La prueba la aportó la compañía telefónica Claro que rastreó la localización del celular de la supuesta firmante.

Violencia de género

Una de las superestructuras que se identifican en el dictamen tiene que ver con el encuadre jurídico por una situación de violencia económica tal como la define la ley 26.485 de protección integral a las mujeres.

Delgado identificó a las instituciones estatales y sus funcionarios como artífices de la violencia contra Dolores: “El termómetro que edifica la intimidación está dado por las respuestas informales de las autoridades provinciales a las que recurrió. Todas ellas trataron de disuadir su reclamo invocando el prestigio social y el capital político y simbólico de su familia. Ello prolongó su asfixia económica y se tradujo en un poder asimétrico dirigido a conseguir un acuerdo sucesorio a medida de los imputados”. 

El dictamen elaborado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra a la espera de la resolución del juez Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. De aceptar las peticiones del fiscal, el expediente pasaría a la justicia federal de Entre Ríos donde deberán tomarse las declaraciones indagatorias.

Finalmente, el dictamen da cuenta de todas las causas abiertas en las distintas jurisdicciones y su estado procesal. “Todos aquellos conflictos judicializados están atravesados por un rasgo común, ya que terminaron rápidamente o se prolongaron indefinidamente en el tiempo. Además, aparecen envueltos en mediaciones informales entre los actores directos de los juicios y determinadas autoridades institucionales de la provincia de Entre Ríos”, en otras palabras lo que Dolores Etchevehere, sus abogados Facundo Taboada y Juan Grabois y el Proyecto Artigas definen como “pactos de poder”.

Desde el hecho político protagonizado por Dolores Etchevehere y Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva, se trata del segundo pedido de indagatoria a la familia Etchevehere. La primera fue en el marco de la causa por estafa y vaciamiento de El Diario de Paraná. El próximo viernes 12 de marzo será indagada la madre, Leonor Barbero Marcial. Luego, el juez Carlos Ríos estará en condiciones de dictar el procesamiento.