El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal comenzó el proceso contra ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, Julio César Castro, condenado a más de seis años de prisión por haber abusado sexualmente de su ex pareja, quien lo denunció en 2017. Al fiscal se le atribuyen diversos actos de acoso sexual y laboral, y maltratos reiterados hacia distintas trabajadoras que tenía a su cargo. El jury fue recomendado por la fiscal de instrucción que llevó adelante la investigación encargada en 2017 por Alejandra Gils Carbó, por entonces titular de la Procuración General de la Nación. Luego de las audiencias previstas hasta el 30 de marzo, el Tribunal tendrá 15 días para decidir si absuelve o destituye al fiscal. Las denunciantes en la causa reclaman “la remoción, que es la única forma de reparar el daño que provocó” y piden que el proceso se lleve a cabo "con perspectiva de género".
En noviembre del 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°8 condenó a Castro, titular de la Fiscalía N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, a seis años y seis meses de prisión por hallarlo culpable de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas”, y por mediar violencia de género, contra su ex pareja, que había radicado la denuncia ante la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia en 2017. La causa está ahora en manos de la Cámara de Casación, por lo cual la condena todavía no está firme.
Dos años antes de este episodio, en 2015, el fiscal ya había recibido una denuncia en su contra cuando una trabajadora de la Fiscalía que el tenía a cargo se presentó ante la Justicia para declarar haber sido víctima de Castro en distintos episodios de maltrato y acoso en el ámbito laboral. A partir de esta denuncia, otras 12 mujeres declararon haber sufrido diferentes situaciones -de acoso o maltrato en el ámbito laboral- que fueron acumuladas en el expediente con el que carga el fiscal.
Por estas denuncias Gils Carbó le encargó a Laura Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata, que investigue los hechos. En el informe que entregó a fines del 2017, la fiscal marplatense determinó que existe “un patrón de acoso por parte del sumariado” y consideró que “la gravedad de estos hechos se funda en su reiteración o continuidad durante un término prolongado, en la cantidad de víctimas y en el daño en su salud y en cómo repercutió en el ámbito laboral”. Esta descripción forma parte de la resolución que emitió el Procurador Eduardo Casal en 2019, cuando estableció la suspensión del fiscal de su cargo público y la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, proceso que comenzó este martes 9 de marzo.
“Trabajar para Castro era ser sumisa, hacer todo lo que él decía”, relató a este diario una de las denunciantes, que pidió resguardar su identidad. “Yo me recibí en 2007 y en 2008 entré a trabajar con él. Tenía 24 años y por supuesto lo admiraba, aprendía un montón”, agregó la mujer y precisó que el fiscal “reproducía todos los patrones patriarcales: nos miraba el culo y las tetas, y había que bancarse los comentarios porque al menos en mi caso yo tenía un cargo interino y todo el tiempo estaba la amenaza de no renovarme el contrato. Así estuve cinco años”. El 26 de marzo la denunciante deberá volver a declarar, tal como deberán hacer todas las involucradas en la causa, ya que la defensa de Castro presentó un recurso para reclamar por la imposibilidad de la repregunta durante las declaraciones, ya que en 2017 las mismas se hicieron a través de cámara Gesell.
“Para las denunciantes es angustiante volver a declarar, porque la defensa trata de meterse en la vida personal de la víctima, cuando lo que se está discutiendo son los hechos de acoso que llevó adelante Castro”, explicó Paula Mañueco, compañera de trabajo de la primera denunciante, y relató que su amiga “por fin está mejor y pudo volver a estabilizarse laboralmente”. Por su parte, el fiscal se encuentra suspendido y con una licencia psiquiátrica. “Pedimos la destitución -o remoción- del fiscal para que no pueda volver a ejercer ni cobrar una jubilación de privilegio”, señaló Mañueco y aclaró que Castro “no tiene las condiciones éticas para tener un cargo público”.
La primera denunciante, que esta semana volverá a declarar durante el juicio, relató ante la fiscal Mazzaferri que “Castro hacía sentir incómodas a muchas otras personas que trabajaban con él, porque imponía su autoridad y lo hacía notar”. En uno de los episodios que se describen en la resolución de la Procuración, la denunciante relata que el fiscal le hacía llevar los escritos a su oficina, y al ingresar “le dijo que estaba 'muy flaquita' y 'muy linda' ”. Para confirmar el sumario, Mazzaferri tomo declaraciones a trabajadores y trabajadoras de las diferentes fiscalías por las que pasó el magistrado. “Tiene prácticas sistemáticas de acoso desde 1997, siempre haciendo abuso de su jerarquía”, advirtió Mañueco. Este “patrón de conducta”, según escribió la fiscal en el informe de su investigación, “permite describir al sumariado y contextualiza el resto de sus comportamientos”.
En 2016, cuando Castro solicitó el cargo de juez de Cámara, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación tuvo en cuenta la denuncia de la mujer, junto con otra acusación por “comunicaciones indebidas” vía Twitter que el fiscal había dirigido hacia una menor de edad, y rechazaron su solicitud por considerar que no cumplía con las condiciones de idoneidad. "Si Castro no es idóneo para ser Juez tampoco lo es para seguir siendo Fiscal”, señalaron las trabajadoras judiciales en un comunicado conjunto.
Por decisión del Tribunal, el juicio se lleva a cabo de manera semi presencial. Durante las audiencias, desde el edificio de la Procuración General de la Nación, participa el acusado con sus dos abogadas defensoras, Roxana Piña y Pamela Aguirre, los fiscales generales Indiana Garzón y Federico Reynares Solari, y el Tribunal, conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional, y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional.
Informe: Lorena Bermejo
