Lázaro Báez será indagado por cuarta vez por el juez federal Sebastián Casanello, que también citó a declarar como sospechosos de lavado de dinero a sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Melina y Martín) y a otras 22 personas a partir de datos que envió el Ministerio Público de Suiza, que revelan que en ese país hay por lo menos cuatro cuentas bancarias cuyo verdadero titular -aunque figuren otros- es el empresario de la obra pública. La documentación que hizo llegar en un pendrive la justicia helvética, ante un pedido de colaboración del juzgado, revela que esas cuentas radicadas en los Bancos J.Safra y PKB Privatbank SA tuvieron movimientos por unos 20 millones de dólares. La resolución del juez dispone las indagatorias, señala que de acuerdo a las directivas que le dio la Sala II de la Cámara Federal se vincula a estas operaciones con contratos de obra pública, y en función de eso recuerda que el fiscal Guillermo Marijuán debe investigar también la sociedad de la empresa Austral Construcciones de Báez con Iecsa, la firma de Angelo Calcaterra, del primo del presidente Mauricio Macri, ya que operaban como unión transitoria de empresas “para la ejecución de múltiples obras o bien alternándose en el rol de contratista y subcontratista”.
La información enviada por Suiza, que representa apenas un 15 por ciento de toda la que pidió Casanello, contiene los detalles de cuatro cuentas bancarias: dos del Banco Safra figuran a nombre de Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA y la del PKB Privatbank, también a nombre de SGI. Las personas que aparecen habilitadas para manejar esas cuentas eran el contador Daniel Pérez Gadin y el organizador de eventos y presunto armador de sociedades off shore Fabián Rossi. Pero también hay documentación de las entidades en la que consta que al abrir las cuentas el banco realizó una consulta que se suele llamar en inglés “Know your client” (conozca a su cliente) y quien aparece como verdadero titular o último interesado es Báez, pero también se menciona de manera genérica a “su familia”. La resolución de Casanello afirma que “un examen preliminar permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos”.
Por ahora, y pese a la insistencia de la Cámara Federal en que el juez involucre a Cristina Fernández de Kirchner, no hay nada firme en la causa que le apunte a ella puntualmente. Hubo una imputación de Marijuán después de una declaración de Leonardo Fariña que decía que ella sabía que Báez lavaba dinero, pero no como no describía ninguna conducta el juez no la avaló. Y es una causa conexa, donde la actual Procuración del Tesoro denunció a sus antecesores kirchneristas con el argumento de que habrían ocultado documentos ya que en alguna computadora habían hallado mails de Estados Unidos con información sobre cuentas ligadas a Báez y los Kirchner. Pero cuando el juzgado se puso a chequear, la referencia los Kirchner era porque hablaban de una sede bancaria ubicada en la avenida Kirchner.
La primera indagatoria de Báez fue a raíz de la difusión de imágenes del interior de la financiera SGI, donde se veía a su hijo Martín, Pérez Gadín y otros contando 5 millones de dólares que el empresario reconoció como propios. La segunda fue por el reingreso de capitales a través de la compra de bonos con la intervención de la empresa Financial net. La tercera indagatoria se basó en información de inteligencia entregada por la Unidad de Información financiera que señalaba salidas y reingreso de dinero que habrían pasado por otras cuentas en Suiza.
En la lista de indagatorias, que comenzarán el 27 de abril y terminan el 6 de junio, además de los Báez, Pérez Gadín y Rossi figuran, Fariña y el financista Federico Elaskar –que manejaba SGI– y un grupo de personas vinculados a ellos.