La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, para que deje sin efecto el fallo por el que dictó la incompetencia material de la Justicia provincial en la causa por las vacunas en el CIF.
Esta es una de las investigaciones abiertas para investigar presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra la covid-19. En la Justicia Federal hay otra causa, en la que se investiga la inoculación que se habrían practicado varias personas, entre ellas funcionarios provinciales, por fuera del cronograma dispuesto por el gobierno. El ministro de Salud, Juan José Esteban, reconoció ayer que hubo inoculaciones no comprendidas dentro del cronograma de vacunación, aunque dijo que se hizo en casos de funcionarios que por su labor debían ser inmunizados.
En cuanto a las vacunaciones en el seno del CIF, Salinas Odorisio sostuvo que la jueza tomó la decisión de enviarla a la Justicia Federal “sin siquiera contar con un elemento de valoración tan básico como el Legajo de Investigaciones, de cuya lectura habría advertido la evidente competencia material de la Justicia provincial". Añadió que del legajo no surge "un motivo de tanta urgencia, salvo el de evitar la profundización de la investigación que se lleva adelante”.
El Ministerio Público Fiscal enfatizó que la jueza tomó esta decisión, "en el momento en el que Salinas Odorisio estaba por imputar a tres personas más".
El lunes 8 de marzo la jueza Rodríguez declaró la incompetencia material de la Justicia ordinaria en la causa “Villagrán, Pedro Dilmar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y dispuso su remisión al Área de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal Federal, en cuyo ámbito el fiscal federal Ricardo Toranzos dirige una investigación sobre otros hechos referidos a inoculaciones por fuera del cronograma oficial.
La decisión de la jueza fue adoptada luego de que Salinas Odorisio requiriera la competencia de la justicia ordinaria para intervenir. Antes la fiscala penal provincial había requerido a la Fiscalía Federal actuante la remisión de la investigación, planteo que fue rechazado.
Al decidir el envió de la causa a la Justicia Federal, la jueza Rodríguez sostuvo que “no resulta adecuado ni tampoco ajustado para una recta administración de investigación, el desdoblamiento de dos fiscalías en este caso (federal y provincial) por la posible violación a principios de raigambre constitucional”, posición que también sostiene la Procuración General de la provincia. Sin embargo, contrariamente a l posición de la Procuración, la magistrada consideró que debería actuar la Justicia Federal, pues “se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina”.
Salinas Odorisio respondió que no discute la competencia del Estado nacional para regular el ingreso y logística de vacunación de la población argentina, sino que lo que se investiga es la conducta de integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales “al gestionar y acceder a la vacunación de personal por ellos incluidos en listas sin respetar los criterios de prioridad”.
La fiscala insistió en que la causa debe ser llevada adelante por la Justicia provincial ya que existe un único designio criminal en el cual se encontrarían involucrados funcionarios públicos provinciales, dado que se investiga los procesos de gestión de vacunas y colocación con el fin de determinar la posible existencia de delitos por parte de quienes acceden a estas dosis en incumplimiento a los deberes funcionales y a las normas que rigen el plan de vacunación, originadas en la provincia a partir de la Circular Normativa Nº10/21 del programa de Inmunización del Ministerio Público de Salud de la Provincia de Salta.
No, pero sí
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Salta aseguró ayer que no hubo vacunación vip en la provincia. Sin embargo, reconoció que sí "se vacunaron un grupo de funcionarios en el mes de enero, en un vacunatorio público", pero lo justificó en el marco de la resolución nacional que refiere al personal estratégico. El ministro decidió cargar culpas sobre sí: "Yo malinterpreté la resolución, asumo la responsabilidad".
La repercusión pública de la difusión, en FM Noticias, del listado de funcionarios provinciales que accedieron a la vacuna en enero último, motivó al gobierno a salir a desmentir esa información. La radio afirmó que el Coordinador de Enlace, Pablo Outes; el secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena, y la subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento de la provincia, María Florencia Suazo Ruiz, accedieron a la inoculación como personal de salud, aunque no cumplen funciones en esa área y tampoco son mayores de 70 años.
En una comunicación oficial, la cartera de Salud indicó que el gobernador Gustavo Sáenz convocó el martes al equipo de salud para obtener precisiones respecto al proceso de vacunación a personal estratégico. En ese marco el ministro Juan José Esteban y su equipo de trabajo afirmaron "que no hubo vacunaciones VIP". El ministro añadió que las vacunaciones fueron "al personal objetivo incluido en la Resolución N° 2880/20 del Ministerio de Salud de Nación como personal estratégico que lo solicitó en forma voluntaria y fue realizada en hospitales públicos con registro público de datos".
Sin aludir a Outes, Hucena y Suazo Ruiz, pero en una justificación de la aplicación de la vacuna, la comunicación añadió que la resolución nacional N° 712/21, del 26 de febrero de 2021, "precisó el alcance de personal estratégico como aquel que desarrolle funciones de gestión necesaria y relevante para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que así lo acrediten independientemente de la edad y la condición de salud y tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición".
