El martes detuvieron al empresario vitivinícola Rafael Domingo tras una denuncia hecha por su expareja el pasado 3 de marzo, luego de que él le abriera el gas de la entrada de la vivienda y la amenazara con hacer explotar el lugar. La fiscala Sandra Rojas interviene en la causa y ya había solicitado su captura desde esa misma fecha. 

Domingo fue imputado por amenazas agravadas por el vínculo. La fiscala pidió medidas de protección para la víctima con prohibición de acercamiento de Domingo y estableció una consigna fija por 10 días. El 4 de marzo, Domingo justificó ante la fiscalía a través de un escrito con el abogado Gabriel Robert que por razones de trabajo no estaba en Salta. El martes 9 se presentó en el juzgado interviniente y quedó detenido. La audiencia de imputación fue al mediodía. Está alojado en el destacamento de Animaná.

La pareja se había separado en diciembre de 2019, según explicaron la mujer se había retirado del hogar porque ya no soportaba la convivencia. Con la representación de la abogada Mercedes Paz se tramitaba el divorcio y luego de que fracasaran las mediaciones con Domingo por el pago de la cuota alimentaria, le iniciaron una demanda. 

El año pasado, la letrada solicitó que a la exesposa de Domingo se la restituya la vivienda familiar porque estaba habitando una casa prestada por la familia del empresario pero que no se encontraba en buenas condiciones. La jueza Virginia Toranzos resolvió hacer lugar al pedido de la abogada y decidió que se lo aparte de la casa familiar a Domingo y que la expareja vuelva a vivir allí con lxs tres hijxs en común. La medida recién se efectivizó el 2 de marzo y al día siguiente, tal como consta en la denuncias y se puede observar en el vídeo que se viralizó, el empresario llegó hasta la entrada de la vivienda, abrió el gas, insultó y amenazó a la mujer con hacer explotar el lugar, todo esto ocurrió en presencia de su hijo de menor de 3 años. Por esto último Domingo tiene una prohibición de acercamiento a todo el grupo familiar.

Este jueves, la víctima radicará otra denuncia contra Domingo por impedimento de contacto con su hijo de 11 años y solicitará la revinculación. Ante la detención del empresario, el nene estaría con la familia paterna, sin embargo, la mamá no puede comunicarse con él ni ir a verlo por el conflicto existente.

Domingo es uno de los propietarios de la Bodega Domingo Hermanos, proviene de una familia tradicional de Cafayate.  Sin embargo, el conflicto se desencadenó porque no aceptaba ceder la casa a su exesposa e hijxs, tienen un nene de 3, una nena de 12 y un niño de 11 años. Cuando se le inició la demanda por alimentos habría aducido que era "un simple monotributista". 

Marcha del 8 de marzo

Este es uno de los casos de violencia de género que ha trascendido en Cafayate y por el que las mujeres autoconvocadas y disidencias marcharon este 8 de marzo, en la qu además plantearon  una serie de reclamos hacia las autoridades locales para que garanticen sus derechos y apliquen perspectiva de género en las distintas instituciones.  Acompañaron madres TEA, niñxs, adolescentes y también turistas. Por otro lado, la organización Munay realizó un mural para concientizar sobre el trabajo invisibilizado y no remunerado de las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado.

La marcha fue organizada por un grupo de mujeres autoconvocadas, en su mayoría estudiantes, trabajadoras y madres que tienen entre 18 y 35 años, que se unieron para romper el silencio frente a la violencia de género en Cafayate. "Las mujeres vallistas no nos callamos más", manifestó una de las integrantes, Brenda, de 25 años  a Salta/12.

La militanta contó que también en los pueblos vecinos de San Carlos y en Animaná las mujeres han comenzado a agruparse. En Cafayate su organización, que está en proceso de formación, decidió marchar a tono con las movilizaciones que se realizaron en todo el país. Marcharon al Juzgado local. "Es una institución que últimamente está funcionando mal, no están aplicando la Ley Micaela, tampoco en las instituciones como la Policía ni el municipio", afirmó. Señaló que las víctimas no quieren ir a denunciar porque son maltratadas y que hubo situaciones en que las llamaron a declarar y pusieron al lado al agresor. Las mujeres organizadas también demandan una reforma judicial feminista.

En Cafayate, además de la la denuncia contra Domingo, hubo otras que cobraron relevancia pública en este último tiempo. "La violencia de género no es cuestión de clase económica. Los hijos del poder también ejercen violencia", señaló Brenda. 

El funcionario municipal, Miguel Ortega, también fue denunciado por haber ejercido violencia contra su expareja. "La jueza actuó a favor del agresor porque mandó a tratarse a la víctima. La jueza estaba vulnerando los derechos de la víctima", recordó Brenda.

Otro caso reciente ocurrido en Cafayate, fue el de la denuncia contra el predicador evangelista Gustavo Ortiz, por abuso sexual y por haber drogado a una madre y a su hija. Este hombre se encuentra detenido luego de que un grupo de vecinxs fuera a manifestar frente a su casa porque pese a la denuncia seguía en libertad. Según señalaron esa vez tanto periodistas como vecinxs, la policía se lo llevó detenido para resguardarlo porque la gente movilizada lo quería linchar.

La joven manifestó que falta perspectiva de género a la policía cuando toma las denuncias, al personal administrativo del juzgado local y también a la jueza. Destacó que ante la falta de contención y ayuda para las víctimas, éstas son empujadas a volver a las casas de los agresores o de las familias de éstos y a resignarse ante la falta de respuestas institucionales que las protejan y transformen sus vidas. "No tienen a dónde ir. No tienen ayuda económica, ni refugios", detalló.

En la localidad se creó hace dos meses un departamento de género y diversidad. Tiene un abogado, una psicóloga, una trabajadora social y dos integrantes más que conforman el equipo técnico. Brenda señaló que aún les falta capacitarse en perspectiva de género pero consideró importante que ese espacio tenga continuidad. Por otro lado, la militante Romy Bader, integrante de Munay, también se pronunció de forma similar y destacó que se ve voluntad. Brenda además consideró que debe implementarse la perspectiva de género en todo el municipio.

Munay también es una colectiva reciente que empezó a organizarse desde el año pasado en la pandemia ante el problema de la violencia de género y por la necesidad de conformar una red de ayuda para las mujeres vulnerables que no pudieron trabajar durante el aislamiento y necesitaban alimentos, ropa, pañales. Bader contó que junto al departamento de género municipal pintaron un mural este 8 de marzo para "visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado, invisibilizado y no reconocido como tal" que realizan las mujeres.

Señaló que con la organización que integra están "trabajando en la defensa de los derechos", y tienen proyectos para focalizar con talleres de Educación Sexual Integral en los valles calchaquíes. Sostuvo también que es una necesidad trabajar "fuertemente con la Ley Micaela en la "policía, municipio y hospital y en la justicia".

La referenta dijo que forma parte de la demanda de las organizaciones, el pedido de creación de juzgados, fiscalías y defensorías con especialidad en género. Porque sino hasta ahora a las víctimas las derivan a Salta Capital y la mayoría no tiene recursos para viajar y hacer frente a los procesos judiciales. El único juzgado que hay en Cafayate es multifueros, y Bader aseguró que se habla de "violencia intrafamiliar" cuando la violencia de género no ocurre solo dentro de las familias.

Brenda por su parte contó que con el grupo que integra el sábado también organizaron una feria feminista con la mirada puesta en la necesidad de emancipación económica de las mujeres, dijo que quieren continuar con esta actividad en la plaza Michel Torino, al menos una o dos veces al mes e incorporar tareas de concientización sobre violencia de género para niñxs y adolescentes que acuden con sus madres. Otro de los reclamos apunta a que no hay en Cafayate una comisaría de la mujer. "Necesitamos también que la gente de la policía se capacite", manifestó.

La activista señaló además que con sus compañeras autoconvocadas se fueron conociendo y empezaron a militar por la legalización del aborto, ahora afrontan la problemática de que en el hospital local todos lxs profesionales médicxs son objetores de conciencia.

Y pese a que es ley, Brenda también contó que hay chicas que se han acercado pidiendo ayuda para acceder a un aborto y que muchas no quieren ir al hospital porque "se van a enterar todos" y temen seguir siendo juzgadas y estigmatizadas. En este sentido, tampoco hay tareas de concientización e información respecto a la IVE. Otra demanda apunta a la necesidad de que se implemente y garantice la ESI con perspectiva de género en las instituciones educativas.