Referentes de la Fundación Altos de La Quiaca realizaron ayer una crucifixión simbólica para llamar la atención sobre la crisis habitacional que afecta al menos a 470 familias de esa ciudad de la frontera con Bolivia.

De esta manera, el gobernador Gerardo Morales, que venía de insultarse con vecinos en un barrio de la capital jujeña, pasó sin escala a tener otro conflicto en la ciudad fronteriza, allí donde también se plantea la venta fraudulenta de lotes en gestiones municipales anteriores y la cesión en venta de terrenos municipales a funcionarios de la gestión del ex intendente Miguel Tito, un justicialista cercano a Cambiemos.

Estos hechos, que están siendo investigados por la justicia, provocaron el enojo de vecinos que desde hace tiempo sufren por la imposibilidad de acceder a una vivienda o un lote donde instalarse.

En ese marco, desde hace cuatro días estuvieron cortando la ruta nacional 9 en el acceso sur a La Quiaca. El lunes y el martes se retiraron pacíficamente luego de que la Policía de la provincia los intimara a desalojar la ruta. Ayer volvieron a la protesta con una medida ya conocida en la ciudad fronteriza, la de crucificarse. 

Así como en 2001 el sacerdote Jesús Olmedo impulsó la crucifixión simbólica como forma de visibilizar diferentes reclamos, los vecinos adelantaron que hoy profundizarán las medidas de fuerza y además iniciarán una huelga de hambre sin tomar agua. Se trata de “un acto de fe”, dijo Arturo Rodríguez, presidente de la Fundación. 

Los vecinos solicitan la presencia de funcionarios provinciales que tengan poder de decisión para darles respuestas a un petitorio presentado ya el 17 de diciembre.

Crucificarse es contravencional 

Ayer, mientras se llevaba adelante la medida de fuerza, el juez contravencional Isaac Condori junto al subcomisario Cristián Burgos confeccionaron un acta a los manifestantes en el acceso sur advirtiéndoles que debían desistir de realizar actos de crucificación. 

Ante esta sanción, Rodríguez solicitó al juez contravencional que le indicara dónde está expresado que "crucificarse sea un delito o un acto ilegal, contravencional". "Quiero que me informen si hay un artículo que diga eso. Para mí es un acto de fe. Somos vecinos que necesitamos respuestas sociales”, afirmó. 

Rodríguez enfatizó que su pedido no es “nada del otro mundo", al contrario: "Pedimos lo que ellos pregonan cuando son candidatos: trabajo, salud, vivienda. Una sala de terapia intensiva es urgente para nosotros. Hay gente que no tiene trabajo ni dinero para vivir, les están sacando la casa. La Fundación no tiene potestad de cortar rutas, pero las familias me piden que intervenga ante estas necesidades". 

El intendente Blas Gallardo (FdT) dijo a este medio que están conversando "con las autoridades responsables para garantizar canales de diálogo ante los pedidos de salud, vivienda y trabajo de diversos sectores sociales; por la crisis habitacional y de salud que envuelve a la región desde hace décadas”. El jefe comunal resaltó que en su gestión practican "la participación y el consenso para dar las soluciones institucionales que nos conciernen como municipio".

Después de afirmar que en la municipalidad hay predisposición para atender "las necesidades de nuestra gente", Gallardo dijo que esperan que el diálogo "llegue a buen puerto y los reclamos sean atendidos de modo pacífico y democrático”. 

La vecina Verónica Sánchez contó que cortaron la ruta el lunes último cada dos horas, pero "al no tener la atención de nadie, decidimos cortar el martes cada cuatro horas y logramos que por la tarde llegue la Policía de la provincia, nos intimaron con una orden de desalojo y al haber niños, mujeres embarazadas, nos retiramos pacíficamente”. Luego decidieron optar por otras medidas de fuerza, como la que pusieron en práctica ayer. 

Acceso a la salud

Sobre el pedido de la instalación de una sala de terapia intensiva en el hospital local, Rodríguez explicó que es porque el hospital cabecera, en la capital jujeña, se encuentra a 300 kilómetros, lo que les dificulta el acceso a la salud. "El año pasado por la pandemia ha sido más necesaria una terapia”, subrayó. 

Los diputados provinciales del Frente de Todos Alejandra Cejas y Emanuel Palmieri, presentaron un pedido de informe al gobernador Morales para conocer la factibilidad del pedido de la Fundación Alto de La Quiaca de una sala de terapia intensiva de alta complejidad y totalmente equipada para el Hospital “Dr Jorge Uro”. 

Además, los legisladores pidieron información sobre el proyecto “Plan jurisdiccional de tierras y viviendas dignas”, que comprende 12 hectáreas de tierras ociosas y desocupadas que pertenecerían al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

Cejas y Palmieri estuvieron en La Quiaca para conocer en detalle la crítica situación de la población. En medio de la pandemia, la ciudad hace semanas dejó de ser zona amarilla por los casos activos de coronavirus que se registraban, pero a pesar de ello los vecinos cumplen un protocolo sanitario. 

“Las personas crucificadas simbólicamente están distanciadas cada 10 metros, estas personas que se ofrecen (a ser atadas simulando la crucifixión) están un tiempo porque algunos sufren calambres, pero esperamos que los funcionarios nos vean y nos respondan”, afirmó Rodríguez.