Marcela Losardo presentará en las próximas horas su renuncia al Ministerio de Justicia para irse en los próximos meses a ocupar la embajada argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París. Pero mientras el destino de la funcionaria de extrema confianza del Presidente Alberto Fernández está sellado, lo que aún sigue en duda es quién la reemplazará en la cartera de Justicia. Dos diputados nacionales y una abogada aparecen como posibles candidatos, aunque se especula que pueda haber algún "tapado" o "tapada".

“El ministerio no está acéfalo, sigue firmando. No hay demora. Marcela toma una decisión, ella sentía que viene otra etapa con una agenda de reformas que ella ya dejó planteada, las reformas que ella inició", dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en una entrevista en la señal A24. "Hay todo un trabajo que se lleva adelante, ella deja las bases de ese trabajo. Ahora se exige otro perfil que excede a ella, mañana (por este jueves) da un paso al costado, ministra de Justicia tuvimos siempre”, añadió.

Las versiones sobre la salida de Losardo empezaron a arreciar el viernes pasado, pero recién el lunes el Presidente confirmó que la funcionaria había planteado dejar la cartera de Justicia. La ministra es amiga del Presidente desde los años en los que estudiaban en la Facultad de Derecho, lo acompañó siempre en la función pública y compartieron el estudio jurídico de la Avenida Callao.

Por estas horas, la verdadera definición pasa por quién será el reemplazante de Losardo. El lunes, Fernández reconoció que estaban entre los candidatos dos diputados nacionales: Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. En las últimas horas trascendió que podría ser una mujer quien suceda a Losardo. 

Las especulaciones llevaron a pensar en Marisa Herrera, una de las juristas que integró el consejo consultivo para la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público y por quien Fernández tiene gran consideración. Herrera es una especialista en derecho de familia y se desempeña como investigadora en el Conicet. Participó en la redacción del Código Civil y Comercial, que se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es militante feminista y podría ser un empuje para la reforma judicial con mirada de género. Cafiero se refirió a ella como una "gran jurista", pero en su entorno decían que no había recibido ningún llamado por el momento.

Soria es un candidato firme. Hijo del exgobernador Carlos Soria -- que también dirigió la Secretaría de Inteligencia (SI) durante la presidencia de Eduardo Duhalde --, Soria tiene el apoyo del peronismo y de los gobernadores.  En los últimas semanas, Soria se convirtió en uno de los voceros del oficialismo en temas de justicia. Fue él quien denunció las reuniones entre el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, con Mauricio Macri e impulsó la investigación sobre la mesa judicial del macrismo. Con Soria sí conversó Fernández, aunque, por el momento, no hubo ratificación.

El Presidente dijo que conoce a Gutiérrez de la cátedra de Derecho de Raúl Zaffaroni, aunque el referente judicial del massismo ya no comulga con esas ideas. En el massismo no se mostraban demasiado optimistas ante la posibilidad de ocupar el casillero de Justicia.

Además de los diputados -- mencionados por el Presidente -- y de la abogada -- mencionada por el jefe de Gabinete -- puede haber candidatos "tapados" o "tapadas", que estén dispuestos a hacerse cargo de un ministerio altamente sensible. El Presidente tiene actividad desde la mañana hasta la tarde en la Rosada y se prevé que el anuncio podría conocerse este viernes.

El Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, es un candidato natural para reemplazar a Losardo, pero su nombre no trascendió por el momento. Mena es un hombre de larga trayectoria en el Ministerio e incluso fue el número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando CFK descabezó la SI e impulsó la reforma de la ley de inteligencia. Mena es un jurista de confianza de la vicepresidenta y que se ganó el respeto de los tribunales, donde ya auguran una etapa de mayor conflictividad con la administración Fernández.