La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió el juicio político para el juez de Paz Luciano Callegari, de la ciudad bonaerense de Rojas, por considerar que mostró "negligencia e incumplimiento de sus deberes" ante las denuncias por violencia de género formuladas contra el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, acusado por el femicidio de Úrsula Bahillo, cometido en febrero de este año.
La presentación señala que Callegari demostró “grave negligencia en el ejercicio de sus funciones”, actuó con “desconocimiento del derecho vigente, nacional e internacional, de protección a las víctimas” e incurrió, por todo ello, en "mal desempeño e incumplimiento de deberes”. El magistrado "no tomó contacto con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas”, enumera el pedido de jury.
“El juez no defendió a la víctima, demoró dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, detalló el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al formular el pedido junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol).
Bahillo, de 18 años, fue asesinada luego de denunciar varias veces a su expareja, el policía bonaerense Martínez, por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos. El pedido de jury a Callegari se basa en que el magistrado "dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género", indicó la Defensoría en un comunicado.
El magistrado, señala la presentación, “mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material, aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral”. También en esa línea, Callegari "aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor”.
El juez tampoco tomó medidas luego de que Martínez violara las restricciones de acercamiento, ni requirió información a su lugar de trabajo, lo que hubiera puesto en evidencia que contra el femicida ya pesaban denuncias por violencia. En su tarea, Callegari no aplicó perspectiva de género, ni buscó administrar justicia por fuera de estereotipos y prejuicios, añadió la Defensoría. “Fue otra muerte que se podría haber evitado”, señaló Lorenzino.
