La organización delictiva en torno a una red de juego clandestino contaba con otro funcionario del Ministerio Público de la Acusdación más, además del ex jefe de la Regional Rosario, Patricio Serjal, y su subalterno, Gustavo Ponce Asahad, según considera comprobado el fiscal de Melincué Matías Merlo. Es el fiscal de Reconquista, Rodrigo González, quien ya acumulaba antecedentes que le valieron una suspensión, pero esta vez la sospecha es más densa: Merlo lo acusará hoy en audiencia formal de mantener vínculos con la asociación ilícita que investigan sus pares rosarinos Luis Schiappa Pietra y David Edery, cuya cabeza sería el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. 

Del seno de la investigación que hierve en el MPA, trascendió que el fiscal González podría correr el mismo camino de destitución, encarcelamiento e imputación penal que experimentan sus colegas Serjal y Ponce Asahad. No obstante, la carga probatoria que reunió Merlo llegaría a una imputación de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Tendría comprobado ya los vínculos de su colega de Reconquista con un hombre que manejaría siete casinos clandestinos que funcionaban en el norte y en el sur de la provincia, con la banca de Peiti.

Siempre de acuerdo a la hipótesis que guía la investigación penal, ese hombre –en las escuchas se identifica como "Néstor"– respondía directamente a Peiti, y su vínculo con fiscales le servía para despejar posibles denuncias e investigaciones que complicaran la actividad de apuestas ilegales. 

La investigación que derivó en el mayor escándalo que registra el MPA en su corta historia empezó hace cuatro años, cuando el presidente comunal de Hughes denunció ante la fiscalía de Melincué que en esa localidad funcionaba un casino ilegal tras la fachada de una vivienda. El fiscal Merlo mandó allanar el lugar y comprobó que la denuncia era veraz. Allí arrestó a tres mujeres que trabajaban en el garito.

Lo que siguió fue historia más conocida. Merlo halló que esas mujeres se reportaban con un tal Néstor, quien a su vez se comunicaba con un teléfono de Rosario. Por eso cuando el fiscal Merlo acudió a su superior, Serjal, para que lo ayude con la investigación, encontró todo lo contrario: frenos y dificultades para que la causa prospere. 

Hasta donde Merlo pudo averiguar, la organización controlaba garitos clandestinos en Hugues, Venado Tuerto, Casilda, Wheelwright, Avellaneda, Vera y Reconquista.