Cristina Kirchner es una de las líderes más valientes que han tenido Argentina y América Latina. Fue -y sigue siendo–, víctima de una de las versiones más cobardes y absurdas del lawfare.

Su defensa es una pieza extraordinaria, porque desenmascara los cargos en su contra, transformándolos en cargos contra el poder judicial argentino y concluyendo que: «Con esta Justicia no puede haber democracia».

Este absurdo proceso -uno de los tantos que sufre-, trata de una política del dólar futuro de su gobierno, cuando tenía como ministro de Economía al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff. Una política que tenía como objetivo liberar a Argentina de una de las cadenas que más dificulta el avance de la economía del país, porque está ligada a la dolarización heredada de la crisis de 2001/2002.

Los dos fueron acusados ​​de generar beneficios para ellos y para amigos y funcionarios del gobierno, quienes se habrían enriquecido enormemente con esa política. Una denuncia realizada al inicio de la carrera por las elecciones presidenciales de 2015, para favorecer a Mauricio Macri, un candidato de derecha, apoyado abiertamente por el poder judicial.

Los entonces opositores, no contentos con el escándalo que hicieron en los complacientes medios, promovieron acciones en la casa de Cristina y en la sede del Banco Central, en medio de la campaña electoral. Acciones que tuvieron un peso decisivo en la primera vuelta, que terminó con el candidato de Cristina, Daniel Scioli, con poca ventaja sobre Macri, de cara a la segunda vuelta.

Las acusaciones que se han prolongado en el tiempo no han impedido que Cristina sea electa como senadora primero y como vicepresidenta después ni que Kiciloff sea elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero reforzaron los clichés en los medios de que los peronistas son corruptos, que Cristina es corrupta, clichés asumidos incluso por algunos sectores de la izquierda.

Pues bien. Macri ganó las elecciones y, contrariamente a lo que había prometido en la campaña electoral, hizo una gran devaluación de la moneda, de lo que siempre se acusó a Cristina, pero nunca lo hizo, por la conciencia de lo duro que golpea este mecanismo financiero sobre los sectores populares del país.

Pasó el tiempo y, para asombro general, en una pericia del poder judicial, se concluyó que ni Cristina, ni Kiciloff, ni ningún amigo o funcionario del gobierno de Cristina, habían comprado dólares y se habían beneficiado de la política del dólar futuro. Esa conclusión se hizo pública en 2020, cinco años después de la guerra en contra de Cristina y la victoria de Macri, que, como presidente, promovió una devaluación, utilizó asesores fundamentales del gobierno para lucrar -exactamente de lo que se había acusado sin fundamento a Cristina-, ante el silencio y la benevolencia del poder judicial y los grandes medios argentinos.

Cristina sigue respondiendo por este absurdo proceso. Realizó una defensa oral espectacular y valiente, en la que revierte todas las acusaciones y hace recaer sobre el poder judicial serias responsabilidades de intervención política, que llevaron a Argentina a sufrir cuatro años de retroceso y nuevo endeudamiento con el FMI por parte de Mauricio Macri.

Este es uno de los procesos de lawfare en Argentina, que recaen sobre Cristina, similares a los procesos igualmente infundados que llevaron a Lula a la cárcel y le impidieron ser elegido como nuevo presidente de Brasil en la primera vuelta, en 2018, lo que llevó al país a sufrir la peor crisis de su historia, con miles de muertes diarias, retraso en la vacunación, depresión económica y miseria social.

Los mismos procesos, que también recaen sobre Evo Morales y Rafael Correa, impidiéndoles postularse para la presidencia de sus países, pero incapaces de evitar que los candidatos apoyados por ellos triunfen y deshagan todas las políticas dañinas de los gobiernos que restauraron el neoliberalismo en Bolivia y Ecuador.

Cristina hace una defensa indiscutible de su comportamiento, destruye los argumentos de los juicios en su contra y acusa al poder judicial argentino de, a través del lawfare, judicialización de la política e injerencia antidemocrática en la política argentina. Para concluir, de acuerdo con la tesis anteriormente mencionada y defendida también por el presidente Alberto Fernández, sin la democratización del poder judicial, Argentina nunca tendrá una democracia plena.