Como había instruido el presidente Alberto Fernández en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo pasado, la Oficina Anticorrupción realizó la denuncia penal contra Mauricio Macri y su equipo económico por el denominado FMIgate, caso que fue detallado el domingo pasado en Página/12.

Fernández había dicho, textual, lo siguiente:

* "Pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo".

* "Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

La Oficina Anticorrupción, a cargo de Felix Crous, cumplió con esa tarea. En base a informes del Banco Central y de la auditoría de la Sindicatura General de la Nación, realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 en la causa 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

En ese juzgado ya se tramita una causa con otras denuncias sobre los procedimientos aplicados para la celebración del acuerdo stand by suscripto entre el país y el Fondo Monetario Internacional en 2018, por un monto total de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil.

En el escrito de la OA se precisa: "Los delitos son defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos".

La OA se involucra en el debate acerca de si el crédito con el FMI no debe ser judiciable, como cualquier otra medida de política económica. Su posición es ilustrativa para acomodar a algunos desorientados. Dice que "la Sigen había destacado que si bien es cierto que la decisión de suscribir la Carta de Intención con el FMI constituye una decisión de política económica (que como tal involucra aspectos de prudencia política), no es menos cierto que dicha decisión debe sujetarse al previo cumplimiento de los procedimientos e intervenciones de órganos competentes, a los efectos de determinar su razonabilidad y conveniencia".

Esto significa que solicitar un crédito no es judiciable, en cambio sí lo es la violación de normas y procedimientos, como es el caso del FMIgate.

La denuncia

La presentación de la OA ofrece el siguiente recorrido para entender la base de la denuncia: 

* "El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados".

* "Ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, que en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado".

* "Por cierto, la decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia -con la correspondiente complacencia de éste tanto en la concesión como en la supervisión de su cumplimiento, lo que no corresponde ni es factible juzgar aquí-, se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión".

* "Son conocidas por todos y todas las manifestaciones del ex asesor Senior de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo inédito y más que excepcional por su magnitud a la República Argentina, y las causas de la ceguera voluntaria en el control de la asignación de esos fondos a un destino diferente del comprometido, lisa y llanamente la fuga de capitales, finalidad prohibida por las normas del organismo multilateral. La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri".

* "Para comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados ".  

* "Conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino".

Responsables

La Oficina Anticorrupción menciona con nombre y apellido a quienes considera responsables del FMIgate: Mauricio Macri en su carácter de presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y Federico Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del Banco Central.

Considera que el proceso fue espurio porque esas autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y su salida de la plaza local, garantizando "con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público".  

Señala que Macri y esos funcionarias del área económica no recurrieron al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, "las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores".

Después precisa la sucesión de normas que ellos violaron en la firma del préstamo, como había sido detallada a mediados del año pasado en Página/12. Incumplieron la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el crédito (artículos 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional); eludieron la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la Ley de Presupuesto (artículo 60 de la ley 24.156); omitieron traducir documentos fundamentales en legal forma (artículo 6 de la ley Nº 20.305); soslayaron la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07); y evitaron la opinión previa del Banco Central respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (artículo 61 de la ley 24.156).

La OA señala entonces que la Sigen verificó que los compromisos asumidos con el FMI fueron contraídos sin contar con la previa intervención de los órganos competentes en la materia, ni con la información económica, financiera y jurídica necesaria para su celebración. 

Para concluir que "se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad".